Después de un largo proceso de consultas y debates, gracias al impulso de un cambio de ciclo político en el Estado, el ejecutivo de Sánchez ha presentado un anteproyecto de nueva ley de cooperación internacional. Sin duda, es de agradecer el impulso que representa hablar nuevamente de una política pública que ha vivido una verdadera década perdida, cuando no un intento manifiesto de desarticulación, por lo menos a nivel de la Administración General del Estado.

Se ha abierto ahora un proceso de discusión alrededor del texto presentado. Eso también es de agradecer, superar las declaraciones generalistas, los lugares comunes y las buenas intenciones, y poder entra en el espíritu y la letra de una norma que debería poner al día la cooperación internacional cuando más la necesitamos. Los retos de un mundo totalmente globalizados se han convertido en realidades y amenazas perfectamente tangibles, instaladas en el rellano de nuestras casas.

Sin embargo y como dice un buen amigo, la propuesta es en el mejor de los casos, poco menos que vintage. No se aborda una mirada ecofeminista y el enfoque desarrollista supura por todos lados, incapaz de superar el viejo sueño del crecimiento indefinido, generador de bienestar y de oportunidades para todo el mundo. Eso sí matizada por el mantra de la sostenibilidad y el obligado respeto a los derechos humanos, faltaría más. Cuando las cadenas de suministro se desploman, se supera el peak oil y otros tantos, seguimos tocando en cubierta la vieja canción que anima a comunidades y pueblos de la Tierra a subirse al trasatlántico del progreso. La experiencia de las últimas décadas no ha podido con la inercia, y estamos en camino de dejar pasar otra oportunidad para consagrar esta política como una herramienta dedicada fundamentalmente a desplegar y defender, de manera decidida, los derechos humanos y a quienes se parten la cara por ellos. No se trata de respetarlos, como si fuera un peaje más, la cosa va de que sin ellos cualquier desarrollo es intrínsecamente injusto y seguirá generando opresiones. Y hay que emplearse a fondo.

Eso es algo desagradable y de difícil comprensión para una acción exterior estatal tradicionalmente basada en la geopolítica, los bloques y los arsenales. Seguimos viendo en la propuesta de ley ese enfoque en clave de Risk, incorporando ahora el Sahel y la construcción de la Europa fortaleza que subyace en la política securitista de gestión de la migración, en la que la cooperación hace las veces de edulcorante. Cuando suenan de nuevo los tambores de guerra en Europa, es lamentable que no se incorpore en la ley un enfoque potente de construcción de paz, la no violencia y la desarticulación de los discursos de odio, también en lo que se refiere al trabajo a la interna con nuestras sociedades, que debe contener sí o sí la cooperación. Quizás sea ese uno de los elementos más preocupantes del anteproyecto: el poco o nulo espacio dedicado a la educación para la ciudadanía, vital para trasladar a la población la interconexión de todos los fenómenos que experimenta y la necesidad de construir sociedades justas y democráticas en todas partes, comenzando por la nuestra.

El texto da una gran importancia a la cooperación financiera, la gran esperanza blanca para aumentar los flujos de la solidaridad y alcanzar el tótem del 0,7%. Es evidente la necesidad de canalizar recursos de este tipo de manera ágil, y facilitar el acceso de la financiación a la economía productiva, generadora de riqueza sostenible, empleo e inclusión. Preocupa, sin embargo, la obsesión del lobby de nuestros campeones del mercado internacional por acceder a grandes contratos, cooperación mediante, y cómo eso puede afectar a cuestiones tan sensibles como la generación de deuda o al propósito que debería ser central: animar el sector privado en los países empobrecidos, no el nuestro propio. Para eso hay otras políticas, nunca está de más recordarlo.

En el cóctel tampoco podía faltar la coherencia de políticas o la debida diligencia de esas empresas para con los derechos humanos. Pero de nuevo inquieta la falta de propuestas concretas para hacer reales esos condimentos, esperemos que otra ley en preparación, la de empresas y derechos humanos, se arremangue a base de bien. Una ley de cooperación no puede ser una tesis doctoral sobre esta, como dice otro gran experto del mundillo, pero todo lo que quede apuntado en este sentido favorecerá su correcta implementación en la reglamentación que desarrolle posteriormente la norma.

Negociar con quien se cree la cooperación

La gran oportunidad de esta ley puede ser ordenar la cooperación de todo el Estado, repartir cartas, abrir juego. Ese todo es muy grande y diverso: para empezar, y poniendo en primer lugar la Administración Central, crear una carrera profesional y una instituciones a la altura del desafío. No es solo levantar una AECID que amenaza ruina, ojo con los cascotes, sino también lograr una buena articulación con el resto de ministerios. O disponer de una Oficina de Derechos Humanos con capacidad real para gestionar el acoso y derribo del espacio cívico en medio mundo, en vez del buzón para mandar cartas a los Reyes Magos que tenemos ahora. Entre muchos ejemplos, claro está, a veces creo que no nos hacemos a la idea de cómo están las cosas ahí fuera (y aquí dentro).

El reconocimiento real del sector de ONG, a través de un marco de relación potente y sin medias tintas, como ya le recomendó la propia OCDE al Estado años atrás, es otra de esas oportunidades al alcance de la voluntad de los y las legisladoras. Las entidades que trabajamos para la justicia global no somos un actor más, y esto no es corporativismo. A nadie se le ocurriría no poner en el centro de la política laboral a empresas y sindicatos. Pues eso. Si no pasa ahora, no va a pasar nunca. Eso si no tiramos la toalla cualquier día, víctimas de una burocratización tan asfixiante como absurda, para nosotras y para las administraciones con las que trabajamos. Apúnteme, por favor, una reforma de la Ley de Subvenciones o dejemos correr todo esto.

Durante años, la cooperación desplegada por las administraciones subestatales (autonomías y mundo local) se ha ganado un sitio bajo el sol. Durante años, incluso, sustentando económicamente lo más potente y valioso de esa acción exterior rica y plural, marca de la casa, pese a la incomodidad manifiesta de la autoridad central. Ahórrense los aspavientos, ya nos conocemos todos. En esa nueva gobernanza de la cooperación que, en el fondo y de momento tanto se parece a la vieja, cabe dejar instalados los cimientos de la delegación de funciones y recursos, practicando una articulación real, no el manido tenemos-que-quedar.

Tras la publicación del anteproyecto, se ha instalado la idea de que esta es la mejor ley que podemos conseguir de parte de un gobierno que se equivoca sobre con quién tiene que negociarla. Efectivamente, esta es una política de Estado, con mayúsculas, y por eso debe consensuarla con quienes la han defendido y puesto en práctica, en los peores momentos, cada cual bajo su óptica. Esos actores hemos sido las ONG, los municipios, los fondos de cooperación, las agencias autonómicas y las diputaciones. No cabe diluir de antemano su ambición o errar en los objetivos que le dan sentido en este momento histórico, para obtener el placet de fuerzas políticas que la volverán a desmontar en cuanto tengan ocasión.

Haría bien Albares y su equipo en mirar a ese Estado diverso pero leal con esta política, y construir en ese espacio la cooperación que necesitamos.