Salud mental
Expertos y colectivos en defensa de los derechos humanos urgen a mejorar la atención a la salud mental en prisiones

Un reciente informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud mental (ODPS) concluye que los recursos disponibles en prisiones para atender la salud mental de la población reclusa son claramente insuficientes. La situación es grave de por sí, pero más teniendo en cuenta el elevado porcentaje de personas que podría requerir servicios de atención a la salud mental en las prisiones: se calcula que el 65% de la población reclusa tiene problemas de adicción y que un 40% padece mala salud mental, tal y como recuerda el ODPS.

Las conclusiones del estudio, que analiza la situación de la atención a la salud mental en los centros penitenciarios del País Valencià (Castellón, Castellón – Albocasser y Picassent), son extrapolables, afirma Javier Vilalta, coordinador del Observatorio, a la situación que se vive en la mayoría de cárceles del Estado. La mala atención al padecimiento psíquico es una situación repetida en muchas prisiones por una cuestión de falta de recursos: “De 500 médicos y médicas que debe haber en las prisiones solo hay 240, y la mitad se jubila el año que viene”, resume Vilalta, también portavoz de la asociación Àmbit y docente universitario en Derechos Humanos. En Picassent, según datos de 2019, solo hay seis médicos para 2058 personas presas, ilustra.

“De 500 médicos y médicas que debe haber en las prisiones solo hay 240, y la mitad se jubila el año que viene”, resume Javier Vilalta

Vilalta hace referencia a que, según los datos de 2021, ningún centro penitenciario valenciano cuenta con un médico especialista en psiquiatría para dar servicio a los presos que lo necesitan, y hace la friolera de tres años que un psiquiatra no visita la prisión Castellón I. “La dejación de funciones está produciendo un grave daño a los valencianos y valencianas que están en prisión; la nula coordinación entre las administraciones implica que las personas presas carezcan en el territorio del 65% de los médicos que tendrían que atenderles”, defiende. 

Situación generalizada y solución común

Para José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la cuestión es prioritaria: “El gran problema que va a haber en las prisiones en referencia a la salud, igual que hace unos años fue el VIH o la hepatitis C, va a ser la cuestión de la salud mental”, vaticina. El experto valora que desde el sistema penitenciario se está dando una respuesta “totalmente equivocada” a la cuestión del padecimiento psíquico en cárceles, y lo ilustra haciendo mención al proyecto del centro psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas, que pretende albergar a 500 personas presas con padecimiento psíquico.

València tendrá el mayor centro psiquiátrico penitenciario del Estado

Mathias Rodríguez Lis Gaibar

Cárceles

Salud mental València tendrá el mayor centro psiquiátrico penitenciario del Estado

Mathias Rodríguez ,  Lis Gaibar

Colectivos y expertos se oponen a la utilización del complejo de Siete Aguas para estos fines y proponen alternativas “más humanas, más justas y más económicas”.

“Desde el punto de vista de la psiquiatría moderna es una aberración, la salud mental debe tratarse en la comunidad, cerca de la familia; no se puede pretender que una persona con un trastorno mental grave que comete un delito tenga que cumplir la condena a 1.000 km de su entorno porque sea de A Coruña o a 5.000 porque sea de Canarias”, asevera Antón. Para él, que la Secretaría General dé este tipo de respuestas se debe a que “no saben sobre sanidad penitenciaria, tienen el concepto de seguridad, pero no de sanidad”.

“El gran problema que va a haber en las prisiones en referencia a la salud, igual que hace unos años fue el VIH o la hepatitis C, va a ser la cuestión de la salud mental”, vaticina Antón

En este punto, Antón hace alusión a un aspecto que el ODPS ya subrayó en su informe: es necesario transferir las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Solo la atención sanitaria en prisiones de Catalunya y, más recientemente el País Vasco y Navarra, depende de sus respectivos servicios de salud; en el resto de comunidades, la sanidad penitenciaria depende del Ministerio de Interior.

Lo realmente llamativo es que la transferencia está contemplada en la la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. “Llevamos 18 años pidiendo, deseando y necesitando pasar a depender cada uno de nuestro sistema de salud, es totalmente anacrónico que a estas alturas del siglo XXI sea un Ministerio de Interior quien proporcione la sanidad en prisiones”, expone el también médico en la prisión granadina de Albolote.

“Llevamos 18 años pidiendo depender de nuestros sistemas de salud autonómicos, es totalmente anacrónico que a estas alturas del siglo XXI sea un Ministerio de Interior quien proporcione la sanidad en prisiones”

Que se materialice el mandato de la ley, señalan desde la SESP, es cosa de dos: el Ministerio de Interior tiene que ceder las competencias y las administraciones autonómicas tienen que aceptarlas. Pero Antón relata que viven una especie de partido de pin pon: “La administración central dice que las autonomías no las quieren y las comunidades dicen que sí, siempre y cuando se les dote de los recursos necesarios. Y entre esas, al final nadie hace nada”, lamenta. El resultado: la de ser personal sanitario en prisiones “es la única oposición en este país en la que se oferte una plaza de funcionario y se presenta menos gente que plazas ofertan: este año pasado había 40 plazas y se presentaron siete personas, y solo tres acabaron siendo médicos de prisiones”. La cantidad de carga de trabajo que hay que asumir a cambio de lo que se cobra y en el entorno en el que se va a trabajar, explica el médico, no compensa para muchos.

