Catalunya
El Senado veta la Amnistía y la Audiencia Nacional intenta que los imputados de Tsunami abandonen el exilio

Continúan los movimientos políticos realizados por el PP y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para tratar de encarcelar a los 11 imputados en el caso conocido como Tsunami Democràtic y evitar que puedan acogerse a la amnistía: el Senado, cuya mayoría ostenta el Partido Popular, ha vetado hoy la Ley de Amnistía, por lo que la norma volverá al Congreso, donde la Junta de Portavoces agendará el 21 de mayo su aprobación en el próximo pleno del jueves 30, o lo pospondrá al del 13 de junio. Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional solicitó en la tarde de ayer la declaración el 22 de mayo por videollamada, pero desde la sede de un juzgado de Barcelona, a ocho de los 11 imputados, que actualmente se encuentran en el exilio para evitar las medidas cautelares que García-Castellón pudiera o deseara tomar, como la prisión preventiva, y denunciar internacionalmente cómo criminalizan dos de los estamentos españoles el derecho a la protesta no violenta. 

Tras la petición de declaración por videollamada desde Barcelona, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia ha calificado hoy el caso de “delirio jurídico para tratar de criminalizar organizaciones sociales y políticas”. Los propios afectados, más los tres compañeros que no están citados para comparecer desde Barcelona, han firmado un comunicado en el que advierten de que, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, están “alineados con la extrema derecha para deslegitimar una ley [la de Amnistía] que cumple los estándares internacionales, como ha confirmado la Comisión de Venecia. Por ello utilizan la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida”.

Los once imputados en la causa del Tsunami Democràtic denuncian el “uso fraudulento del delito de terrorismo y su infundada atribución”

La declaración la han firmado Carles Puigdemont, Marta Rovira, Ruben Wagensberg, Josep Lluís Alay, Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Marta Molina, el periodista Jesús Rodríguez, Oleguer Serra y Oriol Soler i Xavier Vendrell, además de los partidos Junts per Catalunya, ERC y la CUP y la asociación Òmnium Cultural.

El Tsunami Democràtic fue la “respuesta de miles de ciudadanos de Catalunya que en el otoño de 2019 ejercieron su derecho fundamental de la protesta, en el marco de la acción noviolenta, contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a nueve líderes sociales y políticos a más de 100 años de prisión”, recuerdan los imputados. La encarcelación de los líderes del Procés fue denunciada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Aribtrarias de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Pasados los años, el Gobierno español les concedió el indulto, el Congreso reformuló el Código Penal para eliminar el delito de sedición y, por último, la Ley de Amnistía se encuentra en su última fase de tramitación parlamentaria, recuerdan los imputados, los cuales podrán acogerse a dicha norma cuando salga publicada en el BOE. 

“Este uso fraudulento del delito de terrorismo y su infundada atribución a las personas que firmamos esta declaración se suma a años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales en el tejido asociativo y el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados de Catalunya”, recuerdan. 

El juez García-Castellón intenta imputarles el delito de terrorismo por la muerte de un turista francés de 64 años, que falleció de un infarto el día de las protestas en el aeropuerto del Prat de Llobregat. Los servicios médicos tardaron tres minutos en atenderle, pero murió en el Hospital de Bellvitge. Ni Emergencias ni los Mossos d’Esquadra incluyeron el fallecimiento en los informes de la protesta de aquel día. El delito de terrorismo no es amnistiable.

El cúmulo de fechas superpuestas entre declaraciones judiciales, tramitación parlamentaria y formación del Parlament catalán podrían encallar las negociaciones para investir 'president'

La formación del Parlament

El requerimiento del juez García-Castellón tuvo lugar un día después de las elecciones de Catalunya. El rechacho del Senado —pautado anteriormente—, dos días después. La incógnita es cuándo el Congreso tramitará la Amnistía, una ley que podrá ser usada en las negociaciones para formar el Parlament de Catalunya. De momento, dos candidatos presindenciables se han postulado a la investidura: el socialista Salvador Illa (42 escaños y ganador de los comicios) y el postconvergente Carles Puidemont (35 escaños y segunda fuerza).  Tanto Puigdemont como Ruben Wagensberg (ERC) han sido citados por la jueza del Tribunal Supremo Susana Polo entre el 17 y 21 de junio —la primera votación de la primera ronda de investidura en el Parlament está prevista para el 17 de junio y la segunda votación, el 27 de junio; si no sale president, la segunda ronda ya pasaría a agosto—.

Todo este cúmulo de fechas superpuestas entre declaraciones judiciales, tramitación parlamentaria y formación del Parlament catalán podrían encallar las negociaciones políticas para consensuar, en la medida de lo posible, un 'president' de la Generalitat. 

Ni los socialistas catalanes ni Esquerra Republicana darán sus votos a Junts, según han afirmado ambas formaciones, dibujando un panorama que reduce las opciones: Salvador Illa como presidente de la Generalitat mediante abstenciones y apoyos externos o repetición electoral.