Renta básica
El colectivo Marea Básica llama a “celebrar” un año de IMV concentrándose ante el Ministerio de Escrivá

“Fraude político y atropello social”, así califica el colectivo Marea Básica al Ingreso Mínimo Vital que fuera aprobado hace justo un año en el Congreso. Lo hace en un informe presentado en ocasión del aniversario de una medida de la que examina las cifras y revisa el fondo.

La Marea Básica nació en 2015, y reivindica como sus orígenes las Marchas de la Dignidad y la lucha por la renta básica universal, concretada un año antes en la Iniciativa Legislativa Popular que involucró a una amplia alianza de colectivos con el objetivo de llevar la medida al Congreso. De hecho, a seis años de su creación, y ante la emergencia sanitaria, económica y social, reivindicó durante el confinamiento una renta básica de emergencia o cuarentena, llegando a plasmar un proyecto muy concreto de la mano de la Red Renta Básica. Lejos de estas aspiraciones, las políticas del gobierno para atajar la crisis sanitaria fueron por un camino bien distinto: el Ingreso Mínimo Vital, un compromiso del gobierno de coalición previo a la pandemia, cuya formulación y ejecución fue acelerada ante esta coyuntura.

Experimentados en el seguimiento de las rentas mínimas, su debilidad, sus fracasos o sus limitaciones, el colectivo pensaba que esta vez, el “gobierno más progresista de la historia” escucharía lo que tenían que decir a la hora de profundizar el diseño del IMV, una labor que en principio, implicó al Ministerio de Derechos Sociales del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al final fue esta segunda cartera, con José Luis Escrivá al frente, recién salido de liderar el Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tiene como objetivo “velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas”) el que dejó su clara impronta en la medida.

750.000 familias se han quedado fuera de una medida que no iba a dejar a nadie atrás. De hecho, el 1,3 millón de solicitudes, no representa a todas las personas que por renta tendría derecho a este ingreso, un millón ni siquiera ha realizado los trámites

Un año después, el colectivo, que ha hecho un seguimiento crítico del desempeño de esta propuesta, aborda cuáles son sus principales límites y avanza otras propuestas. Los límites son dolorosos: 7 de cada 10 solicitudes presentadas han sido denegadas. 750.000 familias se han quedado fuera de una medida que no iba a dejar a nadie atrás. De hecho, el 1,3 millón de solicitudes, no representa a todas las personas que por renta tendría derecho a este ingreso, un millón ni siquiera ha realizado los trámites, calcula Marea Básica. Un cifra más decepcionante si se tiene en cuenta que una cuarta parte de las solicitudes aprobadas lo fueron de oficio.

Solo un tercio de los 850.000 hogares a los que apuntaba el gobierno hace un año ha podido acceder a esta ayuda. Como ya han mostrado varios informes sobre el Estado de la Pobreza previos a la pandemia, tener hijos y especialmente ser familia monoparental, es un importante factor de pobreza: el 42% por ciento de los hogares que cobran el IMV cuenta con menores de edad, y las tasas de hogares monoparentales que lo cobra es particularmente significativa. Además, casi siete de cada 10 perceptores son mujeres, mostrando una clara feminización de la pobreza, como apuntan en el informe.

Junto al escaso alcance, el colectivo señala la insuficiencia de su cuantía, pues la media es de 448 al mes, mientras que en promedio, los hogares perceptores cuentan con 2,62 personas. Así el ingreso queda por debajo del umbral de pobreza severa en España. Estas escasas cuantías son fruto de una decisión política: tener en cuenta los ingresos preexistentes de la unidad familiar. Es decir previos a la solicitud de la ayuda (tomándose en principio como referencia el año anterior). “Esto conduce a ingresos inclasificables que pueden ser de 30, 50, 80 o 100 euros”, afirma Marea Básica. Esta última circunstancia es particularmente dolosa en el momento de aprobación del IMV. Miles de personas sin ingresos que habían visto sus economías arrasadas por el parón que supuso el confinamiento, descubrieron que los ingresos que se les tenían en cuenta para optar a una ayuda eran los del prepandémico 2019.

Desde la plataforma afean al ministerio no solo el austero presupuesto destinado a la medida, sino también que ni tan siquiera hayan alcanzado a ejecutar tan acotada partida, de los 3.000 euros anuales previstos, solo se desembolsaron 920 millones en los primeros meses de ejecución. Es más, denuncian cómo en vista de que las personas alcanzadas están muy por debajo de los beneficiarios que se había fijado como objetivo, y por supuesto el gasto es menor, el presupuesto para el 2021 se va a ver visto reducido a la mitad: 1.500 millones de los 2.956 que se habrían fijado inicialmente. Una cifra que coincidiría con lo que destinaban las Comunidades Autónomas a las rentas mínimas  de inserción: “al final si se impone ese criterio, lo que nos vendieron como “conquista histórica” se reducirá exclusivamente a un cambio del organismo pagador”.

Trampas burocráticas

Marea Básica señala el entramado burocrático al que se somete a los solicitantes de ayuda, que tienen que afrontar el trato con diversas administraciones, recabar una gran variedad de documentación, y sufrir largas esperas. Dificultades que, señalan, tienen por objetivo reducir el número de solicitantes. Critican también la ampliación y suspensión de facto del silencio administrativo que “blinda a la administración para la negligencia y acrecienta la incertidumbre de los solicitantes”. 

