Juicio del 1 de Octubre
El abogado de Cuixart acusa un proceso penal lleno de vicios y defectos por las prisas por frenar el Procés

Arranca fuerte el juicio de la causa especial 20907/2017. La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva ha defendido la nulidad de la principal prueba que determina el juicio, por ser el fruto de una investigación extraprocesal y secreta acerca de un “proyecto político”, el referéndum del 1 de octubre. Y, por su parte, los abogados de Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull han denunciado que, a día de hoy, no tienen acceso a todas las pruebas admitidas y han reclamado la suspensión del juicio hasta que les den acceso.

“La totalidad de la prueba viene de la causa madre, la del [Juzgado de] Instrucción 13 de Barcelona sobre el independentismo catalán, y esa prueba es nula”, ha afirmado hoy Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras —exvicepresident de la Generalitat de Catalunya y exconseller de Economía y Hacienda— y Romeva —exconseller de Asuntos Exteriores—, en la primera jornada del juicio contra la organización del referéndum sobre la independencia de Catalunya del 1 de octubre de 2017. “Esa prueba es nula de raíz porque no justifica su objeto, el juzgado no explica qué está investigando”, ha defendido.

El juicio de la causa especial 20907/2017 ha dado comienzo a las 10.15h. Una hora y media antes había llegado al edificio del Tribunal Supremo el furgón con los acusados en prisión provisional, traídos desde los calabozos de la Audiencia Nacional.

Van den Eynde, abogado de Romeva y Junqueras ha reivindicado una pericial que analizara el derecho internacional aplicado a la causa

El Supremo juzga a doce personas de la sociedad civil, Govern y Parlament catalán —Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santi Vila y Carme Forcadell—. La mayoría de ellos en prisión provisional desde octubre o noviembre de 2017, acusados de rebelión —por la Fiscalía—, sedición —por la Abogacía del Estado— y malversación de caudales públicos —en los casos de Borràs, Mundó y Vila—. Se enfrentan a peticiones de penas que van de los siete a los 25 años de cárcel.

Solidaridad y amenazas

Desde las 9.30h, los responsables de prensa del Tribunal Supremo intentaban ubicar a los cientos de periodistas acreditados para cubrir el juicio entre la biblioteca y el salón de actos. Fuera, continuaban las concentraciones tanto de la extrema derecha, que antes del juicio intentaba alcanzar el edificio portando banderas de España y gritando amenazas contra los acusados, como en apoyo a los acusados y por el derecho a decidir de los catalanes.

Van den Eynde ha sido el primero de los letrados en exponer las cuestiones previas a la celebración del juicio. El letrado ha enumerado las vulneraciones sufridas por los acusados, desde la instrucción, su encierro en prisión provisional o las pruebas admitidas o desechadas en el juicio. “Hay una admisión condicionada sobre los hechos y una inadmisión generalizada sobre la regularidad y transparencia e ilicitud de la investigación”, ha afirmado Van den Eynde, que ha reivindicado una pericial que analizara el derecho internacional aplicado a la causa.

El abogado ha advertido que la denegación es algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en cuenta a la hora de decidir si un proceso judicial ha respetado los derechos de los procesados. Una de las pruebas señaladas por Van den Eynde es una que aún está bajo secreto y que tiene que ver con un agente de policía infiltrado en Twitter. Otras de las pruebas denegadas son en relación al proceso de selección por el que el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona asumió la investigación del 1-O. También sobre la identidad de un testigo protegido en la causa, cuya identidad también sigue bajo secreto. “Aún no conocemos la identidad del testigo protegido, así que no podemos proponer contraprueba, es algo que se tiene que solucionar antes de que empiece el juicio”, reclama.

En relación a la presencia de observadores internacionales, rechazada por el Tribunal Supremo, Van den Eynde ha apuntado que es una figura autorizada por el Tribunal de Estrasburgo.

Tras su primera exposición, el abogado ha enumerado las vulneraciones de derechos sufridas por los acusado en una causa que ha afirmado que atenta “contra la disidencia política” y que está basada en el llamado “derecho penal del enemigo”.

Esa interpretación del derecho penal contra los acusados por motivos políticos e ideológicos, se explica por una serie de vulneraciones que van desde la libertad ideológica — “nos lo van a intentar vender como un juicio de estafa, pero va a ser difícil”, señala Van den Eynde, que señala que hace años que el Estado español ratificó la Carta de Derechos Civiles y Políticos que contempla el derecho de autodeterminación—, la libertad de expresión —el abogada apunta que en la causa se criminalizan artículos, gritos, cánticos y conciertos—, el derecho de protesta — “el tribunal debería expurgar la causa; por favor, no ponga las caceroladas ni los gritos ni los aviones de papel porque ofende; el 20 de septiembre fue una protesta y así lo decía la propia policía”—, el derecho de reunión y manifestación, los derechos políticos e incluso la vulneración del derecho a la libertad de culto, ya que no se permitió a Oriol Junqueras asistir a misa en la cárcel de Soto del Real.

