Seis organizaciones ecologistas, tres científicos especializados, un catedrático de geografía regional y siete alcaldes y concelleiros de los municipios más afectados por la macrocelulosa que la multinacional portuguesa, Altri, quiere instalar en el corazón de Galicia han dado el salto a Bruselas para dar un paso más en su decisión de frenar lo que todos y todas acuerdan catalogar como “atentado medioambiental”: una fábrica que la empresa pastera quiere ubicar, con el visto y place de la Xunta, en Palas de Rei (Lugo) y que absorberá 46.000 metros cúbicos de agua diarios, 1,2 millones de toneladas de eucalipto anuales y depondrá 30.000 metros cúbicos de residuos al día al río Ulla para acabar desembocando en la ría de Arousa, la más productiva del país y que, cada día, tensa más sus límites biológicos por vertidos de minas e industrias, el cambio climático y una planificación deficiente de los vaciados de los embalses. 

La futura planta de celulosa en Palas de Rei enerva al vecindario: ni “bio” ni sostenible

Guillermo Martínez

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Medio ambiente

Medio ambiente La futura planta de celulosa en Palas de Rei enerva al vecindario: ni “bio” ni sostenible

Guillermo Martínez

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Más allá del excesivo consumo de agua que tendrá la factoría, el enclave hará que se expanda el monocultivo de eucalipto en 60 kilómetros a la redonda. El vecindario afectado se intenta movilizar para frenar el proyecto, de la portuguesa Altri.

La plataforma que las vertebra a todas es Ulloa Viva y, juntas, han aceptado la invitación de la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, para participar en dos jornadas frenéticas a caballo entre el Parlamento y la Comisión Europea en Bruselas. ¿Cuáles eran los motores? Por un lado, tratar de documentarse acerca de los movimientos que haya podido ejecutar la empresa pastera hasta el momento en relación con los máximos órganos europeos y, por otro, instar a los altos funcionarios de la Comisión a que revisen escrupulosamente cualquier tentativa de Altri de vulnerar directivas y normativas de la Unión Europea con la instalación de una industria altamente contaminante como es la de la producción de celulosa y que, además, será al menos diez veces más grande que la instalada por ENCE en la ría de Pontevedra.

De hecho, en ese sentido han ido las intervenciones de dos de las representantes del movimiento vecinal de personas afectadas, Zeltia Laya y Mónica Cea que han hecho hincapié en que la macrocelulosa que se pretende instalar en el centro geográfico de Galicia incumpliría “al menos siete directivas comunitarias”. 

Desde su plataforma, Laya y Cea han presentado un informe elaborado por expertos de reconocido prestigio en diversos campos como el medioambiental, el socioeconómico o el patrimonial, que resalta las múltiples y potenciales infracciones del proyecto de la celulosa en esta zona de la provincia de Lugo respecto a varias directivas europeas y principios de la Comisión Europea. Destacan que el proyecto de Altri no aborda adecuadamente los efectos ambientales y sociales a lo largo de su ciclo de vida, omitiendo consideraciones importantes a respecto de la salubridad de las aguas, el aire, los suelos y la protección de los espacios Rede Natura 2000, cuyo crecimiento lleva años bloqueado por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Xunta de Galicia: apenas un 11,74% del territorio gallego cuenta con esta catalogación, muy por debajo de la media española del 27%.

Durante su recorrido por las altas instancias europeas, tanto ellas como los y las expertas que las acompañaban han ido desgranando que la instalación propuesta por Altri en Palas de Rei tendría un significativo impacto ambiental, incluyendo “el consumo masivo de recursos naturales y la emisión de contaminantes que afectarían de lleno y negativamente a la flora y fauna local endémica”. Además, han señalado en varias ocasiones la preocupación por las emisiones de óxidos sulfurosos y nitrosos que podrían generar lluvia ácida en un área considerable del territorio gallego. Por ello instan a la Comisión Europea a explicar cómo un proyecto con tales implicaciones ambientales podría ser susceptible de recibir financiación significativa, de alrededor de 250 millones de euros, de la Unión Europea englobada además en el contexto de la descarbonización industrial.

La eurodiputada del BNG y promotora de esta delegación gallega en Bruselas, Ana Miranda, ha insistido durante todo el recorrido que tanto desde su partido como desde su posición en el Europarlamento y en la Comisión de Peticiones trabajarán para poner coto a lo que consideran “un desastre medioambiental” en potencia: “Hemos dado un paso más para frenar la instalación de Altri en Galicia”. Miranda también ha facilitado que tanto los colectivos ADEGA, Ulloa Viva, Santiso Vivo, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción o Queremos Parcelarias XA junto a expertos como el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidade de Santiago, Rubén Lois, o uno de los ingeniero de cabecera del Centro de Investigación Agraria de Mabegondo, Xoán Castro, hayan podido exponer sus tesis frente a altos cargos funcionariales de la Comisión Europea. Tanto desde enfoques socioeconómicos como técnicos.

En esa línea, han mantenido sendas reuniones con María Teresa Fábregas, directora del Grupo Operativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y con Paul Spleight, jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Normativa Medioambiental. “Desde la Comisión Europea han valorado que trasladásemos directamente el impacto que puede tener este proyecto, impacto socioeconómico, ambiental, patrimonial, y sobre todo que estemos alertando de un proyecto de estas características como el que está planteando Altri”, señaló la eurodiputada gallega, a las puertas de la Comisión en una rueda de prensa concurrida a la que la Televisión de Galicia decidió no dar ni un solo segundo en su telediario pese a contar con una corresponsalía, a priori, creada para cubrir los intereses gallegos en Bruselas. Miranda también insistió en lo que ella considera como existencia de conflictos de intereses así como la ausencia de información medioambiental por la falta de participación ofrecida a las vecinas y vecinos afectados por este proyecto. Algo suscrito por todas las plataformas.

La delegación gallega ha recorrido Bruselas en dos de los últimos tres días hábiles para la presentación de alegaciones al proyecto, cuya fase cierra este miércoles 17 de abril y para la que se prevén una suma de más de 10.000, contrarias a la instalación de la multinacional portuguesa, una participación ciudadana poco habitual en el contexto gallego.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Xunta, que lo declaró como de interés estratégico para Galicia el diciembre pasado. Esta designación implica una reducción de la burocracia y los plazos de autorización necesarios para su implementación. Además, la empresa Acento Public Affairs patrocina el proyecto, una firma consultora especializada en ejecutar estrategias de lobby ante las autoridades gubernamentales, fundada por José Blanco, exsecretario de organización del PSOE y exministro en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y coliderada por el también exministro del PP, Alfonso Alonso, quien formó parte de los ejecutivos de Mariano Rajoy.