Presupuestos Generales del Estado
Políticas públicas zombis

De cara a los presupuestos del gobierno central de 2021, las propuestas que Madrid ha hecho a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra son lamentables. Se dedicarán al AVE 294 de los 570 millones de euros (el 51,5%) en la CAV, y 62 de los 87 millones de euros (el 62,6%) en Navarra.

En cuanto a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, los planteamientos de Iñigo Urkullu y María Chivite son igual de deprimentes. De los 10.228 millones de inversión que van a solicitarse desde la CAV, el 46,6% se gastará en la suma del AVE (2.712 millones), Iberdrola (1.706 millones) y Petronor (330 millones). En Navarra, el grueso de los 850 millones que se piden corresponden a las partidas de la alta velocidad y para llevar agua al Valle del Ebro.

El Canal de Navarra es capítulo aparte: un despilfarro que apuntala la desertización demográfica del Pirineo, una estupidez ecológica conceptual (no sobra agua en las montañas ni falta en la Ribera: cada ecosistema ha de basarse en sus propios recursos hídricos). Es la apuesta por alfombrar el futuro a las multinacionales de los transgénicos, los agrotóxicos y la proletarización del sector primario. Es el penúltimo clavo en el ataúd de la agricultura tradicional, que sienta las bases de la rapiña futura a manos de General Mills o Bonduelle. Es la avanzadilla, en Europa, del nuevo cercamiento de los comunes que denuncia el feminismo, ya en curso en África, Asia y Sudamérica.

El neokeynesianismo sin descarbonizar que PNV y PSE lideran en Gasteiz, y PSN, Geroa Bai y Podemos en Navarra (con el apoyo de EH Bildu, vía aprobación de presupuestos) son políticas anticíclicas insostenibles y retóricas bienitencionadas, en un mundo de residencias para mayores privatizadas y de plantillas sanitarias precarias.

El neokeynesianismo sin descarbonizar que PNV y PSE lideran en Gasteiz, y PSN, Geroa Bai y Podemos en Navarra (con el apoyo de EH Bildu, vía aprobación de presupuestos) son políticas anticíclicas insostenibles y retóricas bienitencionadas, en un mundo de residencias para mayores privatizadas y de plantillas sanitarias precarias. Una izquierda institucional que se llena la boca con declaraciones inútiles y que, al mismo tiempo, y por poner un ejemplo, en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sigue pagando, a esa cueva de ladrones que es Canasa, el canon por un agua de Itoitz innecesaria.

Entre tanto, el reparto neoliberal de la riqueza se mantiene en tiempos de pandemia, empobreciendo a las dos terceras partes de la clase trabajadora que cobran menos de 1.350 euros al mes. Y la izquierda progre le pone música de fondo, haciendo el caldo gordo a un marco de excepción con restricciones generalizadas de derechos civiles y libertades políticas. Esa izquierda funcionaria, fordista, blanca, con papeles, envejecida y, en buena medida, vascoparlante, que no para de dar lecciones morales. Y que acusa de irresponsable e insolidaria a gente que vive con miedo al desahucio, que cobra 700 euros al mes, o que trabaja en la economía sumergida.

El futuro del cambio social está fuera de esa izquierda zombi y de las instituciones. Está en la movilización en la calle, con perspectiva de clase, autoorganización, transversalidad identitaria y desobediencia intergeneracional. Como la que practican los sindicatos de inquilinas.