País Vasco
Gobierno vasco propone despidos forzosos y una modificación sustancial de las condiciones laborales de Tubacex

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Elena Pérez, se ofreció en abril a mediar en el conflicto laboral de Tubacex. La empresa declinó la oferta, pero tras dos sentencias judiciales que tumbaron los 129 despidos que llevaron a la huelga a toda la plantilla —750 trabajadores—, la empresa reculó en septiembre y se sentó a la mesa de negociación. Desde la semana pasada llevan mantenidas cuatro reuniones en ocho días, y aunque todo parecía ir medianamente bien, la viceconsejera ha dado un paso hacia la empresa, rectificando la propuesta de conciliación que redactó ella misma tras escuchar a ambas partes. Ahora, Pérez asume las siguientes tesis de Tubacex: asumir despidos forzosos —seguramente siete— y realizar una modificación sustancial de las condiciones laborales.

Trabajadores de la empresa consultados se sienten molestos con esta nueva propuesta —el comité de empresa la ha rechazado—. En ella, Gobierno vasco asume que haya “salidas voluntarias”, a las que añade un extra de 3.000 euros al tratarse de “despidos improcedentes”. Calculan que afectaría a los siete trabajadores que en el inicio de las negociaciones de los despidos aceptaron salir de la empresa aconsejados por los servicios jurídicos. Legalmente, según las sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, todas las personas despedidas deben volver a sus puestos de trabajo. “No vamos a abandonar a esas siete personas. Hemos hecho esta huelga juntas, por lo que debemos entrar todas”, aseguran las trabajadoras consultadas.

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Gessamí Forner

País Vasco

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El primer accionista de Tubacex es José María Aristrain. La fiscalía le solicitó 64 años de prisión por un presunto fraude de 210 millones a Hacienda entre 2005 y 2009. El sexto accionista es Itzarri, el ente vasco participado públicamente que gestiona los complementos de las pensiones del funcionariado.

En cuanto a las condiciones laborales, el Gobierno vasco ha realizado las siguientes modificaciones de su propuesta inicial asumiendo tesis de la empresa: aumentar la jornada laboral anual en 40 horas, de 1.656 a 1.696 horas. Esto implica 29.600 horas trabajadas más al año o, lo que es lo mismo, 17,8 empleos más que la plantilla asumiría. No se aplicaría el convenio colectivo actual, el cual tenía un compromiso de aumentar la plantilla en 30 personas a jornada completa.

Las condiciones económicas quedarían modificadas sustancialmente a través de la congelación salarial entre 2022 y 2024 y una congelación retroactiva de 2021. Sindicalistas consultados calculan que el mordisco más grande hace referencia a 2021. La variación anual del IPC en agosto de 2021 en el País Vasco ha sido del 3,3% —se prevé que para fin de año sea del 3,9-4,3%—, por lo que la pérdida salarial podría alcanzar hasta el 12-15% en 2025 con la “reinterpretación” de la empresa que, según delegados de los trabajadores, ha asumido la viceconsejera.

Asimismo, quedan en el aire la mitad de las prejubilaciones de 1963, que solo podrían salir cuatro personas, mientras que la aportación del salario a la ESPV adscrita disminuiría del 4 al 1%. Las vacaciones de agosto se pagarían pero no se disfrutarían. La garantía de empleo y de inversiones se extendería hasta 2024.

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Toda la plantilla de Tubacex (unas 750 personas) llevan 146 días en huelga desde que se planteó el ERE para 129 compañeros.

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