Corrupción
Decenas de registros y detenciones en la macrooperación Enredadera

La mañana del martes 2 de julio más de 580 agentes de policía han registrado alrededor de 40 ayuntamientos en búsqueda de pruebas e indicios acerca de una supuesta trama corrupta en la adjudicación de contratos administrativos vinculados a la gestión de policías locales.

La 'operación Enredadera' arrancó en 2016, al comprobar que la empresa bajo sospecha habría cerrado varios contratos fraudulentos para la instalación de semáforos y cámaras a un precio "claramente hinchado". Posteriormente, los agentes descubrieron que esta práctica se ha extendido por muchos otros consistorios.

La UDEF investiga la adjudicación irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol S.L —integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr— a cambio de “mordidas” y la gestión irregular de multas de tráfico manipulando los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares con una finalidad exclusivamente recaudatoria.

Por el momento se ha confirmado la detención de 15 personas, entre ellas la del empresario leonés José Luis Ulibarri —relacionado con la trama 'Gürtel'—, Sadat Maraña —asesor de Ciudadanos en la Diputación de León—, el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y un guardia urbano de Lleida; aunque se espera que haya hasta 60 detenciones.

Los registros, que afectan a consistorios gobernados por PP, PSOE y C’s, se han llevado a cabo en varias capitales de provincia como Lleida, León, Teruel, Huesca, Oviedo, León y Palencia. Los registros también afectan a otros municipios más pequeños y sólo en la comunidad de Madrid afecta a 14 ayuntamientos. Además el juzgado ha requerido información a la diputación de Alicante y a ayuntamientos como el de Logroño, Sant Vicent de Raspeig (Alicante) y Vitoria.

Los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado EFE, se están requiriendo en los consistorios investigados los expedientes de contratación, cerrados o en curso, en todo tipo de sistemas de seguridad, desde semáforos y radares hasta aplicaciones informáticas y estaciones meteorológicas.

Una seña de identidad de la VIEJa política QUE llega a la nueva

Desde Podemos, el Secretario General de la formación morada en La Rioja, Kiko Garrido ha afirmado que “esto no es más que la punta del iceberg de lo que durante décadas ha sido una práctica común en la vida política de nuestro país”. También se ha mostrado preocupado porque “esta seña de identidad de los viejos partidos empieza a salpicar también a quienes en su momento dijeron que llegaban a la política para cambiar las cosas y luchar contra la corrupción”, en referencia a la formación de Albert Rivera, por la detención de varios de sus cargos públicos en esta operación. No obstante, afirma no sentirse sorprendido porque “luchar contra la corrupción casa mal con sostener al PP en Madrid o al PSOE en Andalucía”.

Por su parte, desde Ciudadanos han advertido que no les “temblará la mano” a la hora de tomar medidas contra todos los implicados en el escándalo y ha anunciado la suspensión de militancia de los tres detenidos en la operación.

Gespol7, uno de los productos investigados

En el año 2014 el ayuntamiento de Logroño decidió ser el primer ayuntamiento en incorporar la aplicación informática Gespol7. Según explicó el Concejal de Interior logroñés Miguel Sainz “es en Logroño donde se pone en marcha su última versión, la séptima, perfeccionada y con más posibilidades de integración y compatibilidad con otras bases de datos”. Sin embargo, según denuncia Samuel Navarro desde el sindicato policial SPPME “este sistema nunca ha llegado a utilizarse aunque se ha pagado”.

La aplicación informática fue adjudicada por un importe de 44.745 euros en 2014, siendo formalizado el contrato en enero de 2015. No fue hasta diciembre de 2017 que empezó a implantarse, según Navarro por parte del propio personal de recursos humanos de la policía Local. Unos meses más tarde, en abril de este año, el departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Logroño advertía en un informe que pese a los esfuerzos de los responsables de Policía Local y Nuevas Tecnologías “las deficiencias que persisten en el producto lo hacen no apto para el objeto pretendido”.

Finalmente, el contrato fue resuelto el pasado mes de mayo “dada la falta de adecuación del producto ofertado a los requisitos exigidos” según explicó Miguel Sainz.

Tras las más de cuatro horas que ha durado la operación policial en el consistorio logroñés, la alcaldesa Cuca Gamara —PP— ha anunciado que se ha colaborado con las Fuerzas de Seguridad del Estado con total transparencia. Por su parte, Miguel Sainz ha recordado que el contrato fue resuelto “por problemas de implantación” y que esta aplicación no afectó en ningún momento a la gestión de multas.

Sainz también ha defendido que la adjudicación de este contrato fue “100% transparente”, algo que desde el PSOE niegan. Tras las pesquisas de la UDEF en el consistorio, la portavoz municipal del PSOE, Beatriz Arraiz ha recordado que “El PSOE ya anunció que hubo oscurantismo en el desarrollo de la implantación del programa Gespol 7” y ha advertido que este es un contrato que ha estado en tela de juicio desde el principio y del que solo informó el Partido Popular hace dos meses cuando se solicitó su comparecencia en Comisión.

El pasado mes de mayo, el también socialista José Luis Díez Cámara denunciaba que "es una chapuza con un concejal ocultando información, con pérdida de dinero público y con horas ocupadas por los funcionarios municipales para meter datos en el sistema".

El Grupo Municipal Cambia Logroño ha ido más lejos afirmando que lejos de combatir la delincuencia, Gespol forma parte de ella. Desde este grupo, el concejal Gonzalo Peña ha recordado que “hemos denunciado, por activa y por pasiva, la gestión negligente de Antonio Román Camacho —Director General de Interior—, Fernando Fernández Beneite —Comisario Jefe de la Policía Local—, Miguel Sainz y Cuca Gamarra como máxima responsable de lo que ocurre en la Policía que le han puesto la alfombra roja a la corrupción en este Ayuntamiento”.