Evasión fiscal
Francia rectifica su veto a que las empresas con sedes en paraísos fiscales reciban ayudas

El 22 de abril, en el Senado en Francia, la Comisión de Finanzas y el Secretario de Estado del ministerio de Acción y Cuentas Públicas, presidida por Olivier Dussopt, se opuso a la enmienda presentada por el grupo CRCE (comunistas, republicanos, ciudadanos y ecologistas) para impedir que cualquier empresa registrada en un paraíso fiscal se beneficie de las ayudas. A pesar de la opinión desfavorable del Gobierno, la enmienda será aprobada por la mayoría del Senado.

Francia seguía así el ejemplo de Dinamarca y Polonia, que habían establecido criterios para percibir ayuda estatal. En Dinamarca, estas ayudas, préstamos y garantías (unos 53.600 millones de euros para los trabajadores y las empresas), no estarán disponibles para las empresas que paguen dividendos, recompren sus propias acciones (otra forma de remunerar a los accionistas) o estén registradas en paraísos fiscales. En Polonia, el programa de ayuda, por valor de 100.000 millones de zlotys (22.000 millones de euros), se concederá a condición de que las empresas beneficiarias no hagan despidos y paguen sus impuestos en el país.

Al día siguiente, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, confirmó la decisión tomada en el Senado el día anterior y anunció que: “Obviamente, y quiero manifestarlo con mucha fuerza, si una empresa tiene su sede fiscal o sus filiales en un paraíso fiscal no podrá beneficiarse de las ayudas de tesorería del Estado”. Recordemos de paso que, el 27 de marzo, había anunciado que la ayuda estatal implicaría también el no pago de dividendos por parte de las empresas afectadas.

Un golpe de efecto, sin más

Pero el 23 de abril por la tarde, saltó la sorpresa. Apenas unas horas después de la declaración del ministro, los diputados y senadores de la Comisión Mixta (Senado y Asamblea Nacional), finalmente no tuvieron en cuenta la enmienda en la redacción del proyecto de ley de finanzas rectificadora. Por tanto, este proyecto de ley no incluye ninguna medida al respecto. Bruno Le Maire, en una carta dirigida el 23 de abril a la directora general del Tesoro, reafirmaba, sin embargo, su voluntad inalterada, pero esta sigue sin valor jurídico. En realidad, las grandes empresas (con más de 5.000 empleados, o con un volumen de negocios de más de 1.500 millones de euros) sólo tendrían que firmar una “declaración jurada” para beneficiarse de las ayudas concedidas por orden del ministro de Economía. Una vez la famosa enmienda fue rápidamente eliminada, sólo quedaba el discurso, que parecía más bien un golpe de efecto sin ningún seguimiento concreto.

¿Una lista ilusoria de paraísos fiscales?

El mecanismo defendido por el ministro se basa en la lista francesa de paraísos fiscales. Lista muy reducida que solo incluye a 13 Estados o territorios. Si bien Estados como las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas y las Seychelles fueron incluidos -muy tardíamente-, las Islas Caimán, que se incorporaron a la lista negra de la Unión Europea el 20 de febrero, todavía no figuran en ella. De hecho, esta lista sigue siendo fundamentalmente parcial y unilateral porque no figura ningún paraíso fiscal europeo, como Luxemburgo, los Países Bajos o Irlanda.

Según un comunicado de prensa publicado por las organizaciones Attac, CCFD, Sherpa, Oxfam France y Solidaires, “las multinacionales que trasladen sus beneficios a Luxemburgo o a los Países Bajos escaparán así a esta declaración y podrán beneficiarse del apoyo público del Estado”. Ahora bien, según un estudio de Gabriel Zucman, citado en dicho comunicado de prensa, “el 80% de la evasión fiscal de las empresas en Francia se realiza vía otros países de la UE”. Además, un informe reciente, The Axis of Tax Avoidance, publicado el 28 de abril por la red internacional Tax Justice Network, señala la responsabilidad de cuatro paraísos fiscales europeos que forman un “eje de evasión fiscal”: el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos (donde la tasa efectiva del impuesto de sociedades se sitúa entre el 0,7% y el 10,5%), donde las multinacionales estadounidenses se refugiarían para evitar el pago de impuestos, lo que significaría para los países miembros de la UE una pérdida de recaudación de casi 25.000 millones de euros (más de 27.000 millones de dólares) cada año.

El impacto de la afirmación del Ministro Bruno Le Maire, incluso ya sin sustancia, permanece grabada en la memoria de los franceses. Se rompería en el arrecife del largo romance entre el CAC 40 y la evasión fiscal. En efecto, según el informe CAC40, le véritable bilan annuel 2019 del Observatoire des multinationales, las empresas del índice insignia de la Bolsa de París tendrían 2.397 filiales en paraísos fiscales y jurídicos. Una ingeniosa disposición que permite la evasión fiscal cuando el impuesto de sociedades pagado por estas mismas empresas del CAC 40 ha disminuido más del 6% en términos absolutos entre 2010 y 2017 y cuando el gobierno de Macron ha previsto reducir el tipo impositivo para las grandes empresas del 28% actual (es del 31% sobre los beneficios de más de 500.000 euros) al 25% en 2022.