Derecho a la vivienda
Amenaza de desahucio para dos mujeres en situación de vulnerabilidad

Para Elena Kocheulova, de 55 años, es el tercer intento. Vive sola y no tiene empleo ni alternativa habitacional. A pesar de que el decreto antidesahucios aboga por la paralización en los casos de vulnerabilidad social, y Elena cuenta con el prescriptivo informe de Servicios Sociales que lo avala, el desahucio sigue adelante este 13 de mayo, afirman desde la asamblea de PAH Vallekas.

Elena dejó de pagar el  alquiler de su piso, ubicado en la calle de Pico Cejo 49,  cuando se quedó sin empleo al inicio del confinamiento por covid 19. El propietario de su vivienda se ha dedicado siempre al negocio inmobiliario. Pero como dueño de la empresa que la quiere desahuciar, “Promociones Jarque”, en la que constan hasta 25 viviendas en el índice de propiedades de la empresa, en el momento de la pandemia no constaba como gran tenedor, y por tanto, no hubo acuerdo sobre la moratoria del pago de alquileres previsto por el escudo social que aplicó el gobierno.

La empresa tampoco se había hecho cargo del mal estado de la vivienda, con humedades y fallas de seguridad en la caldera. En 2020, Elena empezó a acumular deuda, como tantas otras personas que se vieron sin recursos por la crisis generada por la pandemia. Aún y cuando se le concedió un Ingreso Mínimo Vital de 225 euros este no le permitía pagar el alquiler ni buscar otra alternativa de vivienda. Así, Elena decidió seguir comiendo y no tener que irse a dormir bajo un puente. “Nunca pensé que me vería en esta situación”, se lamenta al verse en esta situación límite.

Sumando infortunios, su abogado de oficio no peleó por ella el impago provocado por la crisis del covid, se rindió ante la demanda del propietario y negó la posibilidad de presentar recursos por su situación de vulnerabilidad. Elena ha puesto una queja en el Colegio de Abogados por esta actuación ya que inclusive el abogado reconoció desconocer la existencia del “informe de vulnerabilidad” de Elena, hasta que ella misma se lo mandó, después de ir a conseguirlo al Juzgado. Su trabajadora social no había querido dárselo en mano; ni le ofreció alternativas estables y dignas de vivienda.

Desde PAH Vallekas, que ha venido acompañando a Elena en sus demanda afirman que tampoco el juez tuvo en cuenta el informe, a pesar de que el Decreto 11/2000 del gobierno señala que los desahucios avalados por este informe de Servicios Sociales pueden posponerse, en la actualidad, hasta el 30 de septiembre. La asamblea por el derecho a la vivienda de Vallekas vuelve a constatar que “todas las instancias que en principio debían proteger los derechos civiles, sociales y económicos de Elena han fallado. También los parches de los decretos anti-desahucios”.

Pero desde la PAH no se rinden y mañana junto con más organizaciones sociales del distrito solicitarán se ofrezca a la vecina un tiempo prudente para encontrar una alternativa de vivienda. “Exigimos que se suspenda el desahucio de este viernes y que las administraciones respondan por el derecho constitucional a la vivienda. Que legislen en contra de la vivienda como negocio y que persigan a los que especulan con este bien de primera necesidad”, sentencian.

Se cree que el intento de desahucio de Elena se hará con la presencia de Unidades antidisturbios y el llamado a los colectivos Stop Desahucios están convocados desde la noche de este jueves, y mañana muy temprano para hacer frente e intentar parar el desalojo. 

El otro desahucio que se prevé es en la calle Alcatraz 25 de Carabanchel, donde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel acompañará mañana a Clarisa, otra mujer en situación de vulnerabilidad cuya vivienda pertenece a Sareb, el banco malo cuya deuda, la ha absorbido el Estado español. 

Clarisa es una madre soltera con tres peques y cuyo piso ya había sufrido un desahucio anteriormente con otro inquilino, y antes, una familia por hipoteca. Clarisa entró a esa casa gracias al Sindicato de Vivienda de Carabanchel. “Somos nosotras las que hemos acompañado este caso, una función que debería estar cumpliendo la propia Sareb”, declaran desde el Sindicato. Afirman también que Clarisa entraría en todos los criterios de vulnerabilidad de la propia Sareb, pero esta se empeña en desahuciarla.