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Educación pública
Steilas y Ehige impugnan el derecho de planificación del mapa escolar
El sindicato mayoritario en la docencia, Steilas, y la federación que agrupa a las asociaciones de familias de la escuela pública, Ehige, han impugnado judicialmente el derecho de planificación del mapa escolar aprobado en el Boletín Oficial del País Vasco el 14 de marzo.
Ambas entidades, que han defendido clara y públicamente la centralidad de la educación pública, consideran que el decreto contiene tres elementos a los que les “falta adecuación a la legalidad” y cuya intención “asegura el futuro de las escuelas de titularidad privada”, han explicado hoy en rueda de prensa sus portavoces, Nagore Iturrioz y Lurdes Imaz.
Educación
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El primer elemento es la ausencia de garantía de plazas públicos para todas las familias que la soliciten, algo de obligatorio cumplimiento según el artículo 109 de la Lomloe. “Esa garantía queda totalmente diluida, tanto en el decreto como en el anteproyecto de ley que con tanta premura quiere aprobar el consejero Jokin Bildarratz”, señala Iturrioz. Más diluida es aún, ya que ni siquiera aparece, es el artículo 109.5 de la misma ley, que insta a las administraciones educativas a promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.
El segundo punto impugnado es el que articula la alianza educativa entre PNV y EH Bildu para blindar la concertación de los centros cristianos y las ikastolas: la creación de un concepto nuevo, “que no tiene fundamento normativo”, llamado “Servicio Público Vasco de Educación”. Como resaltó un informe jurídico del propio Gobierno vasco, ese concepto no es más que “un subterfugio” para igualar la titularidad pública con la privada.
El último punto se refiere a la supresión de las comisiones territoriales para el seguimiento del mapa escolar. El decreto de 2009 las incluía, aunque Educación nunca las llegó a convocar y diseñó los mapas sin contar con la participación de los agentes educativos. En el nuevo decreto, el Departamento de Bildarratz directamente ha suprimido la participación de la comunidad educativa. “Es un retroceso democrático”, han señalado ambas portavoces.
El 14 de mayo terminaba el plazo para impugnar ante el TSJPV el decreto. Los servicios jurídicos de Steilas y Ehige ya lo han interpuesto. El plazo para que el tribunal emita una sentencia es de aproximadamente un año y medio.