Política
El Constitucional decide impedir el voto sobre su propia renovación antes de que llegue al Senado

España entra en tierra desconocida. El Tribunal Constitucional ha aprobado gracias al voto decisivo y doble de su presidente, Pedro González Trevijano, a favor de intervenir una ley antes de su promulgación. El jueves no se votará en el Senado la norma que, aprobada en el Congreso, debe servir para desbloquear la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional, que ejercen un mandato caducado desde mediados de este año. El ataque se sitúa en unas coordenadas claras: el artículo 66.3 de la Constitución Española dice: “Las Cortes Generales son inviolables”.

Poco antes de las 22:30 se confirmaban los presagios de los sectores progresistas. El bloqueo por parte del Partido Popular de la Justicia ha dado un salto de escala. La votación el pasado jueves en el Congreso de una reforma legal de calado, que fue aprobada por 186 votos con una mayoría amplia de la cámara baja queda suspendida en el trámite que este jueves debía pasar en el Senado. Después de esta reforma se debía renovar el Tribunal para que este se compusiese acorde al poder político, como establece el orden constitucional, subvertido después de cuatro años de negativa del CGPJ, y de la derecha política, para la renovación del Gobierno de los jueces.

En la jornada de hoy, el Constitucional ha dirimido de un plumazo el auto de recusación que pesaba sobre González Trevijano y otro de los magistrados, Antonio Narváez, que ejercen con mandato caducado y han votado sobre su propia continuidad en el cargo. La mayoría ha sido la misma: con seis votos a favor y cinco en contra, los dos magistrados han apostado por su continuidad. Según su nota de prensa “el Tribunal ha estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes en amparo y, en consecuencia, ha acordado suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, introducidos en la proposición de Ley orgánica que fue aprobada el jueves en el Congreso.

Lo demás estaba cantado. La mayoría conservadora ha decidido seguir adelante con una decisión de calado tomada a raíz de un recurso del PP: interviene con medidas cautelarísimas antes de la votación de una ley, en contra del principio que le lleva a actuar con las normas ya sancionadas. Lo hace inaudita parte, es decir, denegando la pretensión de un litigante sin sustanciarla con el adversario.

Casi una hora después de producido el golpe, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha celebrado la decisión: “Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón”.

Reacciones

La primera respuesta institucional ha venido de la presidencia de Congreso que ha emitido una declaración institucional tras la suspensión urgente de la tramitación de la ley. Meritxell Batet ha sido cauta y simplemente ha advertido del “peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático” en el que están inmersos los distintos poderes del Estado.

Batet ha declarado que el Congreso cumplirá la decisión del Constitucional y que la institución que preside debe “ser oída” y “presentar nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria así como las funciones de este poder, del poder legislativo”.

Ander Gil, presidente del Senado, ha declarado que este es un “triste momento de inflexión” en la historia. La inviolabilidad de las Cortes, ha dicho Gil, queda “seriamente comprometida”. La presidencia del Senado acatará la ley pese a la falta de precedentes de esta decisión. Gil ha calificado como un grave quebranto del sistema la suspensión y ha denunciado que esto conduce a una crisis sin precedentes del sistema democrático.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha realizado posteriormente una declaración institucional valorando la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.

Bolaños ha dicho no compartir el insólito procedimiento ni el fondo de la decisión pero ha confirmado que acatará la decisión. El ministro ha calificado como grave la decisión, tomada por una exigua minoría y en un tiempo récord, ha recordado que en 44 años nunca ha sucedido algo semejante; el TC ha paralizado su propia renovación, “algunos magistrados con su voto ha decidido su propio futuro”, ha criticado Bolaños. “Con sus recursos el PP quiere controlar el Parlamento cuando es minoría y cuando no lo es; hoy se ha abierto esa puerta, no sabemos adonde nos va a llevar”.

La primera ministra en manifestarse ha sido la de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha escrito en su Twitter: “El ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más”.

Unas horas antes de la oficialidad de la decisión, Podemos alertaba de que si “por primera vez en 40 años”, el TC “se atreve a llevar a cabo un pronunciamiento para intervenir el proceso de producción de leyes en el Poder Legislativo, estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias”.

En la misma línea se ha manifestado Íñigo Errejón, de Más País, que ha calificado de “atropello democrático” la decisión. “Esto es muy grave, un verdadero golpe blando judicial. Que el Constitucional impida debatir y votar una ley en el parlamento es la antítesis de la democracia. Algunos aplaudieron cuando lo hizo en Cataluña en 2017; ahora todos sufrimos las consecuencias”, ha denunciado el portavoz del BNG, Néstor Rego.

Distintos juristas han criticado también la medida: “Por primera vez en nuestra historia, los representantes democráticos ven suspendida parcialmente su actividad legislativa. Es un efecto más del bloqueo partidista de la cúpula judicial. La decisión del Tribunal Constitucional es un precedente peligroso para la democracia”, ha manifestado Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia.

El exletrado del Constitucional, Joaquín Urías, ha escrito en su cuenta de Twitter: “Esta noche el TC ha atentado contra el Estado de derecho. Ha adoptado una medida ilegal e ilegítima por puros intereses partidistas. Hay que responder con serenidad. Volver a presentar la enmienda como proposición de ley y demostrar que 6 jueces corruptos no frenarán la democracia”.