Procés
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La semana pasada cambió todo en la cosa 'Procés'. El cambio consistió en lo siguiente: por fin pasó algo. El Govern se tiró a la piscina y, de una forma –más o menos– consciente, cruzó la linea de la desobediencia y la exposición a penas económicas y de prisión. Lo hizo a partir de dos leyes. En una –Llei del Referèndum–, convocaba un referéndum. En otra –Llei de Transitorietat–, fijaba un marco legal en el caso de que el referéndum se celebre y gane el sí. Así dicho, la cosa suena nítida. Desobediencia, referéndum unilateral, República. No lo es tanto.

La desobediencia es tardía. Se produce cinco años después de anunciar que anunciarían que algún día anunciarían que anunciarían la desobediencia. Se diría que obedece más al agotamiento de un Procés que –es preciso decirlo–, no ha hecho nada efectivo en cinco años en la línea anunciada. En esta legislatura, por ejemplo, el Govern no ha cumplido su programa, consistente en llegar al Estado propio en 18 meses –es decir, en marzo pasado–, tras una declaración unilateral de indepe. Este aplazamiento de la desobediencia indica que la desobediencia no es nítida ni, posiblemente, firme. En julio de este año, verbigracia, los ideólogos de la cosa plantearon en una reunión rajarse. Hay rumores de que pueden hacerlo antes del 1-O.

En esta legislatura el Govern no ha cumplido su programa, consistente en llegar al Estado propio en 18 meses, es decir en marzo pasado

El referéndum no está claro. No está claro que se realice. Por raje interior y, sobre todo, por la presión del Gobierno Central, el gran modulador del Procés en Catalunya. El Gobierno central se ha negado, desde 2012, a hablar del peluquín. De haber hecho alguna concesión –el Govern, en un principio, tan solo quería algún tipo de detalle en el reconocimiento nacional de Cat, y una mejora en la financiación; con Mas, el Govern se hubieran contentado con algo que tuviera la apariencia de algo parecido a todo ello–, jamás se hubiera llegado a este extremo.

Desde fuentes gubernamentales cat se ha precisado, incluso, que el referéndum se aplazaría. Es decir, se lo comerían con patatas, en caso de alguna concesión, o en caso de una propuesta de referéndum pactado. Lo normal, por cierto, sería que, por parte del Gobierno central, se procediera a emitir algún tipo de propuesta.

Todo apunta a que no la va a haber. La derecha española, en fin, no sabe ganar. Solo sabe vencer. Y es lo que se ha propuesto. De hecho, la propuesta gubernamental, aparecida en el BOE, consiste en el requerimiento, por parte de Fiscalía, a más de mil cargos electos, técnicos y funcionariales. Lo que dibuja un censo de personas que se exponen en Cat a la multa gansa y a la prisión.

Ese censo se puede ampliar con los alcaldes y funcionarios municipales que participen abiertamente en la consulta. En la actualidad, más de 600 municipios cat han anunciado su compromiso en esa dirección. Falta saber si esta lista se ampliará o se reducirá, en cuanto en TC y Fiscalía requiera a esos municipios. Si el Gobierno central culmina sus amenazas, España podría ser el Estado de la UE con más presos políticos, y el Estado europeo más próximo a las propuestas de ocio y cultura turcas.

La represión estatal al 'Referèndum' parece ser lo más determinante no sólo para su fracaso, sino para su éxito. No está claro que se llegue a celebrar la votación, gracias a la represión. El objetivo gubernamental esp es, en ese sentido, que el 30S, todo el mundo se vaya a la cama sabiendo que al día siguiente será imposible votar, por ausencia de colegios, urnas, papeletas o, incluso, convocatoria. Pero esa represión puede ser el acicate del éxito de la convocatoria. Ya lo veremos. Penalizar un problema político –esa especialidad española, polaca, húngara y, lo dicho, turca–, puede llegar a suponer, en fin, no sólo el fracaso puntual de una iniciativa política, sino su éxito y prestigio tras esa paliza gubernamental inicial.

La represión, en fin, parece ser lo más distorsionador en esta convocatoria. Impide, incluso, ver las distorsiones de esta convocatoria. Que son muchas, inquietantes y que, en la sociedad cat, han pasado a un segundo plano. Como, por ejemplo, la propia Llei del Referèndum, que dibuja antes una consulta simbólica, reivindicativa, con pocas garantías democráticas, que un referéndum vinculante, que es lo que vende en Govern y sus medios públicos y concertados.

A modo de ejemplo, de todas las directrices de la Comisión de Venecia, sólo se cumple una: que no se fije un mínimo de quórum en la participación. El hecho de que se fije la ausencia de garantías como un hecho democrático y de Estado, es lo que ha impedido que la Llei sea votada por más grupos. Lo que dibuja un fracaso político en una Llei que pretende algo apoyado por el 80% de la sociedad, y que sólo ha sido apoyado en el parlamento por partidos que han sido votados por menos del 50%.

El sistema de la votación también ha sido curioso. Una mayoría parlamentaria ha omitido los procesos parlamentarios. Sí, se aduce que, si no, no hubiera habido manera de colar la cosa. Pero también es cierto que esa mayoría parlamentaria ha sido la que ha proseguido, en modo apisonadora parlamentaria, con la austeridad en esta legislatura –no, en ningún instante la Generalitat ha desobedecido a la austeridad desde 2012–, lo que permite ver que la sensibilidad democrática de esa mayoría tiene sus más y sus menos.

Por último, la Llei de Transitorietat –un objeto extraño, que no sirve para mucho; tal vez solo para, en una campaña electoral, defender que han proclamado una república, y tú no–, es sumamente inquietante. Ofrece un psicoanálisis de las fantasías de la mayoría procesista. Un Estado muy similar al Estado español del 78, con un gobierno fuerte, un parlamento débil, una confusa división de poderes, un Judicial con una excesiva participación del Ejecutivo, ausencia de reconocimiento de tribunales internacionales –poca coña; el reconocimiento al Tribunal de derechos humanos no es anecdótico– en el momento cero, y escasa formulación de derechos. Los derechos sociales, verbigracia, ocupan cuatro lineas, en las que no se habla, glups, de pensiones, esa cosa de la que a nadie habla.

“Sin un referéndum nítido, pactado por el Estado o amparado por instancias internacionales, el conflicto institucional puede durar años”

Así están la cosas. Un Gobierno que penaliza la política, y otro con una sensibilidad democrática y social similar. Y, entre medio, el derecho de autodeterminación, aplazado en el 78 y cuyo ejercicio es, sin duda, un hecho político rupturista en el Estado. Un gobierno que reprime, y otro que, en cinco años de épica, no ha planificado un referéndum que, por ello, y ante la represión, puede no celebrarse. La variable, lo que puede cambiarlo todo, es la desobediencia social. De no producirse, sólo se intensificará el conflicto entre dos Gobiernos. Y este escenario: la derecha española fortalecida por su defensa de la Unidad Nacional esa, y la derecha catalana fortalecida por la represión sufrida y su dibujo de otra unidad nacional mágica.

Sin un referéndum nítido, pactado por el Estado o amparado por instancias internacionales –la labor gore de Gobierno Central puede conducir a ello, por cierto–, el conflicto institucional puede durar años. Y, con ellos, la reformulación de la derecha española y catalana