Crisis climática
Con la COP25 en Madrid urge una marea por la justicia climática

La 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) iba a realizarse en Santiago de Chile entre el 2 y el 13 de diciembre, pero el Gobierno derechista de Sebastián Piñera se vio forzado a cancelarla por el estallido social.

El país andino vive una profunda crisis causada por un modelo neoliberal, impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar de Pinochet, cuyas consecuencias han acabado en las recientes movilizaciones. Se han organizado marchas multitudinarias, huelgas y asambleas en todo el territorio. Muchas demandas de las protestas tienen que ver con las crecientes desigualdades y conflictos socioambientales y se originan en las luchas locales por justicia ambiental.

Aunque la COP25 se traslade a Madrid, la comunidad internacional debe condenar al Estado chileno

Con la suspensión de la cumbre climática y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Gobierno chileno pretende ocultar este conflicto social y político así como la brutal represión contra las protestas que dejó —por lo menos— 20 muertos. Según los últimos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han registrado 4.316 detenciones, 1.574 heridos en hospitales y 179 acciones judiciales que incluyen denuncias por homicidio, violencia sexual y torturas.

Aunque la COP25 se traslade a Madrid, la comunidad internacional debe condenar al Estado chileno y a las fuerzas policiales y militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, así como permanecer profundamente vigilante sobre la represión continua en Chile.

La anulación de la COP25 en Chile es una derrota grande de Piñera, que se esforzaba por mostrarle al mundo un “país exitoso” y la “cara amable del neoliberalismo” y un triunfo del pueblo chileno en rebeldía, aunque muchas organizaciones querían que estos eventos internacionales sirvieran como oportunidad para aumentar la presión sobre el gobierno. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, una de las plataformas de ONG, se subrayó que la cumbre de Naciones Unidas no se puede celebrar en un país donde se vulneran los derechos humanos y apostaron a que se lleve a cabo “pero en contexto de democracia plena”.

“El estallido social tiene una estrecha relación con razones ambientales”, afirma Maisa Rojas, coordinadora del Grupo científico de la cumbre sobre cambio climático. El lamentable panorama está caracterizado por la minería a cielo abierto, hidroeléctricas y centrales térmicas de carbón, monocultivos de árboles y desertificación, la escasez de agua, la cría intensiva de salmones, la contaminación de aire e incendios forestales.

La reubicación de la cumbre a Madrid será la excusa perfecta de algunos gobiernos para retrasar la puesta en marcha de medidas necesarias en la región latinoamericana

Las movilizaciones —que reclaman entre otros una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución— son parte de las largas luchas contra la impunidad de la dictadura, el neoliberalismo (de allí el lema “No son 30 pesos, son 30 años”) y en torno a los diferentes conflictos por la defensa de territorios, el acceso y control de recursos o contra la contaminación.

De hecho, 2018 fue el año con más conflictos socioambientales en Chile, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que registró 116, aunque puede haber más. Muchos de ellos causados por empresas transnacionales o para la exportación de recursos naturales al exterior.

Teniendo en cuenta el creciente peso de los conflictos socioambientales en la articulación de cualquier movimiento popular, podemos observar similitudes entre, por ejemplo, las protestas de los Chalecos Amarillos en Francia y el estallido en Chile. Eso plantea un gran desafío: “Las transformaciones sociales que se exigen hoy se deben pensar necesariamente a la par con las dimensiones y relaciones socioecológicas en la base de todo proyecto económico alternativo en el país”, como afirma el científico chileno Cristian Alarcón.

Con la COP25 el Gobierno español intenta ocultar su inacción en la lucha contra el calentamiento global, así como sus políticas negativas como subvencionar combustibles fósiles o el aceite de palma

Pero las cumbres de la ONU están muy lejos de eso: ni logran avances ante la emergencia climática ni cumplen con lo que indica la ciencia que se debería hacer. Eso sí, la reubicación de la cumbre a Madrid será la excusa perfecta de algunos gobiernos para retrasar la puesta en marcha de medidas necesarias en la región latinoamericana.

En este contexto, las organizaciones chilenas han decidido mantener la convocatoria de la Cumbre Social por la Acción Climática y la Cumbre de los Pueblos bajo el lema “Salvemos la Tierra cambiemos el sistema” para construir alternativas al neoliberalismo y justicia climática.

