Feminicidio
Las feministas peruanas se rebelan contra la impunidad de agresores, asesinos y violadores

“¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?… once añitos. ¿Pero está desflorada? Ya, voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya?”. “¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente?”. El que habla es César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú, quien fue grabado el 4 de abril de 2018 negociando la anulación de una pena de 30 años de prisión por la violación de una niña. Su caso es apenas una pequeña muestra de la serie de denuncias que el medio digital IDL-Reporteros ha publicado en los últimos meses y que ha indignado al pueblo peruano.

Según el informe del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) solo en el periodo enero–febrero 2018, del total de casos de tentativa de feminicidio, el 45% de los agresores están libres. Para Saira Luján, del Paro Internacional de Mujeres, “esta cifra demuestra que las mujeres víctimas de violencia no solo se enfrentan a sus agresores y a la sociedad machista sino también al sistema judicial que, lejos de garantizar protección de acuerdo a una normativa nacional aún deficiente, duda de ellas, las revictimiza y obtienen sentencias arbitrarias que incluso llegan a la absolución de la pena del agresor”.

Los datos son abrumadores. En lo que va de 2018, cada dos días una mujer ha sido asesinada. Durante la primera mitad de 2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (MIMP) contabilizó 70 feminicidios, según información recogida por los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

La cifra es un 21% mayor que la registrada en el mismo período de 2017 —58 feminicidios—, y es considerada la más alta desde 2009. Dicho incremento también se observa en los intentos de feminicidio, que entre enero y junio sumaron 163; una cifra superior en un 41% a la presentada durante el primer semestre del año pasado —115 tentativas—.

En promedio, cada mes hay diez mujeres asesinadas en Perú, según el Registro de Feminicidio del Ministerio Público. El número, sin embargo, puede ser mayor

Los casos de violencia contra la mujer también presentan una tendencia creciente: en la primera mitad de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú atendió 52.120 casos. La cifra supera en un 49% a la registrada en el mismo período de 2017. Anteriormente se contabilizaron 1.053 víctimas de feminicidio entre enero de 2009 y diciembre de 2017

En promedio, cada mes hay diez mujeres asesinadas en Perú, según el Registro de Feminicidio del Ministerio Público. El número, sin embargo, puede ser mayor: la estadística presentada corresponde a casos que fueron detectados por los centros de atención del Ministerio de la Mujer, lo que implica que puede haber un considerable número de personas que no denunciaron.

Junto a estos datos escalofriantes, un fenómeno que crece en Perú es el de las mujeres quemadas. Desde el año pasado y hasta la fecha, al menos 17 mujeres fueron quemadas por sus parejas o excompañeros sentimentales y once de ellas murieron. Es una de las modalidades más crueles de feminicidio en Perú.

Un caso que puso en el foco la violencia machista que sufre el país fue el de Eyvi Agreda, quien viajaba en un autobús público y fue prendida con fuego por un hombre con el que había coincidido en un trabajo temporal y que, desde entonces, la acosaba y perseguía.

Para Rosa Villafuerte, fotógrafa y documentalista de la Asamblea de Mujeres y Diversidades, el caso de Agreda fue la chispa que las motivó a organizarse: “Su muerte fue un golpe muy duro para las activistas, quienes tratamos de apoyar a la familia con algunos de los gastos médicos realizando actividades pro-fondos y a la vez presionar a las autoridades para que el asesino no quedara impune”. En este proceso aparece la revelación de audios respecto a funcionarios del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Uno de los audios, “Hinostroza despacha”, reveló que tanto jueces como fiscales no solo estarían involucrados en delitos de corrupción y tráfico de influencias, sino que también negociaban y vulneraban los derechos de mujeres, niños y niñas que están en búsqueda de justicia, “impidiendo así que la entidad estatal, encargada de impartir justicia, pueda cumplir coherentemente su función principal”.

