Opinión
3 de marzo, 526 años de persecución racista antigitana

El domingo 3 de marzo de 1499, con la luna en su fase de cuarto menguante, el Rey Don Fernando y la Reina Doña Isabel, católicos ambos, firmaron en la villa de Madrid la primera pragmática antigitana: “Mandamos que desde el día que os fuere notificada (…) [dispondréis de] hasta sesenta días [para que] vosotros y cada uno de vos viváis por oficios conocidos (…) o tomades vivienda de señores a quien sirváis (…) y no andéis más juntos vagando por estos nuestros reinos como ahora lo hacéis o dentro de otros sesenta días (…) salgáis de nuestros reinos y no volváis a ellos de manera alguna so pena que si en ellos fuéredes hallados, o tomados sin oficio, o sin señores, o juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno de vos cien azotes por la primera vez y le destierren perpetuamente de estos reinos y por la segunda vez que vos corten las orejas y estéis sesenta días en la cadena y tornéis a ser desterrados como dicho es y por la tercera vez que seáis cautivos de los que os tomaren por toda vuestra vida” (sic).

Esta es la madre de todas las leyes antigitanas que se han dado en España ¡Más de 230! Todas las leyes antigitanas posteriores se hicieron sobre la base de esta, ampliando las prohibiciones y reforzando los castigos en un in crescendo que tuvo su culminación en la Prisión General o Gran Redada de 1749, primer intento de genocidio de la historia moderna de la humanidad. Esta pragmática establecía que si en el plazo de 60 días las personas gitanas de entonces no se integraban (tomaban un oficio conocido, se asentaban y dejaban de ir de un sitio a otro en compañía de otras personas gitanas), serían expulsadas del Reino. Nuestras antepasadas y antepasados sufrieron la terrible persecución a que dio inicio esta pragmática y sus consecuencias siguen lastrando nuestro presente y obstaculizando nuestro futuro.

Un Año del Pueblo Gitano sin gitanas ni gitanos

Silvia Agüero Fernández

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Antigitanismo

Opinión Un Año del Pueblo Gitano sin gitanas ni gitanos

Silvia Agüero Fernández

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Antes de ninguna declaración, la Corona, el Estado y la Iglesia deberían pedir perdón por todo el daño que sus antecesores hicieron a mis antepasadas y antepasados.

Ni los Reyes Católicos ni toda su ralea, incluidos los Borbones que aún detentan la Corona, consiguieron su propósito. Por eso el poder (ejecutivo, legislativo y judicial) apoyado por los medios de comunicación, la Iglesia y las ONG siguen intentándolo ya que los objetivos de las políticas actuales siguen siendo los mismos: que nos integremos subordinadamente; que tomemos oficios conocidos dentro del sistema capitalista para su mayor beneficio; que no nos unamos para mantener y reforzar las naturales divisiones internas no vaya a ser que si descubrimos el potencial de nuestra unión vayamos a plantarles cara; en definitiva, que desaparezcamos como modelo de existencia alternativa.

El Gobierno ha declarado 2025 como Año del Pueblo Gitano pero no ha presentado ni una programación ni un presupuesto para tan magna celebración

El Gobierno ha declarado 2025 como Año del Pueblo Gitano pero no ha presentado ni una programación ni un presupuesto para tan magna celebración y ha tomado como efeméride para estos fastos la fecha, 12 de enero de 1425, en que fue emitido el salvoconducto de Johannes de Egipto Menor que, según la narrativa hegemónica impuesta, marcaría la llegada de las primeras familias gitanas al territorio peninsular. Con esta declaración, el Gobierno no sólo se está, una vez más burlando de la ciudadanía gitana, sino que está ofreciendo un marco de mera celebración sin un ápice de revisión crítica ni, por tanto, de fomento de la justicia restaurativa que nuestra memoria histórica también merece.

El Gobierno no va a conmemorar el 3 de marzo. Esta efeméride no le interesa ni al Gobierno ni a la comparsa de ONG que le apoyan en cualquier dislate que se les ocurra respecto del Pueblo Gitano. Claro, deben haber pensado que si la ciudadanía gitana española asumimos que quien nos ha racismeado (volcado su racismo encima de nuestros cuerpos) a través de las leyes y perseguido hasta el exterminio sea el Estado (incluida la Corona y la Iglesia Católica) y que sean sus herederos institucionales los responsables actuales de que el 98 % de la población gitana española esté en riesgo de pobreza  podemos poner en riesgo el mantenimiento del régimen racista actual en el que nos ha correspondido el lugar subalterno, el gueto marginal, el chivo expiatorio al que cargar la acusación colectiva del tráfico de drogas y el hazmerreír de la gente de bien. Como siempre, desde hace 526 años.

La declaración gubernamental tampoco ha previsto una petición de perdón. Recordemos que este Gobierno y estos reyes son los herederos de los perpetradores de la persecución antigitana.

Recordemos así mismo que la Constitución y la nueva planta del Estado que en ella se configura (reparto de poder entre las autonomías) no ha otorgado un lugar de justa igualdad para el Pueblo Gitano: todas, absolutamente todas, las decisiones políticas que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro están en manos de payas y payos.

¿Cómo se corrige esta injusticia?

Pero, ¿cómo se corrige esta injusticia? Posibilitando la emancipación del Pueblo Gitano a través de la puesta en marcha de dos procesos de diálogo, una petición de perdón y un cambio en la Constitución.

Primero, es necesaria una petición de perdón por parte de la Corona, del Gobierno y de la Iglesia por todo el dolor causado a nuestras antepasadas y antepasados. Que, para reparar las heridas persistentes, las tres instituciones, cada una de su propio presupuesto, creen un fondo económico gestionado por personas gitanas cuyo objetivo sea dotar de becas al alumnado gitano de manera que en un plazo menor de 10 años el nivel de éxito académico de este colectivo sea igual al del alumnado payo

También es necesario un proceso de diálogo institucional: el Gobierno tiene que convocar una Comisión de la Verdad tendente a la superación del conflicto entre el Estado y el Pueblo Gitano cuyo objetivo sea poner blanco sobre negro las responsabilidades que corresponden a cada institución estatal, autonómica o local para la reparación de la deuda histórica; que comprometa a las partes para crear un fondo económico para llevar a cabo la investigación y difusión de nuestra historia y cultura, incluyendo un plan de recuperación del romanó (idioma del Pueblo Gitano) y la creación de, al menos, un archivo, un museo, una biblioteca, una universidad y un teatro gitanos.

necesitamos un cambio en la Constitución que permita al Pueblo Gitano el reconocimiento de la condición de minoría étnica estatal sin territorio compacto y autogobernada

Se requeriría también de un proceso de diálogo con la ciudadanía gitana española consistente en abrir diversos espacios físicos y online para que la ciudadanía y las organizaciones gitanas puedan expresar cuáles son sus necesidades, cuáles sus prioridades y cómo desearían que se atajaran esos problemas. Este proceso debe financiarlo el Gobierno con la participación de las autonomías (quizás con cargo al 0,7 del IRPF) y debe ser diseñado y ejecutado por personas profesionales gitanas ajenas a las ONG que actualmente acaparan las subvenciones.

Y, por último, necesitamos un cambio en la Constitución que permita al Pueblo Gitano el reconocimiento de la condición de minoría étnica estatal sin territorio compacto y autogobernada.