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Desde 2020, tras la aprobación del Código de Conducta de las Cortes Generales de octubre de 2020, los diputados están obligados a presentar una declaración de intereses económicos. En este documento que acompaña a la declaración de bienes y rentas, los integrantes de la Cámara están obligados a especificar otros aspectos relativos a sus actividades, donaciones y obsequios recibidos, su participación en fundaciones o asociaciones, así como todo aquello que pueda despertar sospecha de incurrir en un posible conflicto de interés. Dicha información, además, debe referirse a los cinco años anteriores a la obtención del escaño en la cámara de diputados.
Vox
Omisión deliberada Los diputados de Vox ocultan su declaración de intereses económicos
Santiago Abascal y otros diputados de la formación de extrema derecha han utilizado la misma fórmula que ya usaron los 52 diputados de la pasada legislatura. En el recuadro en el que el resto de diputados de otras formaciones políticas han especificado sus actividades desarrolladas en los años anteriores, el líder de Vox escribe exactamente los dos mismos párrafos que publicaron todos los congresistas en la pasada legislatura. En dicha vaga descripción, Abascal evita describir y especificar sus empleadores alegando que ninguna de esas actividades pueden condicionar su su actividad política “en cuanto ésta se desarollará siempre al servicio del interés de España y de los españoles, con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente”. De igual modo, la sección donde los diputados deberían especificar si han recibido regalos o donaciones ha sido completada por Abascal y otros diputados alegando que no han recibido ningún regalo significativo.
Al contrario que lo que ocurrió en la pasada legislatura, en la que los 52 diputados presentaron exactamente la misma declaración de intereses evitando ocultando la información, algunos de los diputados de esta nueva legislatura sí que han presentado la declaración correctamente, como el caso de algunos concejales del partido que ahora han sido elegidos como diputados y especifican sus cargos políticos anteriores, o como otros casos en los que especifican sus puestos laborales anteriores. De igual forma, algunos de ellos han explicitado en dicha declaración que aportan una cuota de afiliado al partido o incluso al sindicato afín a Vox, Sindicato Solidaridad, como es el caso de la declaración de la diputada por Almería Rocío de Meer.
Muchos de los diputados cercanos a Abascal han vuelto a repetir la fórmula de la pasada legislatura presentando una declaración calcada en la que no se especifica nada
Sin embargo, muchos de los diputados cercanos a Abascal han vuelto a repetir la fórmula de la pasada legislatura presentando una declaración calcada en la que no se especifica nada. Es el caso de Javier Ortega Smith, Carla Toscano y María José Rodríguez de Millán, diputados por Madrid, Ignacio Hoces, diputado por Badajoz, Ángel López, diputado por Guadalajara, Andrés Alberto Rodríguez, diputado por Las Palmas.
El diputado por Toledo Manuel Mariscal lo ha entregado en blanco. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, diputado por Cantabria, la ha presentado en blanco con una frase más simple todavía: “Ninguna de las actividades realizadas por mí en los cinco años anteriores puede condicionar mi actividad política". El diputado por Asturias José María Figaredo, Tomás Fernández Ríos, diputado por Huelva, y Carina Mejías, diputada por Barcelona, no la han presentado. El diputado por Castellón Alberto Asarta Cuevas todavía no ha entregado ninguna de las dos declaraciones.
En marzo de 2021, Unidas Podemos solicitó la apertura de un expediente a los 52 diputados de la formación de extrema derecha por entregar la misma declaración. “Esta deliberada y voluntaria omisión de información vulnera las obligaciones establecidas en materia de transparencia, mina las disposiciones acordadas en esta Cámara para garantizar la independencia de los parlamentarios y deprecia los mecanismos establecidos en materia de conflicto de intereses, sentando un precedente inasumible para el buen funcionamiento de la Cámara”, explicaba el texto que nunca tuvo consecuencias para el partido de Abascal.
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Sin declaración de bienes no se debería conceder el acta de diputado, "por el bien de España".
Si en el párrafo de la declaración de los miembros y miembras de Vox, se sustituye las palabras “España y los españoles”, por “la pasta”, todo queda claro.
¿Qué puede hacer el ciudadano común, para obligar a "sus señorías" a que presenten declaración de intereses económicos antes y después de su mandato? Se supone que estamos en una Democracia.
La ocultación de intereses económicos de los diputados de Vox es una anomalía, cuya falta de control se debe a que está generalizada entre el resto de diputados de las otras formaciones políticas, que lo hacen más disimuladamente y con subterfugios y no tanto con el descaro que desprecia las instituciones que practican Abascal y compañía. El Congreso de los diputados es un agujero negro de influencias y ocultación económica. Todos intuimos que los diputados de Vox legalizan sus ingresos en la gran lavadora económica de Vox, la Fundación Disenso, donde Abascal tiene el control absoluto sobre las cuotas de afiliados de Vox que ingresan allí los cargos públicos de partido de extrema derecha que, evidentemente, ha llegado a la política para solucionarse económicamente la vida. Abascal sabe lo que es vivir de la sopa boba desde que fue paniaguado de Esperanza Aguirre y quiere seguir haciéndolo. No se debe admitir esta corrupción y ocultación de bienes e intereses de los diputados. Urge una investigación, si no es judicial que sea periodística.