Corrupción
Almeida, denunciado por no llevar a la justicia los contratos de las mascarillas

Un abogado ha denunciado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por omisión del deber de perseguir delitos en el caso de los comisionistas de material de protección contra el coronavirus.
José Luis Martínez-Almeida
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, atiende a los medios. Álvaro Minguito
17 abr 2022 12:38

Un abogado ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por no llevar ante los tribunales la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el caso de las mascarillas, lo que podría suponer la presunta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Según informa Europa Press, el abogado entiende que Martínez-Almeida, en su condición de funcionario y autoridad, debería haber llevado a la Justicia la operación de los dos comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, con la que presuntamente intermediaron en la compraventa de material de emergencia a precios inflados durante los primeros meses de la pandemia.

Almeida declaró este sábado que el Ayuntamiento de Madrid no denunciara el caso de las comisiones millonarias que implica a Luis Medina y a Alberto Luceño porque “no se pagó un solo euro a los dos comisionistas”, en línea con sus explicaciones anteriores sobre el caso. La denuncia presentada por el abogado madrileño se interpone por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal), entre otros, por la condición doble “de funcionario y autoridad” de Martínez-Almeida. “Si la Fiscalía no hubiera presentado la querella admitida ahora a trámite, los hechos ahora investigados nunca habrían sido sacados a la luz”, sostiene el denunciante.

La querella ha sido presentada ante el juzgado de guardia número 39 de Madrid con la intención de que este tribunal la remita al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, sobre el que recayó la denuncia de la fiscalía tras un año y medio de investigación por parte del ministerio público.

En declaraciones realizadas ayer sábado durante uno de los actos de la Semana Santa madrileña, Martínez-Almeida arrojó sospechas sobre la investigación de la fiscalía, que a su juicio solo investiga los contratos de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y “no los miles de contratos firmados por otras administraciones públicas”.

Por su parte, la portavoz municipal de Mas Madrid, Rita Maestre, ha caracterizado en un vídeo difundido el sábado al alcalde de Madrid como “un hombre acorralado”. En su intervención, Maestre acusa a Almeida de haber ocultado en el propio pleno municipal la existencia de la investigación de la fiscalía, cuando “hace pocos meses, no más de dos” ella misma le preguntó “directamente y por escrito” si existía algún contrato de emergencia “que estuviera judicializado” en cualquier instancia. “La respuesta fue una mentira, dijeron que no”.

Corrupción
La rapiña de siempre
Sacar provecho del caos de una pandemia y enriquecerse inflando precios mientras moría gente es uno de los actos corruptos más despreciables que podemos imaginar.

Más 10 millones en contratos inflados

La querella de la Fiscalía señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros y da por probado que los materiales fueron obtenidos a un precio mucho mayor del precio de mercado en esos momentos: en el caso de las mascarillas,un 40% menos; en el caso de los guantes de nitrilo, de calidad “muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido”, cuatro veces más de su precio en supermercados en esa misma época. A esto se suman los 250.000 test, de los cuales una cuarta parte eran inservibles y otra parte mostraban un nivel de sensibilidad de sólo el 80%.

El goteo de informaciones de la investigación publicados estos días en distintos medios muestran que el Ayuntamiento conocía la baja calidad de los materiales comprados –de hecho, desaconsejó el uso de los tests entre todos los funcionarios municipales- y que mantuvo la relación con los dos comisionistas al menos entre marzo y noviembre de 2020.

La fiscalía considera probado que las comisiones de Luceño y Medina alcanzaron los 6 millones de euros, que estos emplearon en la compra de una vivienda en la localidad madrileña de Pozuelo, una estancia de hotel de 60.000 euros en Marbella y artículos de lujo como un yate, relojes y una amplia gama de coches deportivos. 

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