Galicia
La justicia anula el despido de una trabajadora de Mercadona por “discriminación por enfermedad”

El Juzgado de lo Social nº1 de A Coruña ha declarado nulo el despido de una trabajadora de Mercadona en Carballo, al considerar que la decisión de la empresa constituye una discriminación por motivo de enfermedad. La sentencia obliga a la compañía de distribución a reincorporar a la empleada en las mismas condiciones que tenía antes del despido y a abonarle los salarios que dejó de percibir durante este período, además de indemnizarla por daños y perjuicios derivados de la vulneración de sus derechos fundamentales.

Tras conocerse el fallo, la sección sindical de la CIG en la provincia de A Coruña ha decidido convocar una concentración el lunes 10 de marzo, de 12 a 13 h, frente al Mercadona de Carballo, coincidiendo con la fecha en la que la trabajadora retomará su puesto.

Con esta protesta, el sindicato busca “mostrar su solidaridad con la afectada” y denunciar lo que consideran “una práctica de persecución y discriminación por parte de la empresa hacia quienes enferman o defienden sus derechos laborales”.

Denuncian que Mercadona recopila información sobre empleados de baja

Durante el juicio, según fuentes de la CIG, “quedó probado que Mercadona utiliza formularios dirigidos a encargados y responsables de tienda para recopilar datos sobre los trabajadores que se encuentran en situación de baja médica prolongada”, incluyendo, explican, previsiones de reincorporación.

También se constató la existencia de formularios que deben completar las coordinadoras sobre las bajas denominadas “KO”: “Aquellas con las que ni las coordinadoras ni el servicio médico de la empresa están de acuerdo”. “Se emplean para diseñar estrategias respecto al personal enfermo, como la retirada del complemento de incapacidad temporal recogido en el convenio colectivo o, incluso, posibles despidos”, explican en el sindicato.

Según la sentencia, la recopilación de esta información por parte de la empresa “además de poder vulnerar ciertos derechos fundamentales a la intimidad y salud y el derecho a la protección de datos”, implica que Mercadona acceda a datos sensibles sobre la enfermedad o la duración de la baja médica, los cuales están protegidos y no figuran en los partes de baja que la empresa recibe oficialmente.

Obtener esta información a través de terceros, como compañeros de trabajo, “vulnera no sólo el derecho fundamental a la integridad física, sino el derecho fundamental a la intimidad personal”, relata.

CIG denuncia una vulneración de la libertad sindical

A esta condena se suman dos recientes sentencias a favor de trabajadores de tiendas en Ourense (A Valenzá y As Lagoas), quienes denunciaron la vulneración de su libertad sindical. En ambos casos, se reconoce su derecho a percibir la prima anual que les fue retirada injustamente, se ordena a la empresa a restituirles dichas primas, indemnizarlos por daños morales e “instar a Mercadona a cesar su conducta antisindical contra la CIG”.

“Este tipo de prácticas empresariales no son nuevas, ya que uno de los empleados afectados había sido readmitido el año pasado tras la anulación de su despido, precisamente porque se determinó que Mercadona vulneró su derecho a la libertad sindical”, recuerdan.

María López, presidenta del comité de la cadena de Juan Roig en A Coruña, sostiene: “No es nada nuevo que en esta empresa, que presume de modélica, arremetan contra el verdadero sindicalismo ni contra lo personal enfermo”. Afirma que, con estas estrategias de presión y acoso, la compañía busca que su plantilla “esté dentro del modelo; es decir, no ser de la CIG, ni reclamar ningún derecho, ni estar enfermo/a y que vayas a trabajar así estés muriendo”.

López advierte que esta estrategia empresarial se ha intensificado recientemente, especialmente desde que la CIG ha afianzado su representación en los comités de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Como consecuencia, se han incrementado los recortes de primas generales por objetivos y permanencia —las cuales Mercadona usa como mecanismo de premio o castigo—, así como despidos injustificados y el hostigamiento a quienes la empresa considera que “no están en el modelo de calidad total”.