Perú
Perú: cuando la disolución del Congreso se convierte en una fiesta

La noche del 30 de septiembre, en Perú, las calles de todas las ciudades se llenaron de banderas rojiblancas, cánticos y arengas de celebración y, por supuesto, entonaciones del himno nacional. Una celebración popular que viralizó hacia el mundo imágenes de un país sobre el que se habla poco. Los medios internacionales no terminaban de entenderlo: ¿era una protesta o una celebración? La respuesta es clara: se trató de una fiesta popular en clave de victoria. El Congreso de la República acababa de ser disuelto de forma constitucional por el presidente Martín Vizcarra quien, oyendo al 70% de peruanos y peruanas que apoyaban la medida, tomó una decisión arriesgada que permitiera sacar al país de la crisis política en que se encuentra hace años.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

NO SON PROTESTAS! EL PUEBLO CELEBRA!!! pic.twitter.com/wkQHmkDwoZ

— @tema0902 (@tema0902) October 1, 2019

UNA LARGA RESACA

La última vez que en Perú se gestó una movilización ciudadana así de masiva, heterogénea y politizada contra un único adversario fue en el año 2000. A diferencia de otros países de la región, la politización ciudadana con movilizaciones masivas y regulares en Perú no es una norma. De ahí que aquel momento constituyera también un hito histórico. Fue, parafraseando a Bertolt Brecht, un callejón sin salida el que originó esa revolución. El enemigo a batir llevaba la banda presidencial de manera ilegítima e ilegal. ¿Su nombre? Alberto Fujimori. ¿Su legado histórico? Una década de gobierno amparado en una constitución fruto de una dictadura que ponía el país al servicio de los grandes poderes económicos, multiplicaba la privatización de los servicios públicos y asumía el libre mercado como única receta.

Además, Fujimori es también conocido por sentar un precedente internacional al ser el único presidente vivo con una sentencia ejemplar por la cual se le condenó a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Todo este legado atravesado medularmente con la corrupción como forma de gobernar y hacer política. Una corrupción que cobró dimensiones metastásicas que, a la fecha, siguen dejando una factura muy cara.

En el año 2000, contra Fujimori, la gente se rebeló en las calles y ganó en las urnas, pero la victoria no fue total. La corrupción, como sabemos quienes vivimos en España, no es un mal aislado ni fácil de vencer

La gente se rebeló en las calles y ganó en las urnas, pero la victoria no fue total. La corrupción, como sabemos quienes vivimos en España, no es un mal aislado ni fácil de vencer. Toca primero echar a los corruptos y a quienes hacen de la corrupción una forma de gobierno, pero ese es tan solo el primer paso. Lo vimos aquí en 2018 con la moción de censura que echó a Mariano Rajoy, miembro de un Partido Popular que también hace historia por su condena por corrupción, pero cuyo legado sigue ahí, colándose cómodo en las instituciones estatales y pese a que los gobiernos cambien de color. La cierto es que si queremos políticas diferentes necesitamos partidos diferentes, intereses diferentes y también gobiernos diferentes. El turnismo del bipartidismo agota su turno, pero mientras siga sin aceptarlo nos sigue arrastrando a la resaca de lo antiguo. Algo similar ocurre en Perú.

En Perú, la resaca de la corrupción se nos fue de las manos. Como la metástasis que es, lo toca todo y la siguiente cifra es una evidencia brutal: los últimos cinco expresidentes están todos condenados, imputados o prófugos de la justicia. Tres responden ante la justicia desde prisión o arresto domiciliario, uno de ellos está prófugo y después está Alan García quien se suicidó para evadir a la justicia. Un escenario rocambolesco que sería digno de un premio literario si no fuera por la veracidad de los hechos.

La suma inacabable de revelaciones de esta corrupción y su carácter tóxico sobre todas las instituciones del Estado, la lista de involucrados que incluye a personajes de todos los espectros —excongresistas, expresidentes, líderes de partidos políticos, empresarios de renombre, personalidades mediáticas, etc.— y que va siendo conocida —en gerundio— desde que Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en Perú, se acogió a la colaboración eficaz, fueron variables de la explosión que nos trajo a esta última semana.

El detonante, sin duda, fue la actitud mafiosa de un entramado de poder corrupto que, en aras de mantener la impunidad para sí mismos, se resistían a morir amparados en su mayoría parlamentaria y de espaldas al clamor ciudadano que exigía “cambio” a gritos. ¿Os suena conocido, España?