“El código samurai afirma que hay que jugar limpio en la lucha, hay códigos incluso en la guerra”, explicaba el abogado, que ha citado también el discurso de la apertura del año judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que el su presidente, Guido Raimondi, afirmaba que “la democracia está en riesgo” y que la mayor amenaza que sufría era el tratamiento que se estaba haciendo a la oposición política, a la que se trata como “enemigo del pueblo”.

Tras Van den Eynde, le ha tocado el turno a Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, que ha reclamado el fin de la prisión provisional de los acusados, y Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, que también ha denunciado la vulneración del derecho a la tutela efectiva y a un juicio imparcial de los acusados. Melero ha apuntado la falta de parcialidad del juez instructor en el Juzgado número 13 de Barcelona, así como de varios de los magistrados de la sala del Tribunal Supremo. “Al menos de cuatro de ustedes”, ha especificado dirigiéndose a los magistrados que juzgan la causa. El abogado ha recordado que estos cuatro magistrados formaban parte de la sala que admitió a trámite la causa interpuesta por el fiscal general del Estado. “No deberían poder juzgar estos hechos al estar contaminados por haber hecho ya una valoración jurídica sobre los mismos en la fase de instrucción, lo que está totalmente prohibido”.

Pina ha reclamado la suspensión del juicio, denunciando que los abogados de las defensas, a día de hoy, día del comienzo del juicio, no ha tenido acceso aún a todas las pruebas admitidas por el Tribunal Supremo.

El abogado también ha enumerado todas las pruebas que la sala no ha admitido, pidiendo que reconsidere su inclusión en la causa. Una de ellas un pendrive con imágenes de la jornada de referéndum que complementarían los atestados policiales de ese día en cuanto a la violencia en Catalunya. “Quiero pensar que es un olvido del tribunal no colocarla entre las pertinentes ni entre las impertinentes, que estarían motivadas”, apunta.

Otras de las actuaciones rechazadas son requerir un informe a la Guardia Civil sobre quien le ordenó elaborar el atestado sobre el 1 de octubre que ha servido de base para mandar a prisión provisional a los acusados, el auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por el que desestima la petición de Vox de ampliar la causa a Artur Mas y Neus Nogueras, documentación sobre el juez instructor y el coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que se rió en Twitter de los acusados, según publicó Público —“al tribunal debería interesarle la imparcialidad de las personas que han decidido que los acusados estén en la cárcel”, subraya Pina—, artículos de prensa sobre la actitud pacífica de los actos en Catalunya, informes del Defensor del Pueblo sobre el 1 de octubre o incluso la petición al rey Felipe VI para que declare en la vista ya que su discurso del 3 de octubre se ha presentado como prueba por parte de la acusación. También la de Carles Puigdemont y la de Jaume Estany, responsable del servicio de Emergencias, sobre el informe que elabora en cuanto a la situación de violencia en los días 20 de septiembre y 1 de octubre.

Ana Bernaola, también abogada de Turull, Sánchez y Rull, ha reiterado la reclamación de suspensión del juicio hasta que las defensas tengan acceso a todas las pruebas, algo que llevan reclamando desde la instrucción y que se ha excusado en problemas técnicos en la nube virtual que se había utilizado para dar acceso a las informaciones, problemas que ha día de hoy aún no se han resuelto y de los que las acusaciones no se han quejado. Bernaola ha recordado también que el próximo 19 de febrero está prevista la vista que decidirá sobre una de las cuestiones pendientes de resolución presentadas por los acusados.

Bernaola ha subrayado que la sala ha rechazado toda la prueba documental que han presentado y que el juicio se asienta sobre atestados policiales ordenados por el Ministerio Fiscal y que resumen la investigación de la Guardia Civil, incorporados a la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Y, sin embargo, no se han admitido las actuaciones llevadas a cabo por el mismo juzgado para la misma causa que “puedan ser prueba de descargo”.

