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Ingreso Mínimo Vital en Extremadura: incertidumbre y más denegaciones que aprobaciones

El Gobierno presentó en el Senado, el 20 de noviembre, y en respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, los datos actualizados referentes al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las cifras aportadas, tanto a nivel estatal como autonómico, arrojan un balance necesariamente preocupante. En Extremadura, colectivos como Marea Básica como el Campamento Dignidad se han manifestado muy críticamente al respecto, señalando cómo “toda la parafernalia que desde el gobierno y los medios de comunicación habían desatado con el ingreso mínimo vital no era más que un torpe engaño a los sectores más deprimidos de las clases trabajadoras”.

Cinco consideraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital

Sarah Babiker

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Cinco consideraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital

Sarah Babiker

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La gente no tiene la culpa de ser pobre. Yo sé que lo sabéis, lo dijisteis muchas veces ante las cámaras y en el Parlamento, lo defendisteis ante los de “la paguita”. Disputabais el sentido común neoliberal en debates y notas de prensa. Pero se os coló en las prácticas. Os diseñó los formularios y los plagó de trampas.

La aprobación del IMV arrancó con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. Éste determinó en su disposición adicional tercera un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones de 500 millones de euros para el 2020. De acuerdo a las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno, su montante podría irse incrementando hasta alcanzar los 3.000 millones de euros. A juicio de diferentes asociaciones esta cantidad resultaría “a todas luces insuficiente para cumplir con la promesa de extraer de la pobreza a unas 850.000 familias, algo más de 2,3 millones de personas”.

Únicamente en Extremadura, en concreto, se contempla que en torno al 31,5% de la población (cerca de 300.000 de sus habitantes)  se encuentran en estado de pobreza, y de éstos una cifra algo superior a 100.000 lo estarían en pobreza severa. El propio importe del IMV (461,5 euros mensuales) ha sido criticado por no alcanzar la cuantía mínima fijada por la Carta Social Europea para superar el umbral de la pobreza en este tipo de prestaciones (que en España se correspondería con 739,00 euros). En este sentido, organizaciones como Save the Children han solicitado que “a la hora de definir quién puede percibir esta renta vital se tome para el cálculo el umbral de pobreza en lugar del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el indicador que se usa en la actualidad en España para asignar ayudas y subsidios), ya que de utilizar este último se dejaría a casi un millón de hogares en riesgo de pobreza sin percibir la ayuda, de los que entre 300.000 y 400.000 tienen niños y niñas a cargo”.

El propio importe del IMV (461,5 euros mensuales) ha sido criticado por no alcanzar la cuantía mínima fijada por la Carta Social Europea para superar el umbral de la pobreza en este tipo de prestaciones (que en España se correspondería con 739,00 euros)

Una media esperanzadora en un escenario de crisis y pobreza en crecimiento pero que, desde un principio, ha arrojado sombras acerca de su implementación y suficiencia. La realidad actual de los números que servirían para contrastarla es, como se señala, alarmante, además de que en su presentación oficial presenta no pocas lagunas e inconsistencias, teniendo en cuenta que apartados como los expedientes tramitados no presentan desglose por provincias. Idénticamente sucede con aquellos en fase de subsanación, en tanto que permanece ausente el dato básico de cuántos IMV han comenzado a ser abonados, tanto a nivel provincial como estatal. No es posible conocer, entonces, cuántos hogares cuentan ya con este tipo de ingreso. La opacidad es completa.

A pesar de los meses transcurridos desde la entrada en vigor de esta iniciativa, poco más del 13% de las solicitudes presentadas han sido aprobadas. Del total de 1.017.104 expedientes en curso a nivel estatal, constan como tramitados únicamente 488.735, aprobados 136.413 y denegados 192.113. Si, de acuerdo con la Administración, 41.545 peticiones están duplicadas, quedarían 486.824 de éstas sin haber pasado, todavía, su fase de estudio.

En ausencia de datos oficiales, solo queda especular acerca de cuántos de esos 5.017 aprobados en la región (un exiguo 18,5% del total tramitado) han podido ser efectivamente pagados

Las razones de esta aparente parálisis podrían estar en la lentitud en las tramitaciones, que según fuentes sindicales se encontraría probablemente condicionada por el hecho de que la plantilla del INSS haya perdido 2.100 trabajadores en los últimos diez años, desde la anterior crisis, y ahora solo la conformen 10.581 trabajadores (datos de 1 de julio). Otra posible explicación, teniendo en cuenta lo expresado por distintas organizaciones, residiría en la extrema complejidad del proceso de demanda.

