Tribunal Supremo
El Supremo abre una causa contra la parlamentaria Eulàlia Reguant por negarse a contestar a Vox en el juicio del Procés

“Asumiendo las consecuencias, frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas [del abogado de la acusación popular ejercida por el partido neofascista VOX]”, explicó Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, el 27 de febrero de 2019 en la sala del Tribunal Supremo que juzgaba la causa conocida como el Procés. Esta semana, Reguant ha recibido la notificación de la Sala Segunda del Supremo para la apertura de un juicio oral por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por negarse a contestar a dichas preguntas. La pena prevista para este delito es de seis meses de prisión e inhabilitación. El exdiputado de la CUP Antonio Baños ha recibido la misma acusación, pero al no ser aforado, será juzgado en un tribunal ordinario de Madrid.

Su compañera en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí, ha comparecido hoy en rueda de prensa para denunciar que, “a pesar de no ser competente, el Tribunal Supremo coge el caso y supone, en primer lugar, una evidencia de la persecución de las altas instancias judiciales del Estado al independentismo”. A continuación, ha asegurado que “hay algo mucho más grave: el Tribunal Supremo está desbocado y esto es un problema democrático profundo de primer orden, que afecta al independentismo catalán pero que también afecta también al conjunto de ciudadanos de España, porque tener una alta magistratura que asume las tesis de la extrema derecha es dejar a la Justicia en manos de parte, en vez de ser justa, valga la redundancia”.

En 2019, el Supremo les impuso una multa de 2.500 euros a Eulàlia Reguant y Antonio Baños, tras instalrles a declarar para evitar la apertura de un procedimiento en su contra. A diferencia de los imputados en una causa, los testigos están obligados a responder a todos los letrados. Reguant ha explicado que no responder al abogado de Vox fue “una acción colectiva”. “Queríamos evidenciar una voluntad colectiva y señalar que aceptar la presencia de los que niegan derechos fundamentales en el juicio era ya una declaración de intenciones del poder judicial, que era imposible obtener justicia en ese tribunal, tal y como vimos después. La acusación de Vox se convirtió en una herramienta más del Estado para construir un juicio político”, concluyó.