Razones para ser pesimistas

Traer la cumbre a Madrid no era una “generosa oferta”, como lo calificó Piñera, sino una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez con fines electoralistas que socava la lucha por los derechos humanos de la sociedad chilena y blanquea la represión contra los manifestantes. Cuando debería exigir a Piñera el fin de las violaciones de derechos humanos, que se depuren responsabilidades y atienda las demandas del movimiento popular, Sánchez le ayuda a zafarse del foco internacional.

Es posible que el PSOE exprima la preparación de la cumbre para sacar votos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre intentando subirse a la “ola verde” que ha causado alguna que otra sorpresa electoral en otros países.

Asimismo, con la COP25 el Gobierno español intenta ocultar su inacción en la lucha contra el calentamiento global, así como sus políticas negativas como subvencionar combustibles fósiles o el aceite de palma, concesiones a la industria automovilística y de aviación, amortización de las grandes eléctricas o construir infraestructuras innecesarias, que están agravando la emergencia climática.

Los movimientos ecologistas llevan meses pidiendo a la ministra de “transición ecológica”, Teresa Ribera, que incremente sustancialmente la ambición del proyecto de ley de cambio climático y energía y el borrador del Plan Nacional integrado de Energía y Clima. Algo que no ha hecho. Pero España necesita enmendar su acción contra el cambio climático, reduciendo sus emisiones un 55% para 2030 (tomando como referencia el año 1990), apostando un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, pagando su deuda climática con el Sur global y cambiando radicalmente varias políticas sectoriales.

Es inaceptable la idea de recluir en un edificio blindado las negociaciones sobre la implementación del Acuerdo de París, mientras que en Chile, Ecuador, Haití, Líbano o Nigeria las manifestaciones son duramente reprimidas

Sin embargo, se puede intuir que el Gobierno español ignorará estas demandas y tantas otras como la eliminación de los mercados de emisiones o el incremento de recursos para el Fondo Verde del Clima, que dificultarán la efectividad del Acuerdo de París. Con la tendencia actual de las emisiones de gases de efecto invernadero es imposible evitar que la temperatura global supere el 1,5°C. Nos acercamos a escenarios de un calentamiento global de entre 3 y 4ºC, lo que hará difícilmente habitables para el ser humano vastas zonas del planeta.

Preocupa también que localizar la cumbre en Madrid deja muy poco tiempo para organizar una movilización y una contra-cumbre en condiciones. Algo que normalmente lleva un año o más de preparación ahora se debe hacer en un mes.

Por último, la participación de la sociedad civil en la cumbre oficial se verá fuertemente mermada por un cambio de ubicación a un mes de celebrarla. Para muchas y muchos activistas climáticos jóvenes, indígenas, campesinos y para aquellos que defienden las voces marginadas, especialmente del sur global, será inviable acudir a Madrid.

Un encuentro internacional de estas características requiere de la participación de todos los países —muy en concreto de Chile— y en especial de aquellos más afectados por la crisis climática que necesitan de un apoyo económico y logístico para desplazarse a la COP25. Es inaceptable la idea de recluir en un edificio blindado las negociaciones sobre la implementación del Acuerdo de París, mientras que en Chile, Ecuador, Haití, Líbano o Nigeria las manifestaciones son duramente reprimidas porque es contrario a la noción misma de solidaridad y justicia climática.

Es más que probable que disminuya la representación de la sociedad civil organizada, lo que agudizará la penetración de los intereses de las industrias fósiles en las cumbres y la rebaja de un acuerdo que ya de por sí es insuficiente.

El colmo del cinismo

Para ofrecer a Chile el apoyo de España, la ministra —en funciones— Teresa Ribera calificó en Twitter de "agenda doméstica" las manifestaciones más importantes en 30 años y la represión más violenta desde el fin de la dictadura chilena.

Días más tarde, Ribera ofreció ayuda a la activista sueca Greta Thunberg para cruzar el Atlántico y asistir a la cumbre. Veremos si el gobierno será igual de ágil a la hora de aprobar ayudas para financiar el viaje de otros miles de activistas a Madrid (por ejemplo, de organizaciones chilenas, latinoamericanas y otras, que no pueden costearse el viaje a España).

