Violencia machista
Denuncian “castigos” a las trabajadoras de un centro de atención a víctimas de violencia machista de Madrid

“Es la primera vez que hay un cambio de empresa en la gestión y pasa esto”. Así resumen el ambiente que hay en la plantilla del centro número uno de la Red contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, bautizado como Ayaan Hirsi Ali, en honor a la activista de origen somalí contra la ablación genital femenina. En este centro se atiende a cerca de 400 mujeres de media y tiene 14 trabajadoras. Antes de marzo de este año su gestión lo llevó una empresa durante veinte años. Desde ese momento, se hacen con la licitación una UTE (unión temporal de empresas) compuesta por Sanivida y la Federación de Mujeres Progresistas.

“Ganó el concurso esta UTE a finales de año y la anterior concesionaria puso un recurso porque consideró que había sido irregular. Finalmente perdió el recurso en febrero y en marzo empezaron a gestionar. Solo conocimos a los de la nueva empresa un día antes”. Así explica la delegada de personal del centro y trabajadora del mismo, que responde a las iniciales de S.G.C. Tanto ella como la ya ex trabajadora que denuncian esta situación prefieren no mostrar su nombre completo por miedo a represalias.

Represalias como la situación que vivió M.P que ellas denuncian. “La empresa toma la decisión de no realizarle un contrato indefinido, sin contar con ella para el proceso de selección interna o externa, como consecuencia de haber reclamado sus derechos fundamentales como trabajadora”, explica en un comunicado público el comité de empresas. “Venían de buena forma —indica la delegada— pero denostaron la labor de nuestro sindicato, CoBas, donde estamos todas afiliadas. Al día siguiente ya aparecieron con las cartas de subrogación y un acuerdo en el que ponía que respetarían el acuerdo de mejoras de la empresa anterior hasta 2028 pero que nosotras renunciábamos a que fueran derechos adquiridos después”. “Como nos negábamos a firmar ese acuerdo, nos castigaron. M.P. fue la primera en ser llamada a firmar, la primera en negarse y la primera castigada”, explica S.G.C.

La educadora despedida,  que llevaba cinco años trabajando en el centro, explica a El Salto cómo fue esa reunión. “Les dije que quería consultarlo y les sentó muy mal. Es uno de los motivos no escritos por los que no continuo trabajando con ellas”. “No sabemos si fue mala fe —explica—, pero soy la primera que tuvo que coger una baja y no se respetó el acuerdo, que indica que se cobra el 100% del salario. Me descontaron dos días y han tardado muchos días en devolverlo”.

Una persona se ha quedado sin trabajo y 35 mujeres víctimas de violencia de género se quedan sin su persona de referencia

Para el sindicato, no es un hecho puntual. “Como no firmamos ese acuerdo, nos empezaron a poner un 2% de IRPF en lugar de lo que se ofrecía que era mantener el mismo porcentaje para no ser penalizadas al año siguiente en la Declaración de la Renta, otro castigo”. Este punto, el de la baja sin descuentos, más días de asuntos propios o un aumento de las vacaciones retribuidas son algunos de los derechos adquiridos con la empresa licitante saliente, recogidos en el acuerdo de mejoras y que, solo de forma verbal, la nueva UTE se comprometía a respetar. “En la carta de subrogación venía que se respetaban las condiciones del contrato, pero no del acuerdo de mejora. Se negaban a ponerlo por escrito, aunque ellos dijeron que lo respectaban hasta 2028 verbalmente. El sindicato CoBas, presente en esa reunión, pidió que se incluyera en las actas este compromiso verbal, pero el abogado de la Federación de Mujeres Progresistas se negó”, explica a este medio la delegada de personal.

Excluida de la promoción interna y de la externa

El caso de la ahora extrabajadora es especialmente grave. Por un lado, una persona se ha quedado sin trabajo y 35 mujeres víctimas de violencia de género se quedan sin su persona de referencia. Esa persona era M.P. Ella llevaba trabajando desde noviembre de 2019 en el centro con un contrato de interinidad sustituyendo a una compañera. “En la antigua empresa te reservaban el puesto cinco años —comenta M.P.— Yo lo he ido renovando año tras año hasta que la compañera ha decidido que no vuelve a su puesto. Yo estaba tranquila porque se entiende que ese era mi puesto, no tenía ninguna sanción, ni queja y cumplía los requisitos mejor que nadie”.

