Multinacionales
El IBEX 35 contra la vida… también en el México de López Obrador

En el contexto de la crisis multisistémica: climática, energética, de biodiversidad… en la que estamos inmersas, los impactos socioecológicos de empresas con base en España y la Unión Europea en América Latina siguen sucediéndose. Ecologistas en Acción nos invita a un recorrido por las sedes de distintas empresas transnacionales españolas en Madrid, junto al activista Ángel Sulub, del Congreso Nacional Indígena de México y natural de Quintana Roo, uno de los estados por los que pasará el controvertido Tren Maya, la obra faraónica del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de este particular “toxic tour” es señalar los graves impactos sociales y ambientales que provoca, con la complicidad del Gobierno de España y de la Unión Europea, la actividad de las transnacionales españolas en México.

BBVA. Gas, petróleo y megarrepresas.

BBVA origina impactos sociales y ambientales en México principalmente a través de la financiación de la petrolera estatal PEMEX (Petróleos Mexicanos),  la 12ª productora mundial de petróleo crudo en 2020.  Según el informe Banking on Climate Chaos 2021, BBVA está entre los 50 bancos del mundo que más han invertido en combustibles fósiles (22.000 millones$ en los últimos 5 años) y en ese periodo ha sido el tercer mayor financiador de PEMEX con 4700 millones$). 

PEMEX ha originado múltiples derrames de crudo a lo largo de los años tanto en el continente como en el océano. Además, su actividad de extracción de gas mediante fracking causa deforestación en la región de Tamaulipas y sus refinerías generan una importante contaminación atmosférica en áreas como el Valle de México.

La costa del Estado de Tabasco, importante centro de operaciones de PEMEX es un mosaico de humedales que se encuentran casi en su totalidad contaminados por derrames. En el mismo Estado PEMEX  es responsable  de la construcción de la megarefinería de Dos Bocas, proyecto impulsado por López Obrador sobre un bosque de manglares.

Por otro lado BBVA ha cofinanciado en los últimos años varios megaproyectos hidroeléctricos muy polémicos en México, como la Presa de El Cajón en el estado de Nayarit o el proyecto La Parota en el estado de Guerrero, en los que se denunciaron violaciones de los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas desplazadas y se produjeron también varios asesinatos de opositores que quedaron impunes.

Iberdrola. Renovables que violan los derechos humanos.

Iberdrola es el segundo productor de electricidad de México, con un total de 3.152 MW de capacidad instalada propia, en su mayor parte procedente de combustibles fósiles, con el consiguiente impacto sobre la crisis climática.

Pero los impactos de Iberdrola en México no se quedan ahí. Sus proyectos de energía renovable también han producido conflictos sociombientales, siendo destacable el caso del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, con 29 parques eólicos, 23 de ellos operados por empresas españolas y francesas. Iberdrola fue una de las primeras empresas en invertir en la región y actualmente opera 4 parques privados.

El desarrollo del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec ha generado numerosos impactos sobre el territorio y la población de la región, mayoritariamente indígena, que ha resistido la construcción de los parques eólicos a través de procesos judiciales y acciones de desobediencia y ha sido fuertemente criminalizada por ello. Algunas de sus exigencias son que se garantice el derecho a la consulta previa libre e informada o la nulidad de los contratos firmados sin respetar la propiedad comunal (y en muchas ocasiones firmados por hombres con la oposición de las mujeres). Además, defienden la energía como un derecho humano y demandan la reducción de las tarifas eléctricas.

El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec constituye un claro ejemplo de impunidad corporativa y ha tenido un grave impacto sobre el tejido social, la cultura y las tradiciones indígenas. Lejos de garantizar el acceso a la energía eléctrica a las poblaciones locales, 21 de los parques del corredor eólico generan electricidad exclusivamente para empresas privadas como Coca Cola, Walmart, Bimbo, BBVA y Cemex (bajo la figura de autoabastecimiento).

Renfe y Acciona. El Tren Maya acaba con la selva.

El Tren Maya es un megaproyecto prioritario para el Gobierno mexicano destinado al transporte de viajeros y mercancías en la Península de Yucatán, que recorrerá 1.500 km por el sureste mexicano. El Tren Maya, que ya ha comenzado a construirse, choca con el rechazo de las comunidades locales. “No es sólo un tren. Estamos hablando de proyectos de desarrollo turístico, de agroindustria, de empresas eólicas y fotovoltaicas. Decimos que no es maya porque no es un proyecto que haya surgido de las necesidades del pueblo maya ni para su beneficio. Este tren es un proyecto que se está imponiendo en nuestro territorio sin la consulta ni el consentimiento de nuestros pueblos”, denuncia Ángel Sulub, para quien el gobierno ha ignorado completamente a la población local y sus necesidades.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las obras del tren no iban a afectar a la selva, se ha registrado ya la deforestación de cientos de hectáreas.