EL DETONANTE

La bomba estaba activa desde hace muchos meses. Para ser precisa, desde que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue elegido presidente después de ganarle a Keiko Fujimori, hija del exdictador, a quien el Perú, con memoria, ha impedido llegar al poder en más de una ocasión. Pero la lideresa del fujimorismo no se resignó a los resultados y abusando de su fuerza parlamentaria (73 de 130 congresistas) puso al PPK contra las cuerdas a diario. Y él, claudicó. El 24 de diciembre de 2017, el Perú salió a celebrar la cena navideña a las calles en señal de protesta frente al atropello del fujimorismo y la traición de Kuczynski quien concedió el indulto a Alberto Fujimori. Ese Perú que se levantó aquella nochebuena no volvería a dormirse.

El 24 de diciembre de 2017, la gente salió las calles en señal de protesta frente al atropello del fujimorismo y la traición de Kuczynski quien concedió el indulto a Alberto Fujimori. Ese Perú que se levantó aquella nochebuena no volvería a dormirse

El rechazo popular se hizo demasiado fuerte y a ello se añadieron dos variables: la relación del todavía presidente en hechos corruptos y unos vídeos que demostraron que Kuczynski concedió el indulto a Fujimori como agradecimiento a quienes desde la bancada fujimorista se abstuvieron de destituirlo. No es una especulación, hay vídeos públicos que así lo prueban. Frente a tanta mugre a PPK no le quedó otra alternativa que renunciar en marzo de 2018 y es entonces que asumió la presidencia el que ahora es el hombre del momento: Martín Vizcarra.

Uno podría pensar que Vizcarra es presidente por casualidad y no le faltaría razón. Pero lo cierto es que su presidencia a día de hoy se la ha ganado a pulso, sudor y seguramente alguna lágrima. Fieles a su estilo, desde la mayoría fujimorista, aprista y las bancadas satélites involucradas en delitos de corrupción, siguieron en la apuesta por bloquear desde el parlamento cuanta iniciativa propusiera el Ejecutivo de cara a luchar contra la corrupción. Bloquearon leyes contra la impunidad de los congresistas, vaciaron de contenido medidas de reforma política que después el pueblo peruano aprobaría contundentemente en un referéndum e, incluso, rechazaron el adelanto electoral propuesto por Vizcarra en julio de este año.

Un adelanto que respondía al deseo popular (70% de ciudadanía a favor de cerrar el Congreso) de cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República después de sufrir el bloqueo político de las bancadas de la impunidad y, además, un gesto aplaudido por la población que situaba a Vizcarra también en la propuesta: del “que se vayan todos” al “nos vamos todos”.

A la velocidad de la luz, y sin ninguna transparencia ni garantía democrática en el proceso, el Congreso se dispuso a nombrar a su antojo a los seis miembros del tribunal más importante del país

Pero las mayorías se creen invencibles y la mayoría de la impunidad en el Congreso continuó haciendo de las suyas. No sólo rechazaron el adelanto electoral, sino que propusieron ir un paso más allá al decidir nombrar, en tiempo récord, a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Un TC que, a la fecha, cuenta con tres magistrados cercanos al fujiaprismo y sus satélites.

A la velocidad de la luz, y sin ninguna transparencia ni garantía democrática en el proceso, el Congreso se dispuso a nombrar a su antojo a los seis miembros del tribunal más importante del país. Un tribunal que, entre otras cosas, tendrá que decidir sobre el hábeas corpus de Keiko Fujimori y el recientemente presentado por su padre para dejar sin efecto la resolución judicial que en octubre de 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado por PPK. ¿Se entiende por qué los involucrados en la corrupción peruana querían lograr a toda costa dominar ese TC?

Fue entonces que Vizcarra y su gobierno decidieron mover ficha y salir del entrampamiento devolviendo el poder a la gente.

EL LÍO

La mañana del lunes 30 de septiembre tenemos una de las imágenes más absurdas del Congreso que acaba de ser disuelto: un grupo de personas, entre legisladores y miembros de seguridad, cerraban con sus cuerpos las puertas del hemiciclo donde debía debatirse y elegirse a los miembros del TC. ¿La intención? Impedir que entrara Salvador del Solar, primer ministro, a solicitar una cuestión de confianza que cuestionara todo el proceso de selección de miembros del TC. Una medida que evitaría el copamiento mafioso en el tribunal. Una cuestión de confianza que, de ser negada, permitiría constitucionalmente que el presidente Vizcarra disolviera el congreso pues se trataba de la segunda cuestión de confianza rechazada. Una figura contemplada en, paradojas de la vida, la Constitución que dejó la dictadura de Alberto Fujimori.

