Memoria histórica
La Casa Cornide sigue la estela de Meirás: los Franco tendrán que abrirla al público

Durante la mañana de este viernes, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado uno de los anuncios más esperados de los últimos días en materia de memoria histórica: la declaración como Bien de Interés Cultural de la Casa Cornide (A Coruña), propiedad de la familia del dictador Francisco Franco, después de que el Gobierno gallego aprobase el decreto que la antecede. A los Franco se les complica la estrategia de mantener la privacidad del patrimonio que acumularon durante la Dictadura y ahora ostentan. En este caso, la esposa del dictador, Carmen Polo.

El Ayuntamiento de A Coruña busca recuperar el histórico inmueble por vías judiciales. Por ahora han logrado seguir la senda del Pazo de Meirás y los descendientes de Franco estarán obligados a abrir la Casa Cornide al público al menos cuatro días al mes definidos con antelación y, al menos, durante cuatro horas al día. Además, en el DOG, se establece ordenar la inscripción en el registro de bienes de interés cultural y comunicarlo también a la administración estatal para su correspondiente anotación.

Durante los años sesenta, Carmen Polo se empecinó con hacerse con el edificio del siglo XVIII de estilo barroco que hoy preside la Cidade Vella de A Coruña, su barrio histórico. El lujoso inmueble fue propiedad de José Andrés Cornide, un eje fundamental para entender la ilustración de Galicia. Tras una operación sobre la que acechan numerosas irregularidades todavía sin resolver, los Franco consiguieron hacerse con la propiedad para compatibilizar sus estancias en Galicia con el Pazo de Meirás.

La declaración de la Casa Cornide como BIC coloca bajo la máxima protección a la histórica edificación, por lo que los titulares, los nietos de Franco, están obligados por ley a conservarla para evitar su deterioro. Además de abrir el paso a cualquier ciudadana, los herederos del dictador tendrán que facilitar las prospecciones de inspectoras, personal investigador y al personal técnico de la Administración que lo solicite en el marco de las condiciones legales establecidas.