Argentina
Golpe a la memoria en Argentina: los retrocesos en políticas de derechos humanos en la era Milei

La política de derechos humanos en Argentina enfrenta retrocesos alarmantes bajo la gestión de Javier Milei. Despidos masivos, cierre de espacios de memoria y desfinanciamiento amenazan el legado de memoria, verdad y justicia.
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Pañuelo de “Nunca Más” atado sobre la reja de la Pirámide de la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Lisandro Concatti
19 ene 2025 06:00

Desde su asunción en diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei emprendió un programa de reformas que, lejos de limitarse al ámbito económico, impactó profundamente en aspectos sensibles de la vida política y social de Argentina. Con una agenda marcada por el ajuste y la reestructuración del Estado, estas medidas generaron un fuerte debate, especialmente en el ámbito de las políticas de derechos humanos, uno de los pilares históricos del país.

Argentina, reconocida internacionalmente por su incansable lucha en favor de la memoria, la verdad y la justicia, enfrenta hoy un nuevo desafío bajo un Gobierno de ultraderecha que, en repetidas ocasiones, ha manifestado posturas revisionistas e incluso reivindicativas respecto al accionar de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). 

Derechos Humanos
Derechos humanos Milei pone en peligro tres décadas de lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina
El Gobierno de Milei plantea una ofensiva sin precedentes contra las políticas de derechos humanos post dictadura (1976-83). El lobby militar presiona para ganar la batalla cultural y reescribir la memoria colectiva.

Ese período dejó un saldo de alrededor de 30.000 personas desaparecidas, heridas profundas que aún permanecen abiertas y una deuda histórica con las víctimas y sus familias. Sin embargo, la lucha por la memoria y la justicia sigue viva, sostenida por el trabajo incansable de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

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Entrada principal de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, espacio donde funcionó un centro clandestinos de secuestro, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar, en la Ciudad de Buenos Aires. Lisandro Concatti

Entre las medidas más controvertidas adoptadas en los últimos meses destaca el anunciado “cierre y reestructuración” del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, una decisión comunicada por el Gobierno. Este espacio emblemático, dedicado a la reflexión, la educación y la construcción colectiva en torno a la memoria, la verdad y la justicia, se encuentra en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA). 

Durante diciembre, el Ministerio de Justicia rescindió el contrato a 2.400 empleos, de los cuales 400 correspondían a la Secretaría de Derechos Humanos

Durante la dictadura cívico-militar, este sitio funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina, lo que le confiere un profundo significado histórico y simbólico para el país.

Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una entrevista con el medio argentino La Nación, afirmó que “una vez reabierto, el Conti no se centrará exclusivamente en el periodo de la última dictadura militar y el terrorismo de Estado, sino que abordaría otras problemáticas de derechos humanos en democracia”.

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Claudia Victoria Poblete Hlaczik junto a su abuela Buscarita Roa, vicepresidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Lisandro Concatti

La lucha para mantener viva la memoria

El sábado 4 de enero, miles de personas se congregaron en este predio para participar en el festival “Una memoria que arde”, una manifestación cultural y social en repudio a los masivos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y al anuncio del cierre de espacios de memoria.

Bajo el lema “Sin trabajadores no hay memoria”, el evento fue organizado por empleados del Centro Cultural Conti y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes denunciaron el desmantelamiento de áreas clave para la preservación de la memoria histórica en Argentina. 

Durante diciembre, el Ministerio de Justicia rescindió el contrato a 2.400 empleos, de los cuales 400 correspondían a la Secretaría de Derechos Humanos. Esta medida dejó severamente afectadas las estructuras de trabajo en sitios de memoria y áreas fundamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.

“En la Secretaría de Derechos Humanos y en el Centro Cultural, desde que asumió esta gestión, tuvimos despidos durante todo el año”, comentó a El Salto Nana González Rehermann, trabajadora del Centro Cultural Haroldo Conti y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Y agregó que tienen en estos momentos “la mitad de los trabajadores de la Secretaría y más de la mitad de los trabajadores del Centro Cultural despedidos”.

El vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos

Paralelamente, según denuncian organizaciones de derechos humanos, sindicatos y trabajadores, se ha llevado a cabo un vaciamiento presupuestario y estructural de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la gestión del ministro Mariano Cúneo Libarona. 

Esta Secretaría, que ha sido clave en el acompañamiento a las víctimas y en el avance de los juicios de lesa humanidad, enfrenta ahora un debilitamiento que pone en riesgo su capacidad de acción y cuestiona el rol del Estado como garante de los derechos fundamentales.

“Han vaciado las políticas que se llevan adelante desde el Ministerio de Justicia y también desde la Secretaría de Derechos Humanos. Va a ser muy difícil seguir sosteniendo las políticas de memoria, verdad y justicia con tan pocos trabajadores”, comentó González Rehermann.