Atribuyen gran parte de la lentitud e inoperancia de los procesos a la falta de recursos humanos en los servicios públicos, recordando que de 2011 a la actualidad se han perdido 5.000 funcionarios en la Seguridad Social, quedando solo 25.000. Por último señalan un nuevo obstáculo que deben asumir los perceptores, hacer la declaración de la renta, cuando muchas de estas personas nunca la han hecho y pueden carecer de las competencias necesarias, lo que podría hacer peligrar algunos subsidios.

Os presentamos un documento de balance sobre el primer año de vida del #IMV que trata de ser una aproximación a las razones de su descalabro y un apunte sobre el futuro que viene además de un esbozo sobre los caminos necesarios para salir de la pobreza. https://t.co/PYzT9AZTtS pic.twitter.com/4EYP7yGmdw

— Mareabásica (@mareabasica) May 29, 2021

“Un porcentaje importante de las solicitudes denegadas se debe a cómo entiende e interpreta la Seguridad Social la unidad de convivencia”, recuerdan, aludiendo a un problema que las organizaciones sociales y personas solicitantes vienen señalando desde que arrancara la medida, y que el Ministerio ha intentado atajar habilitando a los servicios sociales para acreditar unidades de convivencia no convencionales.

El colectivo denuncia que pese al cambio, que ha sido acogido con recelo e incomodidad por el sector, las situaciones denunciadas siguen ocurriendo: se considera unidad familiar a familias distintas que viven bajo el mismo techo, se impide a madres solas o separadas acceder a la ayuda si se han visto obligadas a vivir con sus padres, se considera unidad de convivencia a compañeros de piso con economías separadas, y por último, la exigencia del empadronamiento deja a mucha gente fuera de la ayuda.

Desde Marea Básica también han podido observar cómo muchas veces en las comunicaciones de denegación se atribuye a los solicitantes situaciones económicas que no coinciden con la realidad. Denuncian que en ese caso resulta prácticamente imposible comunicarse con la administración para subsanar el error. En el ámbito de la comunicación, también destacan que no se aporta información sobre cómo se calcula la cantidad a percibir: “La falta de transparencia y justificación del resultado obtenido acompaña a la determinación de la aprobación o no del IMV. Todo tiende a ser una especie de misterio difícil de descifrar”, se indignan. Hasta la atribución por oficio del IMV, para las familias perceptoras de prestación por menores a cargo está generando problemas, dejando a la gente en situación de deuda con la Seguridad Social.

Estigmatización y control de las personas pobres

Pero las críticas de Marea Básica no se circunscriben a los límites económicos o las dificultades burocráticas, el colectivo denuncia las estrategias de inclusión como un dispositivo de presión y fiscalización a los beneficiarios del IMV, una mirada muy distinta a la aplicada a empresas y bancos a los que se ayuda con mucha más generosidad y mucha menos vigilancia, denuncian.

Si bien los itinerarios de inserción aún no están diseñados a falta de fijar el reglamento, el informe advierte de que ya en el decreto-ley se apuntan estrategias que existen en las rentas mínimas, conocidas como proyectos individuales de inserción, que obliga a los perceptores a hacer todo tipo de formaciones y responder a múltiples requerimientos. Consideran que muchas de estas actividades no tienen ningún valor siendo fundamentalmente una forma de control. Denuncian así mismo que la posibilidad de que el empresariado obtenga ventajas por contratar a perceptores del IMV supone dar acceso a “un mercado de trabajo precario y cautivo”.

Tal como está siendo gestionado, el IMV “atemoriza a muchos, doma y doblega a otros muchos, y sobre todo, siembra resignación, pesimismo antropológico, desconfianza en que algo significativo pueda cambiarse en este mundo injusto”

En su informe Marea Básica concluye que, sin embargo, el IMV, lejos de ser un fracaso, supone un dispositivo exitoso, no para las personas en situación de pobreza, pero sí para la patronal o la clase política, tal como está siendo gestionado “atemoriza a muchos, doma y doblega a otros muchos, y sobre todo, siembre resignación, pesimismo antropológico, desconfianza en que algo significativo pueda cambiarse en este mundo injusto”.

Desde Marea Básica critican la tibieza, desconocimiento y pasividad de gran parte de la izquierda respecto al drama de las rentas mínimas. Apuntan además la tesis de que lo que hay detrás del IMV es el objetivo de que todos los subsidios sociales y prestaciones no contributivas queden subsumidos en esta ayuda. “Todo el poder asistencial para el ingreso mínimo vital”, resumen. 

Frente a este escenario, la plataforma exige “la aplicación de la Carta Social Europea y la reivindicación de la Renta Básica Universal, la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos, la reorientación ecológica de la economía”. Para ello llaman a la organización y rebeldía desde abajo. De momento ya tiene una propuesta para esta misma noche: una “vigilia con Escrivá”: llaman a concentrarse desde las 20 del día 31 a las 12 del día de junio frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.