Movilización #niunamenos

Es por ello que, en el marco de la conmemoración del tercer año de la masiva movilización #NiUnaMenos, Paro Internacional Mujeres conjuntamente con otras organizaciones de mujeres feministas e independientes, reunidas a través de la Asamblea de Mujeres y Diversidades de Lima, convocaron en agosto la marcha #MujeresXJusticia, para dejar en claro que la justicia machista y corrupta es un total peligro para las mujeres.

La masiva manifestación del 11 de agosto finalizó a las puertas de la CNM, donde varias jóvenes mostraron su rechazo frente a esta institución, colocando lápidas de cartón con los nombres de las mujeres que fueron asesinadas.

El colectivo Ruray, cuenta Andrea Asier, nació “como repuesta a un movimiento que no nos representaba, decidimos hacer feminismo desde el barrio, contando con la población afro, las inmigrantes andinas y provincianas”

Algo se está moviendo en el feminismo peruano más allá de las grandes movilizaciones. Colectivos barriales, artistas, performers y grupos LGTBI enriquecen la lucha por la igualdad y exigen el fin de la violencia contra las mujeres.

Tambores de Resistencia es una batucada feminista que utiliza el tambor como forma de comunicación y empoderamiento de las mujeres. Eva Ramírez, una de sus integrantes, nos contaba cómo “desde hace un tiempo en Perú se activó todo el tema del movimiento feminista con más fuerza, desde la necesidad de intentar parar la violencia machista que se está viviendo de manera tan deshumanizada. Nos hemos dado cuenta de que hacer visible todo esto con las marchas no es suficiente y que tenemos que venir también a los barrios a hacer trabajo de base”.

En esta línea trabaja también el colectivo feminista Ruray, en San Martín de Porres, uno de esos barrios del extrarradio o ‘barrios cono’ que creció en los años 90 tras las ocupaciones de tierras por parte de la inmigración rural que llegaba a Lima huyendo del conflicto armado interno que sufrió el país.

Para Andrea Asier, de Ruray, “el feminismo en el Perú está muy centralizado y elitizado, en determinados barrios de la ciudad y en mujeres de cierta clase intelectual que ya solucionaron sus problemas básicos y fuera de esos barrios de Lima e incluso en provincias apenas existe feminismo. Por eso, en 2016, con la campaña Ni Una Menos, nacimos como colectivo barrial, como repuesta a un movimiento que no nos representaba y decidimos hacer feminismo desde el barrio, contando con la población afro, las inmigrantes andinas y provincianas“.

Un nuevo feminismo que acoge también a las diversidades de sexo y raza, como es el caso del Colectivo Afro LGTB, de reciente creación, al que pertenece Brenda Carpio, quien resumía así la situación del país: “Sufrimos un fuerte machismo arraigado en la sociedad. Los hombres creen que tienen la pertenencia de las mujeres y toda la corrupción que existe en el país no ayuda. Una mujer denuncia y, como el agresor no sufre las consecuencias de sus actos, esto genera una impunidad que hace que se reproduzcan más casos de violencia”. Carpio detalla cómo “se apoyan entre jueces, violadores, asesinos y los números de violadas y los feminicidios van creciendo. Hasta que no saquemos a todos los corruptos de todas las instancias de poder esto continuará así”.

En una sociedad que todavía vive estragos de posguerra, una generación crece al acecho. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cada hora se producen tres violaciones sexuales en Perú y cada dos horas se viola a una niña o una adolescente.

Janett Cuyutupa Yamas, psicóloga y miembro del Comando Feminista, explica que “las violaciones se están dando por hombres desde la adolescencia, porque la violencia está en televisión, en el colegio y en el barrio. Si no tenemos referentes positivos que nos motiven a tener un buen trato los jóvenes solo van a encontrar el referente de la violencia”.

