Derecho a la vivienda
La PAH frena el desahucio de dos ancianos en Alcalá de Henares que fueron “estafados” al avalar a su hijo

El reloj de plato con la Virgen del Val, patrona de Alcalá de Henares, que María y Antonio tienen encima de la puerta de su salón, marcaba las ocho cuando el vecindario se empezaba a congregar en su portal. El número 6 de la calle Baza de la ciudad madrileña ha protagonizado una nueva victoria: el quinto intento de desahucio de esta familia se ha parado gracias a la lucha de la PAH Corredor del Henares. Con 76 años ella y 79 él, avalaron a su hijo, quien acudió a un prestamista que ahora les reclama el doble de lo prestado en su momento. De 45.000 euros prestados deben pagar 90.000, y aunque los afectados nunca se han negado a ello con la condición de hacer frente al pago mediante cuotas, el prestamista les reclama la cantidad en un solo cobro.

“Hace doce años que empezó este calvario”, dice Antonio Valverde mientras en la calle pasan varios chiquillos camino a la escuela. Poco antes de las 9 de la mañana, los petos, consignas y pancartas de la PAH adornan un portal que nunca debió ser protagonista de una historia así. La familia ya perdió una casa que heredó María Obregón, la otra afectada: “La cerraron hace unos tres años y pico y aunque ya han ido varios interesados a verla, nadie la compra”, comenta un apesadumbrado Antonio, sabedor de que la cantidad por la que se venderá ese domicilio en un pueblo de Cáceres rebajará su deuda con el prestamista.

Esta casa de la calle Baza es un hervidero: periodistas, simpatizantes y algún político consiguen que no pare de funcionar la pequeña máquina de café que tienen en la estrecha cocina

El año 1973 fue el inicio de su vida en la vivienda de la calle Baza, ubicada en un barrio obrero de la ciudad complutense. Unos 48 años después, han recibido con alegría la noticia de la paralización del desalojo, aunque son conscientes de que este no es el fin de un proceso judicial que ya se alarga más de una década. Esa inestabilidad ha afectado al matrimonio, sobre a todo a María: “Ayer tuve que llamar al médico porque desde que empezó todo esto vive con mucha ansiedad, y empieza a delirar y no saber continuar una conversación”, describe su marido. Él, que cobra una pensión de 1.500 euros tras más de 40 años trabajados entre Francia y España, no ha podido empaquetar nada por si finalmente se producía el alzamiento de la vivienda: “Es tocar algo, intentar meter lo que sea en una caja, y María empeora al momento, así que tengo tanto miedo de preparar nada que todo está como si fuera un día normal”, en palabras de Antonio.

Solidaridad y escucha

A pesar de sus palabras, no es un día más en el barrio. Unos veinte minutos antes de las 9 de la mañana, una vecina se ha acercado a los concentrados garrota en mano. Lleva viviendo 50 años en frente de la casa de María y Antonio: “Muchas gracias por lo que estáis haciendo, pero yo es que no puedo con estas cosas”, dice a un par de activistas de la PAH antes de marcharse emocionada. Mientras tanto, esta casa de la calle Baza es un hervidero: periodistas, simpatizantes y algún político consiguen que no pare de funcionar la pequeña máquina de café que tienen en la estrecha cocina.

En el salón de la vivienda, dos sillones y cuatro sillas facilitan el descanso de los que suben y bajan de este primero sin ascensor. Cuadros y fotografías familiares del siglo pasado decoran la estancia: “Perdonad eh, pero es que me gusta mucho hablar”, dice María a los allí presentes. “Nosotros somos periodistas, así que no se preocupe porque nos gusta escuchar”, se le responde. En el salón no se aprecia mayor ornamentación moderna que un aire acondicionado en la pared. Lo mismo ocurre en su dormitorio, donde dos mesillas, una cómoda con cajones y un armario con espejo es todo lo que decora la estancia.

La necesidad de un parque público de viviendas

Entre la pequeña marabunta de personas solidarizándose con María y Antonio han estado David Cobo, concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento alcalaíno y militante de Izquierda Unida, y Alejandra Jacinto, parlamentaria por el mismo grupo político en la Asamblea de Madrid. “Estamos aquí para tratar de evitar que un prestamista se quede con la vivienda de una familia trabajadora, de pensionistas, y que en su día firmaron de forma totalmente fraudulenta el préstamo que les ha llevado hasta aquí”, ha dicho el primero de ellos.