Según denuncia el Congreso Nacional Indígena la construcción está produciendo devastación ambiental, pero las nuevas ciudades y actividades económicas asociadas al tren supondrán unos impactos aún mucho mayores.

Las comunidades han presentado 19 recursos jurídicos por violación de derechos ambientales, de derechos a la consulta a los pueblos indígenas y de salud, pero está habiendo mucho retraso en los procesos judiciales. A pesar de todas estas denuncias, el Gobierno español presentó la candidatura de sus empresas públicas para participar en el Tren Maya, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo de México (FONATUR) adjudicó al consorcio integrado por Renfe y la ingeniería Ineco, dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un contrato para dar servicio durante tres años al proyecto del Tren Maya en México. Otras empresas españolas que participan en el proyecto son las constructoras Acciona, Azvi y la consultora de ingeniería española UG21.

Enagás. Un gaseoducto en contra de las comunidades.

Enagás forma parte del consorcio que desarrolló y construyó el gasoducto de Morelos (parte del Proyecto Integral Morelos que incluye además centrales termoeléctricas y un acueducto) con Elecnor, otra empresa española. Actualmente en funcionamiento, tiene una longitud de 171 km y transporta gas natural desde el Estado de Tlaxcala hasta el de Morelos, en la zona central de México. La obra ha sido concesionada a tres empresas españolas: Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa, para los trabajos y la operación de las termoeléctricas y el acueducto. El proyecto, además, recibe financiación pública del Estado español a través del FIEM. 

La obra se inició en 2011 y desde el principio contó con una fuerte oposición social, pero el proyecto ha ido imponiéndose por la fuerza mediante una estrategia de represión y violencia, además de la criminalización y encarcelamiento de líderes sociales. En 2019 se produjo en el contexto del conflicto el asesinato de Samir Flores, una de las personas más visibles en la oposición al proyecto.

Con todo, las comunidades, organizadas en el  Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT),  siguen resistiendo y han conseguido diferentes medidas cautelares que ordenan la paralización de la obra porque no se ha respetado el derecho a la consulta libre, previa e informada. 

Sin embargo, los intereses económicos están pasando por encima de los derechos fundamentales de la población. La población de Huexca mantuvo durante varios años una concentración para evitar la construcción de un acueducto hacia la central termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, construida en este municipio por la empresa española Abengoa. De esta manera estaban frenando la finalización del Proyecto Integral Morelos y evitando el acaparamiento del agua que necesitaban para sus cultivos. El 23 de noviembre de 2020 el gobierno mexicano ordenó a la Guardia Nacional desalojar la concentración y dar vía libre al megaproyecto.

El papel de la UE y el Estado español.

El recorrido de las activistas de Ecologistas en Acción y el Congreso Nacional Indígena de México termina frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para denunciar que tanto el gobierno español como la Unión Europea tienen una importante responsabilidad en los impactos que estas empresas transnacionales producen en países como México. El gobierno de España promueve con fondos públicos la internacionalización de sus empresas a través de  instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), los seguros de créditos a la exportación por cuenta del Estado, la financiación corporativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).

Esta internacionalización también se favorece mediante la diplomacia económica y la negociación de tratados comerciales. En 2020, la Comisión Europea anunció la conclusión de las negociaciones sobre la versión revisada del Tratado de Comercio entre México y la Unión Europea, vigente desde 2000. El nuevo acuerdo fomentará aún más la penetración de la agroindustria y las transnacionales europeas en México, la desregulación de las operaciones de las empresas extranjeras, la privatización de los servicios públicos y permitirá a las empresas demandar a México y España ante tribunales de arbitraje si  sus intereses se ven afectados por legislaciones laborales o ambientales.

Todo ello a pesar de que México es el país más violento del continente americano con miles de desaparecidos cada año y unas fuerzas de seguridad responsables de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, uno de los países más peligrosos para activistas ambientales, con 42 defensoras de derechos humanos y del territorio asesinadas en 2021 según Fontline Defenders y también uno de los países más contaminados y devastados por el extractivismo y la implantación de industrias para la exportación.