“Son los grupos más conservadores, entre ellos los grupos evangélicos y el fujimorismo, los que tienen operadores políticos a los que financian con dinero de origen confuso para boicotear las iniciativas legislativas en favor de las mujeres”

Cuyutupa Yamas denuncia el “silencio y normalización”, por ejemplo con la aceptación de que las violadas sean casadas con su agresor si quedan embarazada, o el silencio de las familias ante los casos de violaciones de niñas. Para esta psicóloga, “gracias a este boom de ‘Ni una menos’ esto está cambiando y se está visibilizando la indignación”. Además, concluye que “en Perú todavía nos faltan derechos en materia de género y la iglesia tiene mucho poder tanto la católica como la protestante”.

En la misma línea, Rosa Villafuerte advierte que, a lo largo de las últimas décadas, Perú ha tenido una serie de gobernantes cuyas políticas públicas “han afectado directamente la calidad de vida de la sociedad y especialmente de las mujeres”. De este modo, explica Villafuerte, “la falta de políticas con enfoque de género transversal a todo el sistema no ha dejado avanzar en la lucha contra el machismo, principal causa de violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados. Son los grupos más conservadores, entre ellos los grupos evangélicos y el fujimorismo, quienes tienen operadores políticos a los que financian con dinero de origen confuso para boicotear las iniciativas legislativas en favor de las mujeres. Todo este sistema ha generado corrupción y al final la justicia valida la impunidad de los perpetradores”.

Leslie, del colectivo de contrainformación feminista Mujer Dispara, responsabiliza también a los medios de comunicación hegemónicos. Explica que “la información es usada para generar audiencia a través del morbo, centrándose en toda la información posible que se pueda obtener de la víctima, sus hábitos, su vida y las posibles razones por las que se convirtió en ‘una más’”. Así, para esta periodista, los medios “buscan crear ‘monstruos’ de los feminicidas, mostrándolos como casos excepcionales que la psiquiatría falló en diagnosticar. Por lo tanto, no solo responsabilizan a la víctima del suceso ùo a sus padres si es una niña—, sino que también liberan de culpa al agresor argumentando desorden mental a lo que en realidad es machismo”.

Leslie argumenta, además, que “Perú responde a un contexto histórico específico de post-conflicto armado”. “Durante el último año, hemos vivido sucesos de estigmatización del activismo feminista que incluso ha llegado a ser calificado como 'terrorismo' en medios tradicionales. Por el contrario, los discursos y demandas del movimiento conservador cuentan con horario estelar en los principales medios”, continúa.

Los colectivos feministas tienen claro cómo revertir esta situación de indefensión en la que viven las mujeres y niñas peruanas. Para ello se necesitan dos cosas: acabar con la justicia corrupta que atenaza el país y comenzar a aplicar políticas con perspectiva de género.

En esa línea se manifiesta Eliana Pérez Barrenechea, del Paro Internacional de Mujeres, para quien las medidas necesarias para poder acabar con esta lacra serían: “De manera general, una política de igualdad de género, que garantice que el enfoque de género se transversalice en las políticas públicas en todos los niveles del Estado”.

De manera específica, desde el Paro Internacional de Mujeres se demanda una educación con enfoque de género que desde la primera infancia forme a niños y niñas con igualdad de oportunidades, “sin encasillarlos en moldes o roles que los limitan, que se les enseñe a cuidar su cuerpo y a ser personas libres y respetuosas”. En segundo lugar, señala Pérez Barrenechea, es importante que la educación sexual se enseñe en educación inicial, primaria y secundaria, “que los niños tengan la opción de aprender una nueva masculinidad, que niñas y niños formen su capacidad de análisis y crítica de modo que les permita observar las desigualdades y cuestionarlas”. Y, por último, señala que se debe trabajar fuerte en reformar el sistema de justicia, “puesto que la mayoría de casos de violación sexual, feminicidios u otro tipo de violencia de género, quedan impunes o con sanciones que no corresponden a la gravedad de los delitos. Hay una complicidad feminicida de parte del Estado”.

Pérez Barrenechea concluye que “especialmente en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso, instituciones desprestigiadas y que han dado la espalda a las mujeres, por culpa de quienes teniendo el deber de trabajar en contra del sistema machista que impera en el país, lo secundan y lo fortalecen”.

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