Uber
Uber y Cabify denunciadas (otra vez) ante la Agencia Española de Protección de Datos

La asociación para la defensa del sector del Taxi, Taxi Project ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra las empresas Uber y Cabify. La organización ha presentado varios informes en los que estudian y analizan el tratamiento de datos por parte de estas dos empresas. Según dichas investigaciones, Uber y Cabify incumplen varias infracciones en cuanto a la legislación de protección de datos, así como sobre otros ámbitos que afectan a los derechos de los consumidores, como puedan ser normas para los Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, legislación de Consumidores y Usuarios o sobre la sentencia del TJUE del 20 de diciembre de 2017 en el que se reconocía a Uber como un servicio de transporte.

Según la organización de taxistas, los informes entregados a la Agencia demuestran que se incumplen sistemáticamente hasta ocho artículos diferentes entre normativas europeas y estatales sobre protección de datos. La excusa para eximirse de toda culpa, según explica Taxi Project, es seguir defendiendo que la empresa es un mero intermediario en el caso de Uber o una agencia de viajes en el caso de Cabify. Pero ya existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que especifica que prestan un servicio de transporte, por lo que se deben hacer responsables de las infracciones o los datos del consumidor cuando contrata sus servicios.

No es la primera vez que una denuncia de este tipo llega a la AEPD. La asociación FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia similar en 2019. La Agencia dictaminó que había “indicios racionales” sobre la posibilidad de que Uber esté incumpliendo el artículo 7 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Pero la ingeniería fiscal de Uber, que traslada todos sus beneficios en Europa a los Países Bajos, también le ha venido muy bien para esquivar la denuncia por parte de FACUA. La AEPD, tras anunciar que veía indicios de que se estuviera incumpliendo la ley, trasladó el caso a las autoridades holandesas, donde Uber tiene su sede, al entender que debe ser dicho país quien estudie y dictamine sobre este caso, aunque los afectados estén repartidos por toda la Unión Europea o la denuncia haya salido del Estado español.