“El procedimiento para hacer indefinida a la compañera cesada es una promoción interna obligatoriamente, donde se pueden presentar más personas pero se quedarían con M., obviamente. Hasta lo puso por escrito la coordinadora, que era la más apta para ese puesto”, comenta la delegada. Esta convicción de que internamente era un puesto donde nadie más podría competir, viene de la mano de que las 14 trabajadoras, solo tres cumplen con la formación y perfil exigido. De esas tres, una es indefinida y otra está en la misma situación con su plaza. “Soy la única que me presento y no me tienen en cuenta. Me dicen que no hay una ‘comunicación fluida’ con la empresa, no lo entiendo. No he tenido otra comunicación con la empresa que mi negación a firmar o la reclamación de los dos días”, explica la extrabajadora.

Si se queda desierta la promoción interna, pasa a la promoción externa. Aquí se pueden presentar personas externas al centro que cumplan los requisitos. M.P. envía su currículum pero no llega a la persona encargada de seleccionar los perfiles. “Creemos que este hecho lo realiza la empresa como un castigo con el que infundir miedo al resto del equipo y, como consecuencia, nadie tome la decisión de hablar o reclamar derechos básicos como personas trabajadoras”, explican las trabajadoras. Por toda esta consecución de hechos, las trabajadoras consideran que la nueva empresa ha causa tratado “discriminatorio” y califican estos hechos de “maltrato directo” .

Reclaman que la Comunidad de Madrid actúe

A partir de aquí, con una trabajadora fuera y las demás que continúan sin firmar el nuevo acuerdo, el sindicato Co.Bas pide que la Comunidad de Madrid intervenga en el conflicto. “Hemos mandado un escrito a la Dirección General de Igualdad. Lo primero que han hecho es ponerse en contacto con la coordinadora para proponerle una reunión el próximo dos de agosto pero también han dicho que ellos en tema de relaciones laborales no se pueden meter”, comenta la delegada. Por su parte, fuentes del gobierno regional han confirmado a El Salto que la Dirección General mantendrá “una reunión en los próximos días” con la UTE.

Las trabajadoras apuntan a que hay una excepción para que la Comunidad de Madrid pueda intervenir: que el conflicto actúe en detrimento de la gestión y consideran que así sucede

Las trabajadoras apuntan a que hay una excepción para que la Comunidad de Madrid pueda intervenir: que el conflicto actúe en detrimento de la gestión y consideran que así sucede. “El vínculo con las mujeres es fundamental para su recuperación”, explica la ex trabajadora, que teme que las 35 mujeres a las que ella atendía tengan que volver a contar su historia de violencia, coger confianza con la nueva persona en el puesto y pasar por el riesgo de una revictimización. “En esto no pone el foco la nueva empresa”, denuncian. “Yo di por hecho que continuaba —explica M.P.—, no me ha dado tiempo ni a cerrar procesos ni a hablar con las mujeres que llevaba yo de forma directa. Puede ser dañino para las mujeres que no haya podido explicar el cambio. Y para mi ha sido fuerte quedarme sin trabajo”.

El sindicato recuerda que “que entren a regular estos recursos públicos empresas mercantiles que solo buscan los beneficios, tenemos que denunciarlo”. “No estamos de acuerdo, nos parece injusto y no tenemos miedo”, explica la delegada, que anuncia que además de la petición a la Comunidad de Madrid están estudiando otras acciones como reclamar en concentraciones una solución para esta situación. El Salto se ha puesto en contacto con la Fundación de Mujeres Progresistas pero no han respondido a las preguntas del medio.

Repunte de violencia machista

Este conflicto laboral en el centro número uno de la Red contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid se produce de manera paralela a los problemas que denuncian en su homólogo local, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Las trabajadoras de varios recursos fueron a la huelga después de que no haya respuesta a sus denuncias de la falta de recursos habitacionales para las mujeres o las largas esperas para una consulta. En concreto, denuncian que las mujeres que huyen de las agresiones tengan que ser acogidas en hoteles o que una cita pueda demorarse hasta dos meses.

Denuncian que las mujeres que huyen de las agresiones tengan que ser acogidas en hoteles o que una cita pueda demorarse hasta dos meses

Hasta el Defensor del Pueblo han llegado estas reclamaciones, después de que la Plataforma Impacto de Género Ya y la Plataforma Feminista ante los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid presentaran una queja formal en este órgano. Todo ello cuando un repunte de los asesinatos machista asola España. En el mes de julio se registraron hasta cinco casos mortales en 48 horas. Cifras que alcanzan las 22 mujeres asesinadas de forma oficial y se sospecha de más casos de feminicidios. Algunas de ellas habían denunciado, otras estaban en el sistema VioGen, pero ninguna fue protegida de sus asesinos.