Logroño
El Ayuntamiento de Logroño acusado de restringir el uso del espacio público.

Aumento de tasas, requisitos de última hora, retraso en las respuestas o recibirlas la noche previa al evento cuando ya se ha cancelado, obligatoriedad de tramitación electrónica, exceso de celo administrativo o su aplicación arbitraria aún sin tener una ordenanza municipal concreta a la que atenerse, son algunas de las quejas de un grupo de organizaciones respecto al trato con el Ayuntamiento de Logroño a la hora de solicitar lo que recuerdan es un derecho.

Veinte colectivos sociales de la ciudad se organizan para denunciar el aumento de las trabas para la concesión del uso del espacio público por parte del Ayuntamiento. Desde asociaciones vecinales, a grupos ecologistas, pasando por asociaciones culturales, agrupaciones políticas o colectivos pro derechos humanos. Son colectivos de diferente perfil pero todos tienen en común el carácter reivindicativo de sus acciones.
El próximo jueves entregarán en el registro general del ayuntamiento un informe completo de los agravios de los que opinan han sido objeto. El grupo municipal Cambia Logroño se basará en ese informe para elevar una moción a este respecto en el próximo pleno municipal.

Estos colectivos consideran que, más allá de problemas administrativos, hay una intención real por parte del gobierno municipal de reducir la visibilidad en la calle de sus problemáticas mediante burorrepresión en forma de impedimentos legales aplicados de forma discrecional. Tal y como señalan “el objetivo de todas estas piedras en el camino es que nos quedemos en casa”.

Todos estos colectivos destacan que estas trabas no se daban anteriormente sino que han comenzado desde finales del 2015, coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura, momento en que se trasladó la ventanilla de Dominio Público a la unidad de Urbanismo dirigida por Pilar San Pedro.

Seguros de responsabilidad civil, fianzas y planos a escala para organizar una chocolatada

Uno de los obstáculos más importantes es el requisito de contar con un seguro de responsabilidad civil, a parte de la posible fianza, que debe ser contratado con una empresa privada. Este seguro puede llegar a los 400 euros según la actividad. Esta tasa, que anteriormente no se pedía, es razón suficiente de renuncia para muchas de estas organizaciones que no cuentan con grandes ingresos.

Además, la pequeña venta de artículos para autofinanciarse queda totalmente prohibida, varios colectivos se han encontrado con que necesitan la aprobación de la Cámara de Comercio si el evento que se quiere llevar a cabo en el espacio público conlleva una actividad económica. Desde Red de Economías Alternativas y Solidarias (REAS) se muestran especialmente indignados

“¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no pueda dar permisos sobre el espacio público por encima de las asociaciones empresariales?”

Este requisito de última hora ha supuesto la suspensión de diferentes mercadillos de segunda mano, mercadillos solidarios y degustaciones tanto de REAS como de la Plataforma Bienvenida Refugiados La Rioja y Marea Blanca.
Estos retrasos pueden llegar al absurdo que sufrió la asociación Logroño Flamenco con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano el pasado 8 de Abril. Recibieron una carta certificada dando el permiso para la actividad dos semanas después de la celebración del acto. Las dificultades para esta concesión llegaron a tal punto que se les concedió un escenario portátil municipal con la condición de que lo tenían que montar ellos mismos y custodiar durante el fin de semana.

La Ordenanza Cívica es un ingrediente más de este cúmulo de quejas. Por ejemplo, la asociación vecinal de Madre de Dios reconoce que en base a esa ordenanza la Policía Local les identificó y requisó documentación “mientras realizabamos una encuesta a pie de calle sobre los problemas de limpieza en el barrio”. Al mismo tiempo descubrieron que no se les permitían solicitar espacio públicos fuera de los límites de su barrio. Todas esas declaraciones no sorprenden al resto de organizaciones que comparten repetidas historias del mismo calado.

Una regulación clara que facilite la participación ciudadana

Por esas razones ven necesario que la reglamentación sea clara y se ajuste a la realidad de la participación social en el espacio público sin ánimo de lucro. Piden una relación de igual a igual con la administración en la que las peticiones sólo sean necesarias si se requiere material o recurso adicional.

También solicitan la eliminación del seguro de responsabilidad civil para este tipo de actividades y que pase a asumirlo el mismo ayuntamiento. Tal y como declaran desde El Colletero “el espacio público es de los ciudadanos y el ayuntamiento debe facilitar su uso y asumir las necesidades que se desprendan de él.”

Para ello exigen que las solicitudes pasen a ser consideradas notificaciones que puedan realizar tanto entidades registradas con CIF como particulares con su propio DNI, tal y como se hace ya en la Delegación de Gobierno, sin la obligatoriedad del trámite mediante firma electrónica.

Falta de voluntad política

Desde la Oficina Técnica de Dominio Público, el técnico que trabaja en ella Ángel Delgado, reconocen que “respecto a las actividades de movimientos sociales en el espacio público tienen que lidiar con diferentes ordenanzas y reglamentos descoordinados y obsoletos”. Otras grandes ciudades como Valencia ya cuentan con una ordenanza específica para agilizar la participación social en el dominio público. También admiten que la falta de voluntad política es la causa de la falta de solución para la ralentización en el trámite de solicitudes.

Entretanto los colectivos sociales siguen sintiendo que el ayuntamiento les ve como un “problema incómodo” cuando ellos consideran que la normalidad de la reivindicación social en los espacios públicos es la mejor muestra de la salud de la ciudadanía.