Comunidad de Madrid
Miles de niños y niñas perderán a sus educadoras en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

“Llevo 16 años trabajando en esta escuela infantil y ahora me voy a la calle”. Rosana Marcos Abril es educadora en la Escuela Infantil La Paloma, perteneciente a la Red de Escuelas de la Comunidad de Madrid de gestión directa, dependiente del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular). Es personal laboral temporal, como la gran mayoría de las trabajadoras en estos centros. Tras un proceso de estabilización organizado por la comunidad, en su escuela se despedirá a diez trabajadoras de 17. Son ocho aulas con dos educadoras por aula más una de apoyo para todo el centro. “Mi hijo perderá a sus educadoras de referencia. Una no ha aprobado y la otra ha aprobado y puede elegir otro destino. Puede ser que tampoco continúe”, denuncia Elisabeth López León, mamá de un niño de diez meses que acude a esta escuela. Recuerda que los peques pasan por un periodo de adaptación al principio de curso de un mes. Ahora, tras la vuelta de vacaciones de Navidad el escenario cambiará “de golpe y porrazo”.

Ante las exigencias de la Unión Europea plasmadas en la Ley Iceta, que mandata que solo puede haber un 8% de personal temporal trabajando en las administraciones, con fecha tope de cumplimiento para enero de 2024, la Comunidad de Madrid ha lanzado unos procesos de estabilización para el personal laboral que se encuentra trabajando en fraude de ley, sobre la bocina. Unos procesos “caóticos” que están suponiendo un “ERE encubierto", tal y como denuncian organizaciones sindicales.

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El Gobierno de Ayuso asegura que se tendrán en cuenta la experiencia de las integradoras sociales momentos antes de que la comunidad educativa se concentrara en señal de protesta por las irregularidades en los procesos de consolidación.

Según los datos oficiales, la Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 486 centros educativos de cero a tres años públicos que albergan a 44.630 niños y niñas. De estos centros, y según fuentes sindicales, 57 son escuelas infantiles de gestión directa y 79 son unidades instaladas en los colegios públicos. Los procesos de estabilización afectan al personal de estos dos tipos de centros. En total 136 espacios con una media de 90 alumnos por centro, por lo que habrá miles de niños y niñas afectadas por estos procesos.

Para estabilizar sus puestos salieron 409 plazas. “Puede ser que alguna tenga suerte y pueda elegir el sitio donde estaba, pero lo más probable es que muchas cambiemos. En todas las escuelas infantiles hay personal que se va a mover”

Marcos, delegada de CCOO en su centro, explica que para estabilizar sus puestos salieron 409 plazas. De estas plazas, buena parte de las educadoras que llevaban desde hace años en fraude de ley no han superado la prueba teórica y, por ello, perderán su puesto y los niños y niñas a sus profes de referencia. También pueden perder a las educadoras que han conseguido plaza por lo que puede haber movimiento en todas las clases. “De un lado entrarán educadoras nuevas y, del otro, las antiguas que han conseguido estabilizar su plaza tienen opción a pedir otro destino más cercano a sus casas”, explica. Marcos, como otras compañeras, ha decidido pelear por su fijeza ante los tribunales. Tiene el juicio el próximo día 20 de enero.

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CGT avisa de que se va a despedir a miles de integradores sociales, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal laboral con unas oposiciones plagadas de reclamaciones y errores.

Y avisa, estos procesos de estabilización significarán volver a la casilla de salida: “A las que no hemos superado el examen nos echarán a la calle, pero no. Nos meterán en una bolsa y volveremos a trabajar en las escuelas infantiles continuando con un contrato temporal en fraude de ley”, resumen. Unos procesos de estabilización que han consolidado la inestabilidad de sus plazas, resume.

Procesos de estabilización sin considerar la experiencia

Beatriz (nombre ficticio) es educadora en una Escuela Infantil del norte de la Comunidad. Remarca que las educadoras llevan en fraude de ley desde hace 25 años, porque no se han hecho oposiciones hasta ahora que mandata Europa. Y, pese a que lo sabían desde 2021, lo hacen ahora “deprisa y corriendo”. En su escuela se van siete educadoras de diez. Ella ha aprobado pero no sabe si permanecerá en la escuela porque “puedes elegir plaza en función del lugar en el que has quedado en la lista”. “Puede ser que alguna tenga suerte y pueda elegir el sitio donde estaba, pero lo más probable es que muchas cambiemos. En todas las escuelas infantiles hay personal que se va a mover”, alerta.

