Ley de Memoria Histórica
¿Se pondrá fin a la infamia?

Desde la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista y su llegada a la Moncloa, tras el triunfo de la moción de censura a Rajoy, el PSOE decidió colocar el tema de la memoria histórica en su agenda política y mediática. No es, pues, de extrañar que desde entonces se hayan despertado grandes esperanzas en todos los sectores de la sociedad española que, a pesar de haberse aprobado en 2007 la Ley de Memoria Histórica, aún siguen esperando que se haga justicia a las víctimas de la represión franquista.

Esta actualización política y mediática de la memoria histórica comenzó de manera espectacular el 4 de diciembre de 2017, cuando Sánchez anunció en el cementerio de Paterna, frente al paredón en el que fueron fusilados 2.238 antifascistas, su firme voluntad de reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007 para, como dijo, “mejorar una norma de extraordinario valor para el conjunto del socialismo y  la izquierda de nuestro país, en el décimo aniversario de su aprobación” y “garantizar su cumplimiento efectivo, frente a la actitud de quien la paraliza conscientemente”.

Desde entonces, y aún más desde el nombramiento de Sánchez como presidente de Gobierno, la memoria histórica y la reforma de la Ley de 2007 han estado permanentemente presentes en la agenda política y mediática del PSOE y del gobierno socialista. Muy probablemente por razones electorales, pero también porque, como lo ha precisado el catedrático de historia y secretario ejecutivo de Memoria Histórica del PSOE, Fernando Martínez López —recientemente nombrado Director General de Memoria Histórica en el Gobierno de Sánchez—, "a lo largo de los diez años de funcionamiento de la ley, se ha puesto de relieve un conjunto de insuficiencias que impedían alcanzar los objetivos que se planteaba la propia norma".

Sea pues por conciencia o por estrategia política, el hecho es que los socialistas parecen estar dispuestos a superar estas "insuficiencias", estas "lagunas" o "flecos", como dicen otros, y que Sánchez no ha dejado de hablar del tema desde que advirtiera, en el cementerio de Paterna, que "nada se puede construir desde el olvido", que éste "representa el triunfo de la injusticia" y que por ello debemos recordar a los “miles de hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, que pagaron con su vida la defensa de la libertad y de la República” y seguir firmes en la defensa de la Ley de Memoria Histórica que “ha sido ignorada por el PP de forma consciente desde que llegó al Gobierno”. También lo es que el PSOE presentó una proposición no de ley para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007 en diciembre de 2017.

Una proposición que fue vetada el 1 de marzo de 2018 por el gobierno del PP y que ahora ha sido recuperada por Sánchez y el gobierno socialista para justificar y legitimar las medidas memorialistas que, según han anunciado a bombo y platillo, se proponen comenzar a poner en marcha: sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, declarar la nulidad de las sentencias de los tribunales de excepción franquistas, impulsar desde lo público las exhumaciones, ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo, crear una "comisión de la verdad", establecer un procedimiento por el que quienes vieron sus bienes incautados durante el franquismo podrán solicitar una compensación pecuniaria, retirar la simbología de exaltación de la guerra y el franquismo con sanciones para quien lo incumpla, reforzar el acceso archivos, reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo, etc.

Más allá de los anuncios mediáticos

Ahora bien, más allá de estos anuncios mediáticos y de estas buenas intenciones, el hecho es que en la nueva propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, anunciada a la prensa por el PSOE, no se habla de poner fin a la infamia que estableció la norma de 2007 al dividir y separar a las víctimas de la represión franquista en dos categorías: unas, las ejecutadas antes de 1968, y otras, las ejecutadas después de esa fecha. Las primeras con derecho a una indemnización (9.900 euros) trece veces menor a la de las segundas (135.000 euros).

Tan es así que IU y Podemos han presentado el 29 de junio último una proposición no de ley para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007 en la que, además de proponer más o menos todos los objetivos incluidos en la del PSOE, para “reconocer derechos” que no entraron en la actual ley memorialista “ampliando y profundizando su limitado alcance inicial”, agregan un artículo para definir la categoría de “víctima” del franquismo y especificar los derechos que le garantizará la ley. Entre ellos, el de “reparación de carácter económico” que el artículo 32 reconoce por “una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977”.

Así, pues, con la propuesta de “reforma integral” de la Ley de Memoria Histórica de 2007, presentada por IU y Podemos, se pondría fin a la infamia de dividir y discriminar a las víctimas de la represión franquista. Pero, claro, para ello es necesario que tal proposición sea aprobada por el Congreso de los Diputados o que el PSOE y el Gobierno de Sánchez integren, en su proposición de reforma de la norma de 2007, la definición de “víctima” del franquismo propuesta por IU y Podemos y el artículo 32 de dicha proposición, que establece una “reparación de carácter económico” única para todas las víctimas de la represión franquista que perdieron la vida desde el comienzo de la dictadura “hasta el 15 de octubre de 1977”.

¿Se pondrá fin a la infamia”?

Según informó la prensa, el pasado 9 de julio se reunieron grupos de trabajo de IU y del PSOE con el objetivo de “compartir posiciones para un nuevo proyecto legislativo sobre memoria histórica”, y, al parecer, constataron “la amplia sintonía entre ambos equipos a la hora de compartir objetivos comunes”, por lo que es de suponer se proseguirán estos encuentros hasta ultimar los contenidos definitivos del futuro proyecto común.

Es pues una evidencia objetiva que estos equipos tienen hoy en sus manos la posibilidad de poner fin a la infame discriminación establecida por la norma de 2007 entre las víctimas de la represión franquista. Es de esperar que sean conscientes de ello y de la urgencia de poner fin a esa infamia. Así como de la oportunidad histórica que hoy permite de hacerlo: tanto para que sus partidos no sigan siendo cómplices de la existencia y continuidad de tal infamia como para no frustrar las expectativas despertadas estos últimos tiempos por la presentación de tales proposiciones.

Este pasado 5 de agosto, la secretaria de la UE y presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, se vanagloriaba de que “en 60 días, el gobierno del cambio ha devuelto la esperanza y la dignidad a millones de hombres y mujeres de este país”. Sería pues desesperanzador e indigno desaprovechar esta oportunidad, quedarse en anuncios y promesas, seguir en las tergiversaciones y acabar, como en 2011, dejando el terreno abonado para que el PP vuelva a demostrar su cínica capacidad de “no tener voluntad política” memorialista. 

No lo olvidemos, aunque las condiciones parecen muy propicias para aprobar un nuevo proyecto legislativo sobre memoria histórica, no es ese el principal objetivo de todas las fuerzas políticas que integran esa mayoría parlamentaria que podría hacerlo posible; pues ni siquiera lo es para mantener al gobierno de Sánchez hasta el final de la legislatura. Por eso es legítimo preguntarse si se pondrá fin ahora a la infamia, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez lleve a término su decisión estrella: la exhumación de los restos del general Franco.