Recientemente, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), también ubicado en la ex ESMA, sufrió el despido de al menos 30 trabajadores, lo que representa una significativa reducción en su planta total de 130 empleados. Este recorte afecta especialmente a las áreas dedicadas a investigaciones históricas, que desempeñan un papel crucial en la elaboración de respuestas a requerimientos judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad. La pérdida de personal especializado compromete directamente la capacidad del archivo para cumplir con su misión de preservar y facilitar el acceso a documentos esenciales en los procesos de memoria, verdad y justicia en Argentina.

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Manifestantes levantan carteles con fotografías de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, durante la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, del 24 de marzo de 2024 . Lisandro Concatti

Además, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que desempeña un rol esencial en la investigación de casos de víctimas y el análisis de Centros Clandestinos de Detención (CCD), opera con solo tres trabajadores. Este equipo reducido también es responsable de la actualización de los legajos elaborados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), lo que pone en riesgo la continuidad y la calidad de estas tareas fundamentales para la memoria histórica y la justicia en Argentina.

Organismos de derechos humanos en Argentina emitieron un comunicado conjunto expresando su enérgico repudio hacia la decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, de despedir y suspender a empleados de la Secretaría de Derechos Humanos en vísperas de Año Nuevo.

En el documento, los firmantes condenan la medida, calificándola como un acto de “cinismo repudiable” y acusando al Ministro de Justicia de avalar esta decisión. Según los organismos, estas acciones representan el “rostro más inhumano” de la actual gestión, poniendo en evidencia un desprecio por los derechos de los trabajadores y el compromiso histórico del país con las políticas de memoria, verdad y justicia.

En una entrevista con el medio argentino El Destape, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió al gobierno de Javier Milei como “un gobierno legal, pero que hace ilegalidades”. Según Carlotto, la administración de Milei está empeñada en “destruir todo aquello que no quieren que exista”.

“El impacto que tiene que se vacíen en las políticas de memoria, verdad y justicia todavía no se puede dimensionar”, indicó González Rehermann.

Claudia Poblete Hlaczik, nieta restituida y miembro de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con El Salto, resaltó la importancia de los espacios de memoria, considerándolos “herramientas indispensables para la transmisión de la historia a las nuevas generaciones”. Según explicó, estos espacios son fundamentales porque “son lugares donde todo el tiempo se genera contenido y recursos para seguir construyendo memoria”.

Los centros de memoria en los juicios por los crímenes de la dictadura, señalando que “los centros de memoria son prueba judiciales en los juicios que aún continúan”

Además, Poblete Hlaczik destacó el papel crucial de los centros de memoria en los juicios por los crímenes de la dictadura, señalando que “los centros de memoria son prueba judiciales en los juicios que aún continúan” y que su mantenimiento depende del trabajo constante de los trabajadores que los gestionan.

El nieto 138, una luz de esperanza y una búsqueda que continúa a pesar de todo

Antes de que concluya 2024, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de su nieto número 138, que nació durante el cautiverio de su madre en la ESMA. Es hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, quienes fueron secuestrados el 10 de diciembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires.

Poblete Hlaczik se refirió a la restitución como “una excelente noticia en un año muy difícil”. Para la organización, explicó, cada restitución es “una gran alegría y un gran aliciente”. 

Además, destacó la relevancia de este tipo de anuncios para mantener viva la memoria colectiva y señaló que “es muy importante porque hace recordar a toda la sociedad que la búsqueda continúa”. Poblete Hlaczik enfatizó que, a pesar de los desafíos, “seguimos buscando a los y las nietas”.

Además, destacó que muchas de las herramientas utilizadas por Abuelas en su búsqueda de los nietos, herramientas que fueron desarrolladas y logradas a lo largo de 47 años de lucha, están ahora en riesgo. Y aseguró que están haciendo todo lo posible para “defender” estas herramientas y hacer comprender al gobierno “la importancia de cuidar lo conseguido y de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado respecto de la búsqueda de las personas desaparecidas”.

Antes de que concluya 2024, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de su nieto número 138, que nació durante el cautiverio de su madre en la ESMA

En este sentido, Poblete Hlaczik también advirtió sobre las dificultades inherentes a la búsqueda de los nietos, señalando que “encontrar un nieto o una nieta es algo muy difícil”, y resaltó que “con todas las herramientas del Estado funcionando ya es complicado, no nos podemos dar el lujo de perder ninguna”.

Los retrocesos impulsados por la administración de Javier Milei no solo amenazan los avances logrados en materia de derechos humanos, sino también el significado simbólico de espacios que son pilares de la memoria colectiva.

“La lucha por la memoria, la verdad y la justicia es un compromiso ético que tenemos los argentinos y es un consenso alrededor del Nunca Más (...) es una es un consenso generalizado de la sociedad que hay que defender”, enfatizó Nana González Rehermann.

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