Sanidad pública
Sanidad dice que el modelo Muface no es sostenible y aboga por su extinción

El pasado 5 de noviembre se consumaba el plantón de las aseguradoras a Muface, organismo que se encarga de gestionar la sanidad del funcionariado. Mientras que el Gobierno ofrecía un aumento del 17% en la prima que paga a Adeslas, Asisa y DKV, y ponía sobre la mesa la cifra récord de 2.681 millones de euros, las aseguradoras lo rechazaban. Estas demandaban una subida del 38% y finalmente no acudieron a la licitación. En el nuevo escenario que se abre, el Ministerio de Sanidad ha emitido este lunes un informe en el que contribuye con cifras a una posible salida: el desmantelamiento de este modelo dual que permite al funcionariado ser atendido por la sanidad privada o por la sanidad pública, reintegrando a esta plantilla en el Sistema Nacional de Seguridad (SNS).

“El modelo Muface en la actualidad no es sostenible”, concluye el informe, al que ha tenido acceso a El Salto. "El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable", afirman.

“El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”, afirman desde el ministerio

Y destaca dos factores, de un lado la proporción de asegurados mayores de 65 años es superior a la existente en el SNS, por lo que “los incrementos de capital que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante”. Y, del otro, existe una selección de riesgos por parte de las aseguradoras, esto es, un desplazamiento de los enfermos con tratamientos más costosos hacia la sanidad pública. 

Con respecto a este último factor, en febrero de 2024 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentaba un estudio. Se centraron en una enfermedad particularmente costosa, el cáncer, cuya prevalencia es similar entre los empleados gubernamentales y la población general. Para ello compararon los ingresos en los hospitales públicos de los funcionarios que han optado por la prestación pública y la población general y encontraron “una selección de riesgos significativa; así, en los empleados gubernamentales hospitalizados, la probabilidad de que aparezca en el registro un cáncer metastásico y un cáncer no metastásico es un 31% mayor que en la población general”.

El modelo Muface, en entredicho: el número de funcionarios que eligen la sanidad pública ha aumentado un 66%

Sara Plaza Casares

Sanidad privada

Sanidad privada El modelo Muface, en entredicho: el número de funcionarios que eligen la sanidad pública ha aumentado un 66%

Sara Plaza Casares

El Gobierno negocia para que continúe el modelo que posibilita la atención en la sanidad privada de los funcionarios, un sistema envuelto en polémica.

En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad han analizado la prevalencia de seis enfermedades en la población general y en la población de Muface que elige ser atendida por la sanidad pública. En cinco de ellas la prevalencia es mayor en el primer grupo, menos en las neoplasias malignas (cáncer), cuya presencia es mayor entre los funcionarios que eligen la pública.

“La población de Muface tiene una edad media superior que la de la población general, pero el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de las personas no mutualistas de su misma edad”, aseguran desde el ministerio

“Hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”, asegura el Ministerio. “Esto incide en la idea de que, en términos globales, la población de Muface tiene una edad media superior que la de la población general, pero el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de las personas no mutualistas de su misma edad”, añaden.

Un 2% de la población pasaría al SNS

Uno de los argumentos más escuchados para rechazar la incorporación de todo el funcionariado a la sanidad pública es que esta quebraría. Sin embargo, los datos recogidos por Sanidad indican que esto supondría un incremento de apenas el 2,12%.

“Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”, aseguran.

Desde 2012 se ha incrementado un 75% el número de mutualistas que eligen ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, pasando de 277.500 a 488.000 personas

Además, la inercia indica que cada vez son más funcionarios los que están seleccionando la pública en detrimento de las aseguradoras: en el año 2012, Muface tenía un total de 1.535.000 mutualistas, de los cuales el 81,92% (1.257.500) elegían una aseguradora privada para recibir la asistencia sanitaria, mientras que un 18,08% (277.500) elegían el Sistema Nacional de Salud. En la actualidad la cifra total de mutualistas se mantiene casi igual, habiendo caído el número de mutualistas de Muface con asistencia sanitaria privada y habiéndose incrementado un 75% en estos años (pasando de 277.500 a 488.000 personas) el número de mutualistas que eligen ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud.

El tránsito de los mutualistas hacia la pública

La pelota esta ahora en el tejado del Ministerio para la Función Pública quien avanzó que haría otra propuesta de licitación. Desde Sanidad reconocen que existen dos opciones sobre la mesa: tratar de mejorar la oferta para hacerla más atractiva para las empresas aseguradoras o prorrogar durante nueve meses el concierto actual, como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar el tránsito de los mutualistas de Muface a la prestación de servicios sanitarios por parte del SNS.

Desde la Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) advierten de que las aseguradoras mienten cuando aseguran que están al borde de la quiebra por las primas que reciben por cada funcionario que debe atender. “En 2023 ganaron 10.500 millones de euros”, aseguran. Por otro lado, consideran “inaceptable” que este Gobierno siga manteniendo “un sistema obsoleto, que la Ley General de Sanidad de hace casi 40 años declaró extinguir, y cuyo único objetivo es subvencionar a las grandes  aseguradoras privadas con fondos públicos”.