Este escenario empuja a una reestructuración en los centros que se acometerá a mitad de curso, rompiendo la programación educativa y quebrando el proyecto que lleva cada escuela

Para Beatriz el proceso ha sido, además de caótico, injusto: el valor del examen teórico es mayor que los méritos, y estos son los que prueban que muchas llevan 20 años en el mismo puesto. Es más, si no se aprobaba el examen no se podía continuar en el proceso. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la fijeza de los interinos de larga duración sin necesidad de pasar por una oposición es una medida correcta para subsanar el recurrente abuso de temporalidad que realizan las administraciones públicas del Estado. La respuesta de Luxemburgo se dirigía al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que preguntó qué debía hacer con tres trabajadoras de la Generalitat que llevan encadenando contratos temporales más de diez años.

Niños con necesidades especiales

Este escenario empuja a una reestructuración en los centros que se acometerá a mitad de curso, rompiendo la programación educativa y quebrando el proyecto que lleva cada escuela. “Mi hija tiene una educadora y otra de apoyo y pierde a las dos. Van a continuar en el centro pero en otras aulas”, explica David Baquero, papa de una niña que acude a la Escuela Infantil El Madroñal de Vallecas. “Mi hija ha crecido con ellas, solo conoce a esas  profesoras. Ahora tiene tres años, lleva desde que tenía un añito con ellas”, explica. En su clase hay 18 niños y niñas y tres tienen necesidades especiales. La situación será más dura para estos últimos, asegura Baquero, que tienen el apego más agudizado. “A ellos les afecta más, necesitan más estabilidad en su persona de referencia”, explica.

“Exigimos que se produzca ese cambio a finales de curso. A los niños les supone un impacto emocional, les puede crear ansiedad, estrés y tristeza que, por su corta edad, muchos no saben gestionar”, denuncian familias y docentes unidos

Madres y padres como Elisabeth López León o David Baquero, personal docente y centros se han unido para realizar acciones conjuntas. Pertenecen a una veintena de centros que han comenzado una recogida de firmas en change.org. También están recogiendo firmas de manera física, contactando con el defensor del pueblo, con partidos políticos y quieren llegar a reunirse con el viceconsejero de Educación Infantil. “Exigimos que se produzca ese cambio en julio, a finales de curso, para no desestabilizar a los niños, que son los principales perjudicados en este proceso, ya que les supone un impacto emocional, les puede crear ansiedad, estrés y tristeza que, por su corta edad, muchos no saben gestionar”, aseguran en un comunicado conjunto.

“Despedimos a las educadoras el 20 de diciembre y a la vuelta van a ser otras. Esto para un bebé es un choque. Que se hagan procesos de estabilización pero no de esta forma”, expresa Rocío Mateos Belmonte madre del AMPA Escuela Infantil Lope de Vega, de Leganés. En esta escuela se van a perder once educadoras de 17. “También hay educadoras que han aprobado y se van fuera, pero esto todavía es una incógnita”. Las trabajadoras tienen hasta el día 12 de diciembre para elegir destino.

Un proceso que implica a más personal

Estos procesos de estabilización no afectan solo a las educadoras de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. En ellos se han visto inmersos personal laboral no docente como Integradores, Técnicos Especialistas III, Auxiliares de Control, Auxiliares de Servicios, Fisioterapeutas, Administrativos, personal de mantenimiento o enfermeras. Muchos de ellos trabajan en escuelas de educación especial, donde acuden 3.314 niños de toda la Comunidad de Madrid. Niños que son también vulnerables a estos cambios que se avecinan, denuncian las profesionales.

El personal en fraude de ley se concentraba el pasado miércoles 27 de noviembre ante la sede del gobierno de Ayuso en la Puerta del Sol. Trabajadores y trabajadoras fueron convocados por Cobas, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, sindicatos que denuncian en una nota conjunta que para poder sacar adelante los servicios, eso si no se privatiza parte de los mismos, “se tendrá que volver a contratar gente de forma temporal, eternizando la precariedad del personal, pues estos procesos tan chapuceramente realizados han dejado sin cubrir miles de plazas”. Por otro lado recuerdan que en los próximos años se jubilarán aproximadamente la mitad de los trabajadores en Educación. “Cabemos todas, quienes han estabilizado plaza y quienes no”, reclaman.