Ocupación israelí
Grecia deportará a nueve activistas europeos presos en las protestas por Palestina en la universidad de Atenas

Un gallego, tres francesas, dos alemanas, dos italianas y una británica llevan desde el pasado 14 de mayo retenidos en contenedores supuestamente adaptados dentro del Centro de Detención de Amygdaleza, en un suburbio de Atenas. Todo tras ser detenidos en las protestas civiles de la semana pasada en la universidad de la capital griega en las que se manifestaban contra el genocidio que el Estado sionista de Israel está perpetrando en la Franja de Gaza desde el siete de octubre.

“Estamos viviendo en condiciones inhumanas, el Gobierno griego ha declinado estas responsabilidades en el ejército y la policía, y nos tratan como si fuéramos animales”, explica Ricardo Pérez, uno de los detenidos en conversación con El Salto. El gallego explica que incluso “están negándose a darle la medicación” a una de las compañeras que, junto a él, lleva retenida siete días.

El 15 de mayo, tras su arresto por las acciones de protesta en la Facultad de Derecho ateniense, los 28 detenidos fueron llevados ante el Tribunal Único de Atenas, que pospuso el caso para una fecha posterior y dejó en libertad a los detenidos y detenidas de origen griego. Según el relato de los abogados que a esta hora tratan todavía de liberar a sus clientes, los agentes de policía que los acompañaban “aislaron a los nueve acusados europeos en una habitación contigua”, alegando que tenían que hacer unas gestiones extra aparentemente para “comprobar sus pasaportes”, según le explicaron a los abogados fuentes gubernamentales.

Los y las detenidas denuncian “condiciones inhumanas” en el centro de detención en el que se encuentra además de no tener acceso a intérpretes que les informen de su situación

En la tarde de ese mismo día, la Subdirección de Extranjería informó a la defensa de los detenidos que estos fueron incluidos en la lista de extranjeros indeseables (ESANA) por considerar que eran “peligrosos para el orden público y la seguridad nacional”. A los propios europeos “peligrosos” no se les comunicó nada, ya que, según el relato del gallego detenido “no había ni siquiera un intérprete de inglés y mucho menos de francés, alemán, italiano o español”, como les confirmaron los funcionarios. Ellos y ellas denuncian que tampoco se les entregó documento alguno que acreditase su situación. “Lo único que se nos dijo y entendimos fue la palabra ‘deportación’ sin más explicaciones”, relata Ricardo Pérez.

El grupo de abogados de los encausados ha detallado a esta redacción la situación legal en la que se encuentran estas nueve personas desde el pasado sábado, cuando se les comunicó “de forma sesgada” que se habían emitido las órdenes de deportación desde el Departamento de Extranjería heleno. El procedimiento que siguieron los funcionarios, relatan los abogados, fue entregar a los detenidos “en griego y en un formato en el que se omitió parte del texto” las órdenes de deportación. Tras ello, los encausados solicitaron recibir los textos completos en un idioma que pudieran entender, pero los servicios de extranjería “no cuentan con los documentos pertinentes traducidos ni siquiera al inglés, y tampoco disponen de intérpretes, incluso para un puesto tan crucial”. Como consecuencia, las decisiones no han sido notificadas y ni siquiera comunicadas a sus abogados en griego, aunque ya las han solicitado.

El equipo jurídico de Ricardo Pérez desarrolla sus argumentos legales para tratar de desatascar la situación que padecen: “Las restricciones a la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 del Decreto 106/2007, por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública, sólo podrán imponerse sobre la base de el principio de proporcionalidad y debe basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado”. En ese sentido, argumentan que las condenas penales anteriores “no son en sí mismas motivo para tomar tales medidas y mucho menos en este caso” donde se trata de un proceso penal todavía sin condena y especialmente para delitos menores bajo la jurisdicción de un tribunal de primera instancia de un solo Estado miembro.

A ese respecto, sobre el razonamiento relativo al “comportamiento personal”, se debe fundamentar en elementos específicos del caso que se trate, que demuestren que dicho comportamiento constituye una amenaza suficientemente grave contra un interés fundamental de la sociedad. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este interés fundamental se ve amenazado, como ejemplo más habitual, en el caso de que un ciudadano de la Unión haya sido condenado como miembro de una organización de tráfico de drogas, relata el gabinete jurídico de las nueve personas detenidas.

Tanto la detención como la deportación de los detenidos les privaría del derecho de acceso, presencia física y defensa en el proceso penal que los juzgue

Mientras estos activistas se ven inmersos en este proceso judicial, algunos cargos públicos del Gobierno griego se han afanado en hacer declaraciones públicas y presuntas filtraciones de información a los medios de comunicación “presentando a estas personas como culpables ante la opinión pública y alimentando un cierto clima en su contra”, exponiéndolas como personas con “graves antecedentes penales”, algo que sus abogados niegan y estudiaran la manera legal de abordarlo.

Tanto la detención como la deportación de los detenidos les privará, de facto, del derecho de acceso, presencia física y defensa en el próximo proceso penal. Y a nivel personal y material, más de lo mismo: “Yo vivo aquí desde hace tres años y ahora mismo tengo toda mi vida en este lugar, si me deportan no podré volver al menos en cinco años”, remata el detenido gallego Ricardo Pérez tras reconocer que “la embajada española está muy pendiente y el cónsul está presionando” para tratar de liberarlo cuanto antes.