Pero las consecuencias recaen en los mismos: la población presa. “Hay que pensar que en las prisiones valencianas no hay atención primaria médica desde hace tres años”, expone Vilalta, que añade que desde Àmbit llevan desde 2016 “insistiendo a la Conselleria sobre la necesidad que disponer de unos equipos provinciales disciplinarios y transferir la competencia” ya que la situación en las cárceles “vulnera 23 artículos de la normativa española y europea sobre derechos humanos”. Las conclusiones del informe ha animado al Observatorio a trabajar en presentar una denuncia. El Salto se ha puesto en contacto con la Conselleria de Sanitat para saber en qué estado se encuentra la transferencia de competencias de la sanidad penitenciaria y cuál es su posición al respecto, pero no ha habido respuesta hasta el momento de la publicación del reportaje.

Psicofármacos y suicidios

Según el informe del ODSP, el 65% de presos y presas toma tratamiento psiquiátrico sin supervisión por parte de un psiquiatra. “La Estrategia Salud Mental marca lo que debe seguirse, que es el tratamiento comunitario, pero es mucho más barato recurrir a la farmacología y a esto se suma la cantidad brutal de personas que hay en prisiones con adicciones”, defiende Vilalta. Para Antón, en los casos de enfermedades mentales graves hay un correcto uso de los psicofármacos, pero es diferente entre la población presa con algún tipo de adicción —un 50-60% del total, calcula el médico—: “Por falta de personal, por cansancio o por una cultura más antigua de uso de psicofármacos, se abusa en los casos de personas con adicciones, pero en mi opinión no es el caso en los trastornos mentales graves, con independencia que no se les dé la atención terapéutica que desearíamos dar porque no podemos”. 

El 80% de las mujeres que han estado en prisión con problemas de salud mental han sufrido violencia de género, según el estudio de ODPS

Para Àmbit, hay otro dato llamativo entre las conclusiones de la investigación realizada en la atención a la salud mental en prisiones valencianas, y tiene que ver con el género: “Como las prisiones están diseñadas para hombres, se ha producido la vergüenza de que no tuvieran una atención más personalizada. Las prisiones se clasifican como histriónicas, se oculta mucho la situación de salud mental de las mujeres, de hecho cuesta mucho sacarlas de prisión”, detalla Vilalta, que aporta un dato: el 80% de las mujeres que han estado en prisión con problemas de salud mental han sufrido violencia de género.

Por otra parte, una de las mayores causas de muerte entre personas presas, recuerda Vilalta, son los suicidios. Según el Ministerio del Interior, un total de 268 personas presas se suicidaron entre 2010 y 2019, 54 de ellas a pesar de estar en programa de prevención de suicidios. Las condiciones de aislamiento —solo en las prisiones catalanas, uno de cada tres suicidios se produce en celdas de aislamiento— y la vulneración de derechos humanos como esta atención sanitaria en las cárceles, sumadas a otros factores, lleva a que los intentos de suicidio hayan crecido en un 26% en los últimos cinco años. 

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La inhumana práctica del aislamiento carcelario seguirá intocable tras el enésimo anuncio de investigación ante la mujer que el sábado se suicidó cuando se encontraba en régimen de aislamiento en la cárcel de Puig de les Basses.

Alternativas comunitarias

Pero en la otra cara de la moneda, en el informe de Instituciones Penitenciarias de 2018 y 2021, el programa puente gestionado por Àmbit, señalan desde el colectivo, se demuestra que “por medio de un tratamiento y seguimiento comunitario personalizado, cubriendo necesidades básicas y con viviendas tuteladas, se obtiene un resultado del 97 % de no reincidencia, lo que evita el efecto de 'puerta rotatoria', de los 89 hombres y 25 mujeres con trastorno mental grave judicializada”.

Por medio de un tratamiento y seguimiento comunitario personalizado, cubriendo necesidades básicas y con viviendas tuteladas, se obtiene un resultado del 97 % de no reincidencia

Para Antón, la transferencias a las comunidades autónomas, aparte de redundar en una mejor situación del personal sanitario que trabaja en prisiones —“queremos tener los mismos problemas, soluciones, derechos y deberes que el resto, ser un médico más de la sanidad pública”, resume—, actuaría en lo importante: una mejor atención a las personas que permanecen encerradas en estos espacios: “La asistencia tan específica que se requiere con los recursos que tenemos no se puede asumir, y es la comunidad autónoma quien debe facilitar esta atención, con una atención a la salud mental comunitaria, un seguimiento...”, concluye Antón. “Las cárceles no son el sitio para tratar una esquizofrenia, las estamos tratando porque no nos queda otro remedio, pero no son el sitio”.