India
El ataque mccarthista que amenaza la democracia india

En una operación a nivel nacional el 28 de agosto por el Gobierno del primer ministro derechista de India, Narendra Modi, agentes de seguridad asaltaron los hogares de seis activistas, abogados y periodistas, arrestando finalmente a Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Gautam Navlakha, Sudha Bharadwaj y Varavara Rao. Se llevó a cabo bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, una ley antiterrorista draconiana que ha sido usada por el Gobierno para reprimir la libertad de expresión y asociación en nombre de la seguridad nacional.

No son terroristas. Tampoco Surendra Gadling, Sudhir Dhawale, Rona Wilson o Mahesh Raut, que fueron arrestados en junio. Son activistas, escritores, poetas, periodistas y abogados. Son ciudadanos de India que creen en la pluralidad de nuestro país y luchan a favor de los más marginados. Por ello están siendo castigados por un régimen que, desde su comienzo, ha trabajado para polarizar a la democracia india a lo largo de las líneas divisorias de la religión, la casta y el credo.

La mano dura refuerza lo que algunos intelectuales indios han denominado como una silenciosa “emergencia” —en alusión a la India de los 70, cuando el régimen autoritario de Indira Gandhi consolidó su poder para destrozar toda oposición política—. Una emergencia que ha dado a las fuerzas de seguridad indias un poder excesivo contra los periodistas y convirtió eficazmente la democracia más grande del mundo en un estado policial.

Desde las detenciones han surgido protestas por toda India para marchar en apoyo a estos activistas. Tras los arrestos, cerca de un millar de personas se manifestaron cerca del Parlamento nacional, provocando acciones satélite por todo el país y online. El movimiento está usando el hashtag #MeTooUrbanNaxal (“Yo también soy naxalita urbano”), que es una alusión a la frase usada por el Gobierno para desacreditar a los activistas y pensadores de izquierda como miembros de los Naxalitas, un grupo rebelde maoísta que ha estado en guerra con el Gobierno indio desde los 60.

El 5 de septiembre marcó el primer aniversario del asesinato del escritor Gauri Lankesh, un crítico del primer ministro y su ideología nacionalista. Desde entonces el régimen ha eliminado la disidencia con la eficacia de un francotirador

Me encontré con algunos de estos activistas mientras informaba para The Nation sobre la detención de G.N Saibaba, un profesor paralítico de la Universidad de Delhi que fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2017. Saibaba ha estado en confinamiento solitario en la penitenciaría de la era colonial Prisión Central de Nagpur desde el año pasado. Como los arrestados la semana pasada y en junio, Saibaba era activista a favor de la comunidad indígena de India, cuya tierra han reclamado decenas de empresas mineras multinacionales. Surendra Gadling era su abogado defensor. Arun Ferreira —él mismo un disidente político, que pasó cinco años en la cárcel— también estaba trabajando en la defensa del profesor. 

Las últimas medidas se parecen a la que llevó al arresto de Saibaba. Según las informaciones en la prensa, la policía se llevó pen drives, ordenadores portátiles y teléfonos móviles de los hogares asaltados. Un portavoz policial dijo a la prensa local que “toda prueba era analizada científicamente”, una afirmación risible viniendo de un régimen que ha promovido la astrología hindú, ha atacado la teoría de la evolución y ha promovido el uso de la orina de vaca como cura generalizada para las enfermedades.

Quizá de forma más elocuente, un fiscal contó a los medios que el motivo para los arrestos era que los acusados eran parte de un “frente antifascista”, indicativo del drástico giro en la idea de India del discurso tolerado.

Incluso las cartas presuntamente incautadas en la vivienda del activista Rona Wilson en junio tienen reminiscencias del caso de Saibaba: la policía presentó cartas de un “R” sin identificar a un igualmente misterioso “Camarada Prakash” que proponían derribar el régimen de Modi en un “ataque estilo Rajiv Gandhi”, haciendo referencia al primer ministro indio asesinado por un terrorista suicida de los Tigres Tamiles en 1991.

En el caso de Saibaba, la fiscalía hizo una endeble defensa de que “Camarada Prakash” era uno de los alias de Saibaba, lo que se hace aún menos creíble por el hecho de que las pruebas electrónicas recogidas contra Saibaba, a quien se obligó a entregar sus contraseñas, fueron tratados incorrectamente y almacenadas de forma inadecuada.

El 5 de septiembre marcó el primer aniversario del asesinato del escritor Gauri Lankesh, un crítico prominente del primer ministro y su ideología nacionalista hindú. Desde entonces el régimen de Modi ha estado eliminando la disidencia con la eficacia de un francotirador. India se encuentra en el puesto 138 de 180 países en el ránking de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, después del Afganistán roto por la guerra, la Filipinas de Duterte e incluso Myanmar, una cuasi-democracia acusada de genocidio por una investigación independiente de Naciones Unidas.

Esto se debe principalmente al asesinato de blogueros y escritores ateos por matones vinculados a la organización nacionalista hindú que gobierna. También se puede atribuir a la influencia de las noticias estilo Fox en los medios de comunicación indios, donde una nueva cosecha de redes de difusión nacionalistas catalogan de forma rutinaria a los críticos del Gobierno como desh drohi, o “anti-nacional”, y al silenciamiento de los activistas de la sociedad civil y de las protestas en las universidades.

El Tribunal Supremo ha intervenido, en primer lugar declarando que los disidentes deberían permanecer bajo arresto domiciliario hasta el 6 de septiembre, antes de extender su arresto domiciliario por otros 12 días. Este no fue un privilegio permitido a los que fueron arrestados junto a Saibaba, cuya salud está en peligro, y cuyo caso está desapareciendo en el estancamiento burocrático del sistema judicial indio.

El régimen de Modi está poniendo a punto su objetivo para las próximas elecciones del país, y el coste humano es grave. Hoy estoy pensando en el abogado Gadling, quien me recibió en su casa el pasado invierno, ofreciéndome copiosas cantidades de chai y poha mientras se felicitaba por la posibilidad de que su hijo preadolescente estudiara Derecho.

Estoy pensando en Arun Ferreira, cuyas últimas palabras hacia mí cuando dejé su pequeño despacho de Bombay se me han quedado grabadas. Le pregunté sobre sus cinco años en la cárcel, sobre la tortura y la deshumanización, sobre no poder ver a su hijo pequeño durante los primeros años de su vida.  “¿Cómo continuaste?”, pregunté. “Continuamos porque tenemos que hacerlo, porque no hay nada más que puedas hacer”, respondió. Horas después de mi encuentro con Ferreira, mi padre falleció. Esas palabras me ayudaron durante el duelo.

Sobre todo estoy pensando en el profesor G.N Saibaba, para quien la posibilidad de morir en prisión es incluso más real, ahora que sus defensores están sufriendo el mismo destino.

Camus dijo que era tarea del hombre pensante no estar del lado del ejecutor.

Hoy, Modi sostiene la soga del verdugo.