Turquía
Una red de académicos europeos alerta sobre la represión en Turquía

El 10 de enero de 2016, en plena campaña militar del Estado turco contra el Kurdistán, más de mil académicos turcos firmaron el manifiesto No formaremos parte de este crimen. En él denunciaban que el Estado condenaba al hambre a varios pueblos de las regiones kurdas con el establecimiento de toques de queda, atacaba esos lugares con armamento pesado y violaba los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la prohibición de la tortura y los malos tratos. “Declaramos que no formaremos parte de esta masacre permaneciendo callados y pedimos el inmediato fin de la violencia perpetrada por el Estado”, decía el manifiesto, que exigía también que “el Gobierno prepare las condiciones para negociaciones y cree una hoja de ruta que lleve hacia una paz duradera que incluya las peticiones del movimiento político kurdo. Pedimos la inclusión en estas negociaciones de observadores independientes de distintas secciones de la sociedad”.

El manifiesto, firmado inicialmente por 1.128 académicos turcos, y posteriormente por otros mil más, no ha quedado sin consecuencias. Hasta la fecha, 83 de los signatarios han sido despedidos de sus puestos en diversas universidades, y a 380 más, además de haber sido despedidos, se les ha prohibido el acceso a cualquier empleo público.

Pero las represalias van más allá. Al menos 146 de estos firmantes han sido acusados de “difundir propaganda terrorista”, y el pasado 5 de diciembre se iniciaban los primeros procesos judiciales contra ellos. El propio Recep Tayyip Erdogan, presidente del país, se refirió hasta en cinco discursos al manifiesto y a estos académicos, calificándolos de viles y terroristas.

“Además de haberlos expulsado de la universidad, no pueden salir del país, se han limitado sus derechos civiles, y a muchos se les están abriendo procesos judiciales, con peticiones de más de dos años de cárcel porque el Estado entiende que con su firma del manifiesto están haciendo ‘apología de actividades terroristas’ y apoyando grupos armados kurdos”, dice Alberto Riesco-Sanz, miembro de la red Universitarios Europeos Contra la Represión en Turquía, que añade que “es urgente intentar llamar la atención de la opinión pública europea para que los representantes europeos puedan presionar a Turquía para salvaguardar los derechos de la población en el país”.

Por ello, esta red ha lanzado una campaña y un manifiesto que urgen a la comunidad internacional a que “manifieste su apoyo activo y firme contra esta nueva etapa de persecución y de criminalización jurídica de nuestros colegas”, y que solicita “a nuestros respectivos representantes electos, parlamentarios nacionales y europeos, que exijan el respeto del derecho y de las libertades fundamentales en Turquía” y “su movilización en defensa de todas las víctimas de la represión”.

Represalias masivas

Esta red de académicos e investigadores universitarios denuncia las “represalias masivas y arbitrarias adoptadas contra universitarios, periodistas, magistrados, activistas y contra todo aquel que reclame su derecho a la libertad de movimiento, de pensamiento y de expresión”. Aunque ya existía represión en Turquía, el intento de golpe de Estado de julio de 2016 fue rápidamente utilizado por el Gobierno de Erdogan para aumentarla exponencialmente y silenciar todas las voces disidentes, lo que ha llevado al encarcelamiento de 47.000 personas y al despido de más de 100.000 empleados del sector público, según Amnistía Internacional. Además, al menos 120 periodistas se hallan encarcelados, 156 medios han sido cerrados por decreto y 2.500 periodistas han perdido sus trabajos.

La red también llama la atención sobre el caso de Pinar Salek, una socióloga turca refugiada desde 2012 en Francia y que es “objeto de un hostigamiento político y judicial que dura ya casi 20 años” en Turquía. “Selek, que realizaba investigaciones en barrios marginales, sobre personas transexuales o sobre el caso de los kurdos, se fue viendo perseguida y acosada en su actividad hasta que se la acusó de participar en un atentado en Estambul”, dice Riesco-Sanz. Tras pasar dos años en la cárcel, fue absuelta en varias ocasiones, pero se vio obligada a exiliarse. “Los procesos judiciales contra ella siguen en marcha, piden cadena perpetua, y la van a juzgar en rebeldía, lo que limita su capacidad de volver a Turquía y su libertad de movimiento por el mundo”, añade este académico.

Aunque Selek no va a ser detenida en Francia, su caso recuerda al de los escritores Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, que fueron detenidos por la Audiencia Nacional española este año ante peticiones de extradición de Turquía, aunque finalmente fueron liberados y pudieron regresar a los países en los que residen, Suecia y Alemania, respectivamente.

Ante la situación de “deriva autoritaria que ha ido generándose en Turquía, de represión de todo tipo de disidencia”, indica Riesco-Sanz, la red Universitarios Europeos Contra la Represión en Turquía, que nació inicialmente en Francia para defender el caso concreto de Pinar Salek, ha ampliado sus objetivos, se ha extendido a Suiza, Bélgica, Italia, Alemania y España y pide el compromiso de los representantes electos europeos con la defensa de la democracia en Turquía y que “la solidaridad de los ciudadanos y ciudadanas europeos con la lucha por la democracia en Turquía” se escuche “de forma unívoca”.