Inflación
La bajada del IVA de los alimentos no tiene quien la controle

La bajada del IVA de alimentos básicos que entró en vigor el 1 de enero aún no tiene quien la controle. Tras la reunión del lunes 9, se hizo público que el seguimiento recae en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, pero este organismo se encarga de revisar desde 2005 los precios en origen de frutas, verduras, cereales, carnes y pescados, determinando a cuántos euros se venden los 100 kg.

El Ministerio de Economía ha seleccionado al Observatorio porque es el órgano que puede convocar un foro en el que participan todos los actores implicados en la cadena alimentaria: desde los productores hasta los distribuidores y establecimientos de venta. Sin embargo, el foro lleva alrededor de un año sin reunirse, tras la aprobación en diciembre de 2021 de la Ley de la Cadena Alimentaria. El ministro de Agricultura, Luis Planas, indicó en la tarde del lunes que convocará en breve al foro.

En la reunión entre Agricultura y Economía, también participó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la que recae la capacidad sancionadora. Competencia no ha respondido a El Salto sobre en qué consisten las actuaciones que son su responsabilidad, tal y como indica el artículo 72 del decreto, tampoco Agricultura ha aclarado cómo se realizará exactamente el seguimiento. Tanto Economía como Agricultura dependen del Partido Socialista, quien impulsó esta medida a pesar de las dudas expuestas por su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Tanto el ministerio de Economía como el de Agricultura dependen del Partido Socialista, quien impulsó esta medida a pesar de las dudas expuestas por su socio de Gobierno, Unidas Podemos

La bajada del IVA espera conseguir frenar unas décimas la inflación, como lo han conseguido otras medidas con el tope del precio de la luz y la reducción del precio del transporte público. Pero a diferencia del transporte, en el que las pocas empresas que hay reclaman al Gobierno que les abone la diferencia de precio, la bajada del IVA debe realizarla cada establecimiento y hay alrededor de 200.000 puntos de venta, según la consultora UVE. Concretamente, 161.770 comercios, 26.090 supermercados y 8.620 puntos de autoservicio. Los establecimientos son solo meros recaudadores del IVA, que deben depositar en Hacienda. El funcionamiento de esta medida haría ahorrar al consumidor, el Estado perdería recaudación y el establecimiento ni ganaría ni perdería. 

Pero si las tiendas no rebajan el precio, tal y como establece la ley, dejarían de gravar ese 4% del IVA para convertirlo en beneficio. Por ello Facua denunció el pasado jueves a siete cadenas de supermercados por no repercutir la bajada de este impuesto. Tras comparar el precio de 676 productos, entre el 30 de diciembre y el 3 de enero, detectaron que en 52 casos no se había aplicado una bajada en el precio equivalente al IVA. De ellos, 34 habían mantenido los precios idénticos, 11 no habían repercutido la totalidad de la rebaja fiscal y siete los habían etiquetado incluso más elevados que antes del anuncio del Gobierno. Los supermercados denunciados por Facua ante Competencia son Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl e Hipercor. 

“Si esta medida se salda sin una sola multa, será una gran tomadura de pelo”, Rubén Sánchez (Facua)

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, indica que es necesario que el organismo competente que controle la bajada del IVA realice unas actuaciones “transparentes en cuanto a los protocolos”. Y agrega que, sobre todo, “hay que hacer controles a los grandes establecimientos”, ya que son los que más podrían beneficiarse, como las gasolineras con la bonificación de los 20 céntimos o las eléctricas cuando se disparó el precio de la luz. Sánchez añade que “si esta medida se salda sin una sola multa, será una gran tomadura de pelo. Es importante proyectar la idea de que se está controlando a los empresarios”. 

Las grandes cadenas de supermercados afectadas por la denuncia han rectificado los precios “al sentirse controladas”. A pesar de esta medida, Sánchez es consciente de que la bajada del IVA es una medida que tiene un efecto “muy reducido” en el bolsillo del consumidor y en su percepción, “porque si comparas los precios de los alimentos de septiembre con los finales de diciembre, ha habido un incremento progresivo, de hecho, los precios llevaban subiendo todo el año”.

“Esta rebaja es un parche necesario para muchas familias destrozadas por el IPC, pero lo que hay que hacer es una fiscalidad alimentaria basada en alimentos saludables y modelos de producción”, Javier Guzmán (Justicia Alimentaria)

El portavoz del organismo Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, añade que la fiscalidad alimentaria es un instrumento que “no está siendo utilizado” adecuadamente. ¿Es lícito que por una manzana de Chile, traída en avión, el Estado no recaude el 4% del IVA? ¿Y por un cruasán de bollería industrial cargado de grasas saturadas y aceite de palma?, se pregunta. 

Guzmán señala que la fiscalidad alimentaria debería basarse en dos premisas: alimentos saludables y el modelo de producción que tiene detrás —si es local y alimento fresco—. “Se trata de abaratar la alimentación sana y fomentar un modelo productivo sostenible. Ahora hay un totum revolutum que no lo establece la voluntad política, sino el libre mercado, en el que ganan las grandes empresas y pierden el consumidor y el productor”, apunta sobre una medida que le parece “un parche necesario, porque el nivel de IPC está destrozando a muchas familias y para algunas la fruta ya empezaba a ser un lujo, pero faltan muchas cosas por hacer”, insiste. “Hay que convertir en política estructural una que esté pensada en la salud y el modelo productivo y, al mismo tiempo, es conveniente pensar en topar los precios”, advierte.

En Francia, el pasado octubre, el Consejo Nacional de Alimentación votó a favor de experimentar un proyecto sobre el que el país lleva debatiendo tiempo: crear una seguridad social alimentaria, impulsada por la federación de sindicatos agrarios Confédération Paysanne y muchas otras organizaciones que defienden un modelo de producción sostenible y de proximidad, impulsar la democracia alimentaria. Critican la ayuda alimentaria “de emergencia” que se ha convertido en “una pieza fundamental” para el sistema agroindustrial. Poner en contacto al consumidor con el productor fomentará la transición agrícola que persiguen, apoyándola en una renta campesina digna y el consumo directo de la población.

La bajada del IVA que entró en vigor en España el 1 de enero, hasta abril o prorrogable hasta junio, afecta a los huevos, verduras, frutas, legumbres, pan, queso y leche, que pasan de tener un gravamen del cuatro al 0%, y a la pasta y aceite, que reducen el impuesto del diez al 5%. El cambio más fácil de apreciar, porque es el precio que más se memoriza al tratar de entregar las monedas justas cada día, es en las panaderías, donde las barras de pan han disminuido entre tres y cinco céntimos para las barras de entre 60 céntimos y 1,10 euros.