Macarena Amores García

“Vencidas y desarmadas, pero nunca convencidas”. Así eran las mujeres de una generación irrepetible. Como Ana Muñoz García, la abuela de mi amiga María José.

En relación a las tecnologías, explicaba Tomás Ibáñez -psicólogo, militante libertario y teórico anarquista-, que su fabricación ha acompañado al ser humano desde sus inicios, y que estas han incidido prácticamente en todos sus comportamientos y en las relaciones con los demás a lo largo de toda su evolución hasta nuestros días. Esta es una de las principales razones por las que no podemos obviar los efectos que se derivan de las mismas, sobre todo por el impacto que están teniendo en nuestras condiciones de vida las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), especialmente en el ámbito de la profesión periodística.

Adriana Urrea, reportera y secretaria general de SUTNotimex, explica por qué se está realizando el paro en esta agencia de noticias mexicana. Una huelga que cumple ya 15 meses.

Se exponen los problemas de Salvamento Marítimo, cuerpo progresivamente acorralado por los distintos Gobiernos, de derechas o izquierdas

Un policía puede hacer comentarios sobre tu aspecto físico o puede, obscenamente, “advertirte” de un cacheo. Un policía puede llamarte “puta de mierda” mientras ejerces tu derecho a manifestarte. También, la misma policía, -a través de alguno de sus pseudosindicatos-, puede intentar “chantajear” a organizaciones que señalan la complicidad del Estado y de sus instituciones a la hora de perpetuar un sistema que fomenta la violencia contra las mujeres.

Frontex es la respuesta de la Unión Europea a la llegada de personas migrantes a nuestras costas. Es la elección de nuestros Gobiernos (de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores) por la militarización y la colaboración con los diferentes cuerpos policiales de los Estados europeos para “proteger”, -como bien reproducen en la página oficial de la agencia-, “el espacio de libertad, seguridad y justicia, sirviendo a los intereses de la ciudadanía”, y custodiando los límites fronterizos entre ricos y pobres. Frontex es también un negocio millonario para los Estados miembros de la UE y sus multinacionales, a costa de gente que no tiene más alternativa que la huida de sus territorios, personas que en el peor de los casos saben, desde antes de adentrarse en el mar, que esta decisión puede suponer el fin de todo. Al contrario de lo que se pueda pensar (y reproducir en los medios convencionales), en muchas ocasiones la actitud de todas estas personas, que prefieren morir intentando llegar a otros países más prósperos, es de valentía, amor propio y necesidad.

La jueza Servini ha tomado declaración esta semana al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, en el marco del procedimiento abierto desde hace diez años en la Querella Argentina, el último intento de familiares y víctimas del régimen contra los crímenes de lesa humanidad. Martín Villa es ese siniestro personaje que admitió públicamente -tras el montaje político, policial y judicial del Caso Scala (1978) que tenía como objetivo acabar con la reorganización del Movimiento Libertario en el Estado español- que estaba más preocupado por los anarquistas que por ETA. Bajo su responsabilidad política, durante el tardofranquismo y los años de la transición, se cometieron muchísimos crímenes que no fueron investigados, ni sus responsables juzgados.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), de la que la Confederación General del Trabajo (CGT) forma parte, organizó un encuentro virtual con Fabián Salvioli, relator de la ONU el pasado jueves, 16 de julio, con motivo del Examen Periódico Universal sobre los crímenes del franquismo y la transición. Junto a él, en la charla, participaron Jacinto Lara y Paloma García de la plataforma, y pudo seguirse en directo a través de You Tube y videoconferencia para medios y periodistas.

Se han cumplido 25 años desde que las familias de Lasa y Zabala pudieron enterrar dignamente –que no tranquilamente-  los restos de los jóvenes torturados y asesinados por los GAL a principios de los años 80. El último adiós a los dos vascos, quienes no habían cometido ningún delito cuando fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la Guardia Civil, estuvo marcado por la violencia del Estado. Hoy, 25 años después, con una formación “ultraizquierdista” cogobernando el país y sabiendo, como sabemos, que muchos culpables de este crimen no se sentaron en el banquillo para ser juzgados, se cuestiona la conveniencia de apoyar cualquier vía de investigación sobre la banda parapolicial que asesinó impunemente a las órdenes de un Gobierno “democrático” durante algo más de 4 años. La negativa en un primer momento de la formación de Pablo Iglesias a investigar a los GAL y la rectificación a las pocas horas por las presiones recibidas dentro del propio partido, nos debe hacer reflexionar sobre si el mensaje de la “cal blanca” del líder de Podemos en “modo oposición” era falso (una estrategia electoral más), o si al final va a ser verdad aquello de que los mecanismos para revertir el orden establecido y darle la vuelta a este sistema no se pueden activar desde el interior de las instituciones.

Ante una emergencia en la mar, rescatar a las personas debe ser la prioridad. Si no es posible, la preferencia es encontrar los cuerpos de las personas y entregárselos a sus familiares para que puedan comenzar el proceso del duelo. Luego debería recuperarse la embarcación, o sus restos. Si no fuese posible tampoco, lo correcto sería utilizar los medios existentes –que los hay- para obtener todos los datos sobre el siniestro, saber las circunstancias que causaron los problemas, y por último encontrar las explicaciones convenientes para garantizar que no vuelvan a repetirse accidentes donde la gente pierda la vida mientras se la gana. Y todo lo demás sobra