Congreso de los Diputados
El PSOE impide la comparecencia de Hacienda y Anticorrupción para explicar la regularización de Juan Carlos I

No han servido las informaciones sobre la regularización de cuatro millones de euros aportados por “amigos y empresarios” ante la Agencia Tributaria. Tampoco los detalles sobre la conexión con Arabia Saudí que se conocen a medida que progresan las investigaciones en la Fiscalía suiza. De nuevo, la Mesa del Congreso, con el voto decisivo de los integrantes del PSOE, PP y Vox, han dado por buenos los argumentos de los letrados de la Cámara y han rechazado que María Jesús Montero, la Agencia Tributaria y el Fiscal Anticorrupción expliquen los detalles de la regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I.

La iniciativa, puesta en marcha por ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, EH Bildu y BNG pretendía que compareciera la ministra de Hacienda, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, para explicar cómo se ha llevado a cabo la regularización de ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió de la fundación Zagatka. La mesa ha denegado, del mismo modo, la pertinencia de una pregunta de la diputada Míriam Nogueras (JxC) sobre la no apertura de expediente por parte de la Agencia Tributaria.

“Es evidente que hay un trato de favor, y es más evidente aún con la regularización”, denuncia la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua, una de las firmantes de la propuesta para la investigación en el Congreso. Como en anteriores ocasiones, la negativa se basa en el derecho a la protección de datos del Borbón.

Preguntada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda ha defendido que “todos los contribuyentes son iguales ante la ley”. Según Montero “es falso” que la Agencia Tributaria haya tenido información sobre las actividades del monarca. La regularización “no termina ningún proceso”, ha dicho Montero que ha recalcado que la Agencia Tributaria trabajará con la Fiscalía para esclarecer los detalles de este caso.

Las noticias publicadas el pasado viernes respecto a la regularización parten del supuesto de que esta es “espontánea y veraz”, un requisito que implica que la Agencia Tributaria no ha abierto en ningún momento investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I, incluso a pesar de las informaciones publicadas sobre el presunto cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

“Le han otorgado el privilegio de que regularice las cantidades defraudadas para evitar cualquier sanción penal o administrativa. Algo impensable para cualquier otro ciudadano, como sabemos todos los asesores fiscales”, escribía el pasado viernes Antón Beiras Cal, técnico de Hacienda en excedencia. Por su parte, el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ha pedido que se investiguen las condiciones de los “préstamos” de empresarios y amigos a Juan Carlos I, debido a la sospecha de que se trate de donaciones encubiertas como créditos, de forma que no deben tributar por ellas.

Para Aizpurua, la regularización fiscal de 4,4 millones es un reconocimiento del fraude por parte del propio Juan Carlos I pero, a pesar de ello, la mayoría de la Mesa del Congreso considera intocable al anterior jefe de Estado. “Una vez que salen a la luz tantas cuestiones, que ponen en evidencia el robo, ni siquiera ahora parece que se tomen medidas y que se vaya a castigar”, denuncia esta diputada abertzale.

Simultáneamente, los grupos citados junto a Más País, han presentado una nueva solicitud de conexión de investigación que examine la “conexión saudí” del monarca Juan Carlos I, y hasta que punto su sucesor, Felipe VI, conoce la actividad como comisionista que ha ejercido su padre en el caso del AVE Medina-La Meca.

En la actualidad, la Fiscalía Suiza investiga la transferencia de cien millones de euros por parte del Gobierno saudí a una cuenta de la Fundación Lucum en el banco Mirabaud de Bahamas. El beneficiario de la Fundación es el rey Juan Carlos I.

Desde 2018 se han presentado media docena de solicitudes de creación de comisiones de investigación para esclarecer las circunstancias de los negocios y el enriquecimiento personal de Juan Carlos I pero solo en una ocasión los letrados del Congreso avalaron jurídicamente la creación de esa comisión. PSOE, PP, y Vox se encargaron en esa ocasión de que la comisión no saliera adelante en la Mesa del Congreso.