Cádiz
Una mujer víctima de violencia de género, con cáncer y dos hijas menores, desahuciada en Cádiz

Tamara tiene 46 años y tiene a cargo a dos hijas menores de edad, a su espalda, además de estar diagnosticada con cáncer y haber sobrevivido a la violencia machista, tiene un recorrido de búsqueda de un hogar para su familia en Cádiz capital. Desde hace más de un año se encuentra viviendo en una VPO en la que entró, este martes se ha efectuado el desahucio.

“Cobro el ingreso mínimo vital y puedo pagar un alquiler, pero no los quinientos u ochocientos euros que vale alquilar una casa, no me lo puedo permitir”, explica Tamara

Antes de entrar en esta VPO, perteneciente a PROCASA, la empresa de vivienda perteneciente al Ayuntamiento gaditano, Tamara vivía en un bloque de pisos en el que se producía mucha violencia y por ello intentó acercarse a las instituciones para que le dieran una alternativa. “Pedí ayuda porque mi vida y la de mis hijas corrían peligro, y la respuesta fue que no”, explica.

En diciembre de 2023, Tamara decide meterse en una casa que estaba en obras: “me vi obligada a meterme de okupa en una VPO”, sostiene esta vecina. Por primera vez en un tiempo “teníamos tranquilidad”, matiza Tamara.

Tamara explica que esta situación le está afectando en su salud mental: “Estoy con antidepresivos” e insiste en la falta de respuesta de las instituciones: “No me han dado ninguna solución, solo me dan diez días de pensión o me dicen que regale a mis hijas”.

Esta vecina, que se ha quedado sin el hogar que lleva construyendo más de un año, está dispuesta a acceder a un alquiler social: “cobre el ingreso mínimo vital y puedo pagar un alquiler, pero no los quinientos u ochocientos euros que vale alquilar una casa, no me lo puedo permitir”.

Desde la APDHA Cádiz denuncian esta situación y exponen que está “totalmente injustificado que el ayuntamiento proceda a arrojar a una madre enferma con dos menores a la calle, sin promover todos los mecanismos necesarios para procurarles el derecho a una vivienda” y sin ni siquiera “permitir que los menores concluyan el curso escolar, como así avalan multitud de sentencias”.

Un desahucio contradictorio

El colectivo en favor de los derechos humanos denuncia además la “contradicción” que supone que dos organismos del mismo Ayuntamiento, por un lado, declaren la situación de vulnerabilidad de la familia y, por otro, interpongan una denuncia por la ocupación de una vivienda. Además, señalan que PROCASA, no ha optado por el desahucio administrativo, es decir, por la vía judicial, sino por la vía penal, lo que podría tener consecuencias de multas y prisión para Tamara. Una decisión que desde la APDHA creen “busca criminalizar a una familia vulnerable, cuando lo más grave es la inoperancia de los poderes públicos para hacer cumplir el derecho fundamental a la vivienda”.

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La asociación ha pedido que el desahucio se paralice según el Real Decreto-ley 1/2025, que permite suspender desahucios en casos de vulnerabilidad, como este. Una petición que ha sido denegada y que será recurrida por el colectivo.

Desde el Ayuntamiento, cuyo alcalde del PP es Bruno García, ha justificado la decisión de la empresa pública de vivienda alegando que: “Procasa no desahucia desde 2023, lo que hace desde entonces es denunciar las ocupaciones ilegales”. Desde el PP además insisten en que tienen “que cumplir la ley”. Además, desde el consistorio han anunciado la oferta de un particular para ofrecer a Tamara, un alquiler, aunque por ahora no se ha puesto en contacto con la afectada ni han trascendido bajo qué condiciones se realizaría la oferta.