Coronavirus
El Gobierno acuerda parar los desahucios hasta el fin del estado de alarma

Para que se produzca un desahucio tendrá que haber una alternativa habitacional y esta no podrá ser un albergue, sino que deberá ser una “vivienda digna”. Ese es una de las principales novedades del acuerdo al que han llegado la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos.

Fuentes de la vicepresidencia de Iglesias han adelantado a El Salto que con ello se consigue un primer objetivo de los marcados en la negociación de las últimas semanas. La paralización de los desahucios sin alternativa habitacional se prorroga hasta mayo de 2021, cuando termine el estado de alarma aprobado en octubre. 

El pacto, aseguran desde la vicepresidencia, se extenderá a habitantes de viviendas “en precario”, es decir en situaciones como las de usurpación o impago de rentas por extinción del contrato, cuando se trate de viviendas de grandes propietarios o empresas con más de una decena de viviendas en su cartera.

Los lanzamientos por desahucio no se podrán ejecutar sin garantía de realojo. La condición de vulnerabilidad “la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante”, explican estas fuentes, un informe que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que las personas afectadas aleguen vulnerabilidad.

Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de buscar una vivienda en caso de los hogares en situación de vulnerabilidad, el acuerdo es que aporten una solución en un plazo de tres meses para proceder a los desalojos.

En Unidas Podemos reconocen, sin embargo, que aun no se ha logrado llegar a un acuerdo para que se incluya en el decreto de escudo social aprobado en septiembre una prohibición de cortes de suministros para los hogares precarios.

Este anuncio se produce 24 horas después de que Unidas Podemos, junto con ERC y EH Bildu retirase una enmienda para paralizar los desahucios hasta 2023 en el marco de las negociaciones que los dos socios de Gobierno tienen en materia de vivienda, que se deben plasmar en una nueva ley de vivienda a lo largo de 2021.