Residencias de mayores
Buscan activar una comisión civil para saber qué ocurrió con los miles de fallecidos en las residencias bajo la gestión del Gobierno de Ayuso

Los familiares que vieron como sus mayores no recibían la atención médica adecuada y que eran rechazados en los hospitales solo por vivir en residencias no se rinden para conocer qué pasó, si se pudo evitar y garantizar que no vuelva a pasar. Sus primeros pasos fueron confiar en la Justicia. Empezando por la Fiscalía Genera del Estado, que tanto familiares como trabajadores como una parte de los grupos políticos confiaban en que investigaría de oficio la altísima mortalidad de mayores que residían en estos centros. Pero esa investigación nunca se llegó a producir. Tampoco en los juzgados donde se presentaron las denuncias de forma individual o colectivas gracias a Marea de Residencias. En esos casos o no se supo  como abordar por parte de los juzgados de instrucción, o se cerraron demasiado pronto o se han sobreseído al ni siquiera presentarse en mucha ocasiones las personas citadas a testificar.

La otra vía, la política, tampoco ha llegado hasta la fecha a buen puerto. Quienes reclamaban justicia para las, al menos, 7.291 personas mayores que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid —con o sin covid, pero todas ellas sin la posibilidad de acudir a un hospital a recibir la atención médica que necesitaban relacionado con los protocolos excluyentes aprobados por la Consejería de Sanidad del gobierno regional— confiaron en la Comisión de Investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid poco después. Un proceso que llegó a avanzar mucho pero no pudo tener unas conclusiones, al convocar elecciones adelantadas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una comisión que la oposición de forma conjunta intentó resucitar el pasado mes de junio pero que fue rechazada por el Partido Popular y la alianza con Vox.

La plataforma se ha reunido con los partidos de la oposición y han llegado al compromiso de presentar mociones en todos los ayuntamientos de la comunidad

¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen muchos de los integrantes de la Plataforma Verdad y Justicia para las residencias, presentada el pasado mes de mayo y que tiene como objetivo que no caiga en el olvido lo que pasó con miles de mayores y, sobre todo, que no vuelva a suceder. Por eso han presentado una hoja de ruta. El primera paso, es que se unan más familiares y trabajadores que vivieron en primera persona lo acontecido esos meses en las residencias madrileñas. Segundo, que el resto de ciudadanos, movimientos sociales, partidos políticos e instituciones impulsen esta reclamación para que no deje de oírse.

Para llegar a este fin, la plataforma se ha reunido con los partidos de la oposición y han llegado al compromiso de presentar mociones en todos los ayuntamientos de la comunidad. Estas se unirían a mociones que impulsan a investigar qué ocurrió en las residencias de cada término municipal, sean de titularidad pública, privada o de gestión mixta. Ya han sido aprobadas en más de una decena de gobiernos locales como el de Alcalá de Henares, Madrid, Becerril de la Sierra, Ciempozuelos o Coslada, entre otros y se espera que ocurra igual en muchos otros municipios, sobre todo por los más grandes, que fueron los que más mortalidad tuvieron.

Falta de confianza en las instituciones

La plataforma reunida con integrantes de Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE han llegado al compromiso de que, además de las mociones municipales, reclamar de nuevo la apertura de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. La posibilidad de que se repita el mismo resultado de hace un año y la mayoría de la cámara vote en contra es muy alta ya que la actual composición de diputados es la misma. Por eso, en la hoja de ruta de la Plataforma Verdad y Justicia por las residencias tienen un horizonte claro: la formación de una comisión civil. “En primera fase intentaremos que sean las instituciones quienes investiguen, pero en segunda nos apoyaremos en la sociedad civil, que consideramos que tiene recursos y conocimientos suficientes para hacerlo“, Javier Cordón, integrante de la Plataforma Verdad y Justicia para las residencias.

El nivel de confianza en las instituciones de muchos miembros de la plataforma es muy bajo, después de la puerta cerrada que se han encontrado en los tribunales y los intereses propios de partidos como el PP en que no se sepa qué pasó, confiesa. “Nuestra hoja de ruta — explica Cordón—  es buscar apoyos, entre personas de reconocido prestigio social, como ex fiscales, abogados, además de quienes lo vivieron en primera persona, como trabajadores, familiares y residentes, para impulsar una comisión entre la sociedad civil, porque lo que tenemos claro es que no dejaremos que se olvida o que pueda volver a repetir unas muertes por exclusión sanitaria”.

Precedentes: los crímenes del franquismo y los abusos en la Iglesia

La de las comisiones civiles es una figura muy poco conocida pero con casos de éxito a sus espaldas. Sobre todo, cuando el reconocimiento de su trabajo es internacional después de un conflicto violento. Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala, Uruguay o Colombia son solo algunos ejemplos de comisiones que ayudaron realmente a reparar heridas y tener una convivencia pacífica. En España, uno de los ejemplos más importantes es la Comisión de la Verdad contra los crímenes del franquismo. Una iniciativa también impulsada desde hace más de diez años por una plataforma ciudadana que recoge casos similares acontecidos en otros países después de un conflicto bélico y bajo las pautas del de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta Comisión de la Verdad permitirá escuchar sus testimonios de afectados, de testigos, examinar pruebas y, así, realizar un informe de conclusiones. Todo ello gracias a expertos, profesionales reconocidos de diferentes ámbitos y respetados socialmente que doten de peso este proceso de sanación colectiva.

En España, con la Transición, no se dio este paso, por lo que sigue habiendo sentencias franquistas vigentes, desaparecidos en cunetas y víctimas que siguen demandando la reparación de su memoria. Esta Comisión de la Verdad permitirá escuchar sus testimonios de afectados, de testigos, examinar pruebas y, así, realizar un informe de conclusiones. Todo ello gracias a expertos, profesionales reconocidos de diferentes ámbitos y respetados socialmente que doten de peso este proceso de sanación colectiva. Aunque en España no se ha celebrado aún esta comisión, sí que se ha visto el proceso de cerca. Por ejemplo, el pasado abril se dieron cita en Barcelona víctimas del conflicto colombiano residentes en toda Europa. Unos grupos de trabajo que forman parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia y cuyo informe se presentará el próximo 28 de junio.

Otro de los casos donde se ha pedido una comisión civil para conocer qué ha pasado ha sido en los casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. Debido al tiempo que ha pasado en algunas agresiones y las limitaciones de la legislación judicial, muchos casos se han quedado en un limbo sin resolver. Y sin reparar a las víctimas, por ende. Por eso, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu se unieron el pasado marzo para pedir al Gobierno que pusiera en marcha una 'comisión de la verdad' a nivel estatal que investigue dichos abusos. En este caso, el mecanismo de activación partiría del Congreso, que encargaría al Defensor del Pueblo que recopilara los casos y en cuyo proceso la Iglesia estaría obligada a cooperar. Así, el Defensor del Pueblo actuaría como un organismo judicial independiente que ofrecería al Congreso sus conclusiones y recomendaciones para subsanar responsabilidades y reparar a las víctimas.