Cobo también ha explicado la situación del Consistorio complutense respecto a las viviendas sociales: “Desgraciadamente no contamos con viviendas para situaciones de emergencia, como esta, a pesar de que la PAH hace seis años protagonizó una acampada que duró 36 días frente al Ayuntamiento fruto de la cual se firmó un acuerdo con el actual alcalde [el socialista Javier Rodríguez] para que se pusieran a disposición de la ciudadanía cerca de medio centenar de estas viviendas, y a día de hoy no tenemos ni una de ellas”.

“Uno de los aspectos que le señalamos al juez en el escrito es que este matrimonio no está haciendo daño a ningún tercero” dice Luis Díaz, su abogado, quien el día anterior pidió la suspensión del desalojo

Por su parte, la diputada en la Cámara madrileña, ha recalcado el compromiso que Unidas Podemos con el derecho a la vivienda es “total”. También ha recordado la pretensión de esa futura Ley de Vivienda que desde su grupo parlamentario intentan llevar a cabo a nivel estatal: “Con ella podríamos evitar que un usurero endeude a una familia de esta manera y sea capaz de quitarle su vivienda habitual sin que pase absolutamente nada y que desde las Administraciones públicas no estén obligadas a proveer ningún tipo de alternativa habitacional”, en palabras de Jacinto.

La calle espera nerviosa

Abajo, en la calle, hace el típico frío tempranero de cuando el otoño llama a las puertas del verano. Los casi 30 activistas buscan los primeros rayos de sol, que se asoma pasados unos minutos de las 10 de la mañana. Aún queda hora y media para saber el desenlace de la jornada, pues la comitiva judicial debería visitar el inmueble a las 11:30. Sin presencia policial a lo largo de la mañana, varios activistas de la PAH avisan de que acaba de pasar un taxi por la puerta: “Debía ser la secretaria judicial porque detrás iba con una carpeta preparada con un escrito”, conjetura uno de los allí presentes.

Pasaban unos minutos de las 11 de la mañana cuando Carlos Valverde, hijo al que avaló el matrimonio, se mostraba nervioso móvil en mano. Estaba hablando con su abogado, Luis Díaz, quien el día anterior pidió la suspensión del desalojo: “Uno de los aspectos que le señalamos al juez en el escrito es que este matrimonio no está haciendo daño a ningún tercero, y le hemos aportado los boletines oficiales en los que el prestamista, que hasta el momento actuaba como persona física, ahora es nombrado como administrador”, comenta el letrado a este medio.

Se acercaba el mediodía y nadie tenía noticias de nada. Las tres decenas de activistas no se iban del portal casi cuatro horas después del inicio de la convocatoria. Según los rayos de sol ganaban terreno en la angosta calle, más curiosos se paraban a mirar lo que sucedía. En ese momento, los cánticos típicos de la PAH han retumbado en la plaza cercana a la vivienda: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”, “no toleramos ni un desahucio más” y “hoy es mi casa, mañana es la tuya” han sido algunas de las consignas que Nani Martínez, portavoz de la PAH Corredor del Henares, ha pronunciado por el megáfono.

Victoria de la PAH

El nerviosismo era patente en la calle Baza. Carlos Valverde llamaba a los juzgados pidiendo información, pero la secretaria judicial no estaba disponible. Las preguntas sobrevolaban: ¿está viniendo al desahucio?, ¿es la mujer del taxi y está llegando a los juzgados?, ¿está ocupada resolviendo que se paraliza el desalojo? La confirmación ha llegado a Antonio y María por parte de Martínez. Nada más saberlo, la portavoz de la PAH ha subido los pocos escalones que separan la vivienda del portal: “Que no viene nadie, que se ha parado, nos ha confirmado el abogado”, les ha dicho casi gritando. Los dos ancianos han aplaudido, aunque lo mejor estaba por llegar.

En el portal de la que sigue siendo su casa les esperaban los activistas para saludarles y felicitarles, y allá que han ido María y Antonio: “Muchas gracias a todos, al abogado y a la PAH”, ha dicho él. Ella ha sido más clara y concisa: “Lo que tenían que hacer es meter a todos estos estafadores en la cárcel”. Martínez se emocionaba, la gente se acercaba a los afectados y otros tantos abrazaban a Carlos, el hijo avalado por sus padres. Así se producía el desenlace más feliz posible, aunque eso signifique que tendrán que seguir batallando en los tribunales para no perder la casa de su vida.