Comunidad de Madrid
Más precariedad para las trabajadoras de cinco centros para víctimas de violencia de género

El Comité de Empresa de Intress-Madrid ha denunciado esta semana que la nueva licitación para gestionar un total de cinco centros de atención a mujeres ahonda en la precarización de sus empleadas y dificulta la prestación de un servicio de calidad.

El Comité se refiere en concreto a cinco centros: el Centro de Día para mujeres víctimas de violencia de género en situación de exclusión social Ayaan Hirsi Ali, los centros de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos Centro de Emergencia 1 y Centro de Emergencia 2 y los centros de acogida para mujeres víctimas de Violencia de género y sus hijas Centro de Acogida 3 y Centro de Acogida 4. 

Según Elena Fernández, representante del Comité de Intress, la licitación de 2017 ahonda en la precarización de las condiciones de trabajo de entre 40 y 50 personas  empleadas en estos centros. “Hablamos de precariedad, más que de recortes”, dice Fernández.

Porque, pese a que la dotación económica aumenta, las nuevas condiciones contemplan un aumento de personal que no cubre ese aumento, explica. Según Fernández, lo más grave es que en la valoración de los proyectos “solo se ha tenido en cuenta la parte económica, pero no la técnica”.

El Comité asegura que la ocupación de estos centros es alta (uno de ellos, un 86% a lo largo de 2017) y que requiere de personal especializado y estable. Psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, cocineras, administrativas… Los perfiles son variados. “Hacemos esto público porque las condiciones en las que van a quedar estas trabajadoras con esta nueva licitación no sabemos si se va a poder prestar a las mujeres un servicio eficiente”, explica Fernández.

Como ejemplo, pone el caso de los turnos contemplados para uno de los centros de emergencia, donde con la cantidad y jornadas que contempla el proyecto no se pueden cubrir las 24 horas que este tipo de centros deben permanecer abiertos. 

Desde el Comité ven inexplicable esta línea de reducción o contención de gasto desde el Gobierno regional pese al “aumento presupuestario recibido en la Comunidad por la Unión Europea y por el Estado Español”. 

El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha mostrado su apoyo a estas trabajadoras, entre 40 y 50, y la diputada de Podemos, Clara Serra, ha registrado una pregunta al Gobierno regional.

la consejería considera que hay mejoras

Con el hashtag en Twitter #CifuentesSubastaRedMujer, el Comité de Intress hizo pública esta denuncia este martes, acusando directamente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la situación. En su discurso institucional de fin de año, Cifuentes pidió entre sus “deseos” para 2018 la eliminación de la violencia de género.

Es significativo, además, que una de las primeras notas de prensa de este año haya sido para anunciar un gasto de 101.665 euros para el Servicio de Orientación Jurídica a mujeres víctimas de violencia de género “que garantiza la atención jurídica a las víctimas de violencia de género”. En esa misma nota, recuerdan que la Comunidad de Madrid cuenta con una Red de Atención Integral para la Violencia de Género formada por 23 recursos residenciales y con 5 centros no residenciales. 

Desde la Consejería de Familia indican que las licitaciones a las que se refiere el comité contemplan una actualización de los salarios “calculada en base a las retribuciones recogidas en el Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017, alo que se ha añadido un 35% de gastos sociales”.

Además, aseguran que aunque la valoración de la oferta económica sobre el proyecto técnico tiene un peso del 80% “en los pliegos de los 2 centros de emergencia y del centro de día AyaanHirsi Ali, se ha reducido a un 70%, lo que significa que en un 30% se valoran otras propuestas de mejora que se incluyan”. En los otros dos, se ha reducido a un 75%.

La Consejería considera que se producen mejoras con respecto al pliego anterior, por ejemplo, con un coordinador a jornada completa y dedicación exclusiva, cuando en el Pliego anterior las compatibilizaba con la de Psicólogo o Trabajador social.

Con estas condiciones, el servicio de calidad estaría garantizado para la Consejería dado que se producen “incorporaciones a la plantilla en todos los recursos, actualización de los salarios y valoración positiva de la formación continua en materia de violencia de género”.