Tras el descanso para la comida, ha continuado con las cuestiones previas Benet Salellas, abogado de Jorge Cuixart. Cuixart, presidente de Omnium Cultural, fue, junto a Jordi Sánchez —presidente de la Asamblea Nacional Catalana, también una organización civil—, el primero en entrar en prisión preventiva, el 16 de octubre de 2017. Y, según ha puesto de relieve Salellas, bajo cargos relacionados con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Salellas ha pedido que la sala filtre los escritos de la acusación presentados por la Fiscalía, el abogado general del Estado y Vox que vulneran los derechos fundamentales de Cuixart.

En los escritos de acusación se apunta la web de Omnium como fundamental para conseguir la adhesión de figuras internacionales como Noam Chomsky a la demanda de un referéndum. “¿Esto puede ser un hecho delictivo?”, pregunta Salellas. También la participación en protestas ante el cierre de 200 páginas web pro independentista. Salellas ha recordado al tribunal la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que condena a España por la violación del derecho de libertad de expresión de Enric Stern y Jaume Roura, que fueron condenados a 15 meses de cárcel por quemar una imagen de los reyes. “La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox dicen que usaron la movilización popular como instrumento de presión”, advierte Salellas, que recuerda que el derecho de reunión es un derecho fundamental.

En el escrito también acusan a Cuixart de haber participado en manifestaciones en septiembre de 2017 y el 1 de octubre. “50 páginas del escrito de Fiscalía solo hablan de actos de manifestación pacífica”, señala el abogado.Aun así, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado reclaman para el uno y el otro penas de 8 o 17 años de cárcel por delitos de sedición o rebelión respectivamente —y Vox 62 años—.

El abogado también ha reclamado que el Abogado General del Estado, que se ha presentado en la causa como defensor de la Hacienda Pública, retire su acusación contra Cuixart, contra el que no recae ninguna acusación de malversación de caudales públicos.

A diferencia de los letrados que le han precedido, Salellas no ha pedido la suspensión del juicio hasta que se les de acceso a toda la prueba admitida, pero sí, para subsanar esta irregularidad, que se reserve a los abogados de defensa el poder solicitar nuevas pruebas unas vez que en el juicio se presenten todas las hasta ahora admitidas, o, en su defecto, pedir la nulidad de algunas de estas pruebas contra los acusados a las que aun no han tenido acceso.

También ha subrayado la denegación masiva de las pruebas que ha pedido incluir en la causa: hasta 20 de los testimonios propuestos, entre ellos el del Síndic de Greuges, máxima autoridad en derechos humanos en Catalunya, además de pruebas periciales en cuanto análisis de los tuits de su defendido, de los vídeos de la Generalitat o de los aportados por las acusaciones. Las periciales propuestas por la acusación para analizar estos mismos temas sí han sido admitidas por el Tribunal Supremo.

“El proceso penal está acelerado y está lleno de vicios y defectos procesales porque se ha usado para frenar el proceso político de autodeterminación”

Salellas ha apuntado también que, mientras en el escrito de acusación de fiscalía, se han enumerado todos los casos de agentes de policía lesionados durante su ejercicio en la jornada del 1 de octubre, sobre los heridos entre la ciudadanía solo se dice que fueron numerosos y que las cifras están magnificadas. “La Fiscalía es seguramente la única que dispone de esos datos, la actitud mínima sería citarlos para que también sean consignados como hechos probados”, más aún cuando, como recuerda Salellas, la ONU pidió a España una investigación profunda sobre estos.

“El proceso penal está acelerado y está lleno de vicios y defectos procesales porque se ha usado para frenar el proceso político de autodeterminación”, ha abundado Salellas, que señala como una de las diligencias irregulares el registro del edificio entero del Govern catalán, cuando el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona solo había ordenado el de cuatro despachos. “Este juicio no debe empezar, al menos en la forma en la que está formulado”, concluye.

Por su parte, Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha pedido también la comparecencia de Carles Puigdemont y Marta Rovira. También ha señalado que el resto de la Mesa del Parlament van a ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde se enfrentan a penas de multa por desobediencia, mientras a Forcadell, por los mismos hechos —asegura la abogada ya que las resoluciones de la Mesa del Parlament se aprueban por el voto de la mayoría— la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden penas de 17 o 10 años por delitos de sedición o rebelión respectivamente.

La abogada también ha denunciado no haber tenido acceso a buena parte de las pruebas incluidas en la causa y ha recordado que España está sujeta a la directiva 2012/13, sobre el derecho a la información en procesos penales. Sobre el derecho de rebelión, ha recordado también que en 1995 se le incluyó la necesidad de que se cometiera con violencia para que fuera contemplado como delito. “El 9N no fue tan diferente y tanto este tribunal como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo tipificaron como delito de desobediencia en hasta 22 resoluciones, la última emitida el 11 de octubre de 2017”, recuerda Arderiu.