Ingreso mínimo vital: entre el colapso de la administración y el colapso de las familias

Sarah Babiker

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Ingreso mínimo vital: entre el colapso de la administración y el colapso de las familias

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A casi seis meses de que se presentaran las primeras solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, el ritmo al que se están tramitando las ayudas sigue desesperando a las familias. Al menos ocho de cada diez no han visto aún resuelto su expediente, mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social continúa desbordado. 

La tramitación del Ingreso Mínimo Vital presenta su primer obstáculo con un formulario online confuso y largo, suficientemente complejo inclusive para personas con habilidades tecnológicas y que se puede convertir en insalvable para quienes dispongan de menos experiencia en la gestión electrónica de procesos con la Administración. La documentación solicitada, además, presenta una notable dificultad a la hora de ser obtenida, máxime en una situación de pandemia que ha comportado horarios imposibles para los usuarios de la Administración, el cierre efectivo de muchas de las instalaciones de ésta y, en consecuencia, la multiplicación de la dificultad inherente a la resolución de cualquier proceso burocrático. De fondo, evidentemente, la brecha digital como factor determinante de exclusión.

La tramitación del Ingreso Mínimo Vital presenta su primer obstáculo con un formulario online confuso y largo, suficientemente complejo inclusive para personas con habilidades tecnológicas y que se puede convertir en insalvable para quienes dispongan de menos experiencia en la gestión electrónica de procesos con la Administración

Según portavoces del Campamento Dignidad, “para solicitar esta renta mínima es necesario superar una enorme y confusa burocracia que en algunos casos requiere del solicitante el absurdo de que ciertos de sus documentos estén en color”. En este sentido, señalan también que “en estos días, hemos comenzado a movilizar a todos los solicitantes del IMV para que el gobierno cumpla lo prometido. Hay miles de ellos que no han recibido la aprobación, ni contestación a su solicitud y otras tantas han sido rechazadas o inadmitidas. Cada una de ellas es una razón para la movilización”.

Así, a fecha de hoy, existe un número desproporcionadamente alto de familias que aún ignoran si su solicitud sigue vigente, está rechazada o cómo deben dirigir sus tramitaciones en un sentido u otro, tanto para confirmar su situación como para corregir o modificar la documentación incompleta, insuficiente o equivocada. Lo cierto, en cualquier caso, es que los números son los que son y anuncian a las claras un problema de gestión en un momento de fragilización de millones de economías domésticas, que observan como transcurren los meses y el anunciado escudo social tarda en tomar cuerpo en el terreno de las realidades inmediatas.

Ingreso mínimo vital: del ruido burocrático al silencio administrativo

Sarah Babiker

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Ingreso mínimo vital: del ruido burocrático al silencio administrativo

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A tres meses de que se comenzaran a presentar las solicitudes, la lentitud de la tramitación y la incertidumbre ante el silencio de la administración, ha obligado al gobierno a anunciar algunas medidas. Las entidades insisten en la necesidad de simplificar los procesos y reclutar el personal necesario para procesar todas las solicitudes pendientes.

Volviendo a Extremadura, y haciendo un desglose rápido de las tablas presentadas por el Gobierno y que aquí presentamos, se sigue la tendencia general. De un total de 27.049 expedientes recibidos en nuestra región (de los que 25.998 han resultado válidos, 16.899 en Badajoz y 9.099 en Cáceres), se han aprobado solamente 5.017 (3.303 corresponden a Badajoz y 1.714 a Cáceres) y denegado 5.845. Se dan por resueltos 10.862, con un saldo total de más denegaciones que aprobaciones. Hay una completa ausencia de cifras de aquellos que se encontrarían tramitados, en subsanación o pendientes de análisis. En resumen: más denegaciones que concesiones de IMV y opacidad en la cuantificación de los procedimientos en curso. 

Si hubiera que atender al último dato conocido en la comunidad autónoma acerca de solicitudes aprobadas y ya comenzadas a abonar, de principios del pasado octubre, éste refleja la escandalosa cifra de un total de 414 personas. Necesariamente habrá de ser revisado al alza, pero lo cierto es que a estas alturas, en ausencia de datos oficiales, solo queda especular acerca de cuántos de esos 5.017 expedientes aprobados en la región (un exiguo 18,5% del total tramitado) han podido ser efectivamente pagados. Sin duda, unos números que preocupan a diversos agentes sociales, que ya han expresado su descontento y que anuncian la convocatoria de movilizaciones.