Pese al literal bloqueo de las puertas del Congreso, Del Solar logró entrar, hacer uso de la palabra y presentar la cuestión de confianza. Pero, cuando la impunidad está acostumbrada a campear a sus anchas, nada parece asustarla. El Congreso de mayoría fujiaprista y bancadas satélites involucradas en la corrupción, con el manejo total de la Mesa del Congreso obviaron el pedido del Primer Ministro y continuaron con el nombramiento del TC. De hecho, votaron por el nombramiento de uno de ellos, clave para cambiar la correlación de fuerzas en el TC de siete miembros, y lograron aprobarlo fraguando el voto de una congresista que no estuvo en su escaño al momento de la votación. Este fraude está actualmente siendo revisado por la Fiscalía.

La última vez que la palabra “disolver” resonó en Perú fue en abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino los poderes judiciales, militares, mediáticos y anuló el Congreso de la República en pleno

Así, habían negado por la vía de los hechos la cuestión de confianza propuesta por el primer ministro. Continuando con el proceso que se encontraba en debate y nombrando a uno de los magistrados mediante el mismo proceso que estaba en cuestión. Fue por ello que en la tarde del lunes, Vizcarra, con la Constitución de paraguas, disolvió el Congreso y generó la celebración nacional que narraba al inicio de este texto.

DISOLVER PARA RESOLVER

La última vez que la palabra “disolver” resonó en Perú fue en abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino los poderes judiciales, militares, mediáticos y anuló el Congreso de la República en pleno, incluida la Comisión Permanente. Y lo hizo sin la Constitución de su lado. Esta vez, Vizcarra, resemantizando una palabra de pesadilla en Perú, y amparado en la Constitución, no sólo disuelve el congreso, sino que convoca inmediatamente a elecciones congresales para enero de 2020 y mantiene a la Comisión Permanente del Congreso en funciones. Procedimientos claros y aval legal para ello. Cuenta también con otros avales institucionales importantes como el de las Fuerzas Armadas, diversos constitucionalistas, las universidades de mayor prestigio y, por supuesto, la gente. Hay que reconocer que sin la movilización ciudadana en estas horas de tensión, sostener esta medida hubiera sido imposible.

Sin la movilización ciudadana en estas horas de tensión, sostener la medida de disolver el congreso y convocar elecciones hubiera sido imposible

La salida a la crisis política encuentra en esta disolución una vía que permite el inicio de una configuración de soluciones que podrían, por fin, acabar con la resaca fujimorista de los últimos diez años. Y es que no basta con cambiar nombres y rostros, ni con echar a los corruptos, para acabar con la corrupción e implementar verdaderas medidas de reforma que permitan recuperar un país. Nunca ha estado más claro que para lograr políticas diferentes, hace falta gobiernos diferentes, gobiernos que sean diferentes, medidas sociales, económicas y políticas que realmente sean diferentes. Y nada de ello puede venir de la mano y del liderazgo de los mismos que nos han traído aquí.

Pienso en Perú estos días y no puedo evitar sentir puentes de cercanía con esta España cuyas cortes también se “disolvieron” hace unas semanas. Si algo queda de lección gracias al ejemplo peruano es que los obstáculos y las taras de las democracias donde algunos creen que son dueños de todo pese al rechazo de las mayorías, deben resolverse desde las urnas que son, nuestro mayor y más poderoso espacio de poder ciudadano. Es normal que el hastío nos venza, que el hartazgo nos coma el coco, que la resignación quiera colarse entre nuestro enfado al ver que los políticos no nos oyen y quieren seguir gobernando como si no les hubiéramos marcado el camino de cambio lo suficientemente fuerte.

La solución siempre es devolverle la voz y el poder a la gente. La correlación de fuerzas está en nuestras manos. La podemos cambiar desde las urnas 

En estos escenarios la solución siempre es devolverle la voz y el poder a la gente. La correlación de fuerzas está en nuestras manos. La podemos cambiar desde las urnas. Un Perú entero se ha levantado para cambiar un Congreso que no les oía y que utilizaba la institución para su propio beneficio. En España también tenemos la oportunidad de hablarle más fuerte a quienes no quieren oír lo que exigimos en las urnas. Y así como en Perú durante los próximos meses iniciará una campaña que podría enseñarle a las mafias que su tiempo de mayoría ha acabado, en España tenemos la oportunidad, el 10 de noviembre, de decirle al bipartidismo cuál es su nuevo lugar.

Nunca las urnas habían tenido un aroma tan revolucionario.