Es estratégico articular una movilización fuerte en Madrid que fortalezca el movimiento por la justicia climática en el Estado español

Incluso el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han celebrado que la capital se haya convertido en anfitrión de este acontecimiento contra el cambio climático, a pesar de ser fervientes opositores de las medidas medioambientalistas del anterior Gobierno de Ahora Madrid.

Más escandaloso todavía es el hecho de que el gobierno de Chile mantenga la presidencia de la COP25. Una de las primeras encomiendas de las movilizaciones en España debería ser demandar que la cumbre no sea presidida por Chile. Su retirada como anfitrión de la COP25 no puede alejar nuestra atención de la actual crisis.

Una oportunidad para subir la ola

Por más que las cumbres climáticas sean un ejercicio fraudulento de los poderes políticos y económicos, no podemos dejar pasar esta oportunidad en la que gran parte de la sociedad mirará a este tema.

Es triste admitir que las cumbres de la ONU han ido de fracaso en fracaso. Que sean una puesta en escena de la hipocresía, cooptadas en gran parte más por el lobby del capital transnacional y las empresas de los combustibles fósiles. O que la gobernanza climática no represente al interés común ni pretenda cambiar las causas estructurales: el sistema económico y político que pone los beneficios antes que los derechos de las personas y del resto de seres vivos.

Está claro que no necesitamos más cumbres de gobiernos y multinacionales sino más movilización, trabajo de base y acciones de desobediencia civil, coordinada y masiva, como lo propone la plataforma 2020 Rebelión por el Clima

A pesar de todo ello, numerosas organizaciones y colectivos han iniciado un trabajo contrarreloj para generar espacios alternativos a la COP25. Es estratégico articular una movilización fuerte en Madrid que fortalezca el movimiento por la justicia climática en el Estado español.

Si repasamos el activismo de los últimos meses, con la Juventud por el clima, las huelgas, Extinction Rebellion, la plataforma de acción 2020 Rebelión por el Clima, la manifestación del 27 de septiembre (la más grande que se ha hecho en Madrid con temas climáticos), acciones directas como la del 7 de octubre, iniciativas como Madres y Feministas por el Clima o Trabajadoras/es por el Clima, podemos decir que estamos en un momento de una cierta efervescencia de la lucha climática, pero solo cierta.

Eso nos obliga a intentar subir la ola al máximo. Para ello necesitamos de mucha inteligencia colectiva y buscar el máximo apoyo social. La cumbre de Madrid sera, muy probablemente, un momento clave para la respuesta social ante la emergencia climática.

Cada vez hay más interés en trabajar transversalmente. Está claro que no necesitamos más cumbres de gobiernos y multinacionales sino más movilización, trabajo de base y acciones de desobediencia civil, coordinada y masiva, como lo propone la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y como lo evidencia la experiencia de Ende Gelände con las ocupaciones de minas de carbón en Alemania.

Estaría bien organizar urgentemente asambleas de movimientos sociales y colectivos tanto para Madrid como en otros puntos de la península

Y hay otro detalle no menos relevante: la cumbre será en la ciudad en la que la Plataforma en Defensa de Madrid Central ha movilizado miles de personas para evitar que el Gobierno municipal del Partido Popular dé marcha atrás en las medidas contra la contra la contaminación del aire. El Madrid del 15M y las mareas en defensa de los servicios públicos, el Madrid antirracista y feminista, el Madrid de La Ingobernable, de las Marchas de la Dignidad y la huelga climática del 27S.

Hace falta mucha ayuda

Esta marea por la justicia climática en diciembre requiere la movilización del máximo de personas de la Península, Europa y más allá. Y la cosa no es solo organizar buses y trenes, sino acompañar a quienes movilicemos y que lleguen a Madrid (alojamientos solidarios, espacios para charlas, comidas, acciones, apoyo legal, cuidados, bailes, etc.). En medio de las dos semanas de la cumbre está el puente de diciembre que puede facilitar que vengan más personas del Estado.

Aún es precipitado hablar del calendario porque habrá que esperar a las primeras reuniones de las plataformas convocantes de la pasada huelga mundial por el clima. Se basarán en los acuerdos previos a nivel internacional a los que se habían llegado antes de la suspensión de la cumbre en Santiago.

Estaría bien organizar urgentemente asambleas de movimientos sociales y colectivos tanto para Madrid como en otros puntos de la península. Cualquier ayuda será necesaria y muy bien recibida.

Más información muy pronto en 2020rebelionporelclima.net.