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Justicia
Al Consejo General del Poder Judicial le ofende que se hable de presos políticos
El Consejo General del Poder Judicial se ha reunido hoy de manera extraordinaria. ¿El motivo? No le gusta que se hable de presos políticos.
![Roger Torrent y Carles Puigdemont](/uploads/fotos/r2000/b1154d4c/puigdemont_torrent.jpg?v=63684128301)
El Consejo General del Poder Judicial está muy ofendido y considera “una descalificación muy grave de la función judicial” la afirmación de que en España existen presos políticos. Así lo ha comunicado hoy, 24 de febrero, su Comisión Permanente, reunida en sesión extraordinaria con el único objetivo de responder a las declaraciones hechas ayer por Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya.
“Hay que denunciar la existencia de presos políticos, acusados de rebelión y sedición por delitos inexistentes”, dijo Torrent ayer viernes durante su discurso en un acto de entrega de diplomas en el Colegio de Abogados de Barcelona. Estas palabras provocaron que varios de los asistentes abandonaran la sala en ese momento, entre ellos Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; los fiscales jefes de Catalunya y Barcelona, Francisco Bañeres y Concha Talón, o el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio.
Torrent también denunció en su discurso que “se han producido lesiones graves de derechos políticos fundamentales y hay que denunciarlo cuando la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas no se puede materializar porque los tribunales e instancias del poder ejecutivo lo impiden”.
"Hace tiempo que se detectan señales de debilidades y faltas en relación a la separación de poderes y a la vulneración de libertades civiles", afirmó también Torrent, que aprovechó para denunciar la Ley Mordaza y para pedir a los juristas que "asuman la gravedad del momento que estamos viviendo" y "sigan defendiendo con firmeza, rigor y determinación los derechos y libertades".
Presente en el acto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró a la salida que le había dicho al presidente del Parlament que “hacer un discurso político en un acto profesional me parecía fuera de lugar".
Esta mañana, Torrent, atacado por varios flancos, se ha reafirmado en sus palabras a través de un post en redes sociales en el que ha afirmado: “Presido un Parlamento que vive una situación anómala: con diputados en prisión y en el exilio, que viven privados de sus derechos políticos y, en consecuencia, los de centenares de miles de personas que les han votado. Es mi obligación velar por sus derechos y denunciar su vulneración”. Torrent también ha afirmado que nunca dejará de denunciar la situación de los diputados presos y exiliados “hasta que estén en casa”.
Consideracions al voltant del desenvolupament de la sessió solemne del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb motiu de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 24 de febrero de 2018
En aquest enllaç podeu llegir el text sencer⬇️https://t.co/fWRfKnaoXe pic.twitter.com/4fINTvwuA5
En su declaración de urgencia este mediodía, el CGPJ ha afirmado que “el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia” y que “al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia”.
Sin embargo, no toda la profesión se siente ofendida por las palabras de Torrent. Varios abogados acudían también al acto con lazos amarillos en sus solapas como símbolo para reclamar la liberación de los políticos y representantes de la sociedad civil presos por defender el derecho a decidir de Catalunya.
Además, hay que recordar que ya a finales de octubre, cuando Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, se hallaban ya en prisión provisional, más de mil juristas firmaron un manifiesto del Col·lectiu Praga y la asociación Drets en el que se los calificaba como “presos políticos” y en el que se exigía su liberación.
En este manifiesto se declaraba que el encarcelamiento de ambos líderes "no responde a criterios legales, sino a un uso ideológico del Derecho que supone la quiebra del principio de separación de poderes, el uso partidista de la Fiscalía y la vulneración de derechos fundamentales".
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