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Evasión fiscal
La investigación de delitos fiscales se desploma en la última década
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, revela que la investigación de los delitos fiscales se ha desplomado un 76% en los últimos años.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) revelan que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%; después de proponer complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal.
Desde el sindicato denuncian que es caída a las normas internas de la AEAT, las cuales impiden terminar a los Técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos en unos pocos jefes de equipos. De igual modo, señala que la AEAT viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica el 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales.
Piden que les dejen investigar
Por ello, desde Gestha reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados, pues el fraude fiscal provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales, que en nuestro país cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y que la economía española sumergida es un 65% mayor que la media europea.
A pesar de que la AEAT denuncie menos casos, el aumento de procesos penales investigados por los tribunales de Justicia exige a la AEAT que designe a 885 funcionarios al peritaje y auxilio judicial, la mayoría Técnicos de Hacienda. Y los Técnicos en la Intervención General del Estado (IGAE), especialistas en auditoría y contabilidad son designados al auxilio judicial en los procesos relacionados con la corrupción. De igual modo, explican que la Unidad de apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción está integrada por Técnicos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado dada su alta cualificación.
Soluciones en los Presupuestos Generales
Desde el sindicato también ofrecen soluciones que, según ellos, se podrían incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Tres medidas “organizativas y operativas necesarias para reducir la economía sumergida”, en la antesala de la previsible aprobación por el Consejo de ministros.
La primera sería la creación de un Cuerpo superior técnico que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude en la AEAT, y el 90,8% de los funcionarios que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones en la IGAE.
Las otras dos medidas para luchar contra el fraude pasarían por aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos más hasta equipararnos a la media de las Administraciones tributarias europeas, y por encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España para promover que, de una vez por todas, se reduzca el fraude que crece desde 1980.
Según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), “reclamamos a la Ministra María Jesús Montero que valore el trabajo altamente especializado que desarrollan los Técnicos en el Ministerio de Hacienda, como lo reconocen los órganos judiciales y fiscales. Sobre todo en momentos como el actual, en los que el aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia requiere un incremento de los ingresos para no desviar aún más el déficit público”.
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La gestión y el funcionamiento interno de la Administración tributaria también es bastante lamentable. Ponen trabas a los sindicatos para conocer cuál es el estado real de las plantillas de empleados públicos de la AEAT, para saber con detalle de quién trabaja en cada puesto, en qué se ocupa y qué conceptos retributivos cobra, cuántas vacantes hay, etc... amparándose hasta ahora en que la difusión de esos datos pondría en peligro la intimidad de los funcionarios o la persecución del fraude fiscal. Esa situación puede cambiar gracias a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que apuesta por la transparencia , siendo su contenido, además, aplicable a todas las Administraciones públicas. https://delajusticia.com/2020/10/28/avance-crucial-en-el-derecho-a-conocer-las-plantillas-de-los-empleados-publicos/
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