Represión
Organizaciones sociales denuncian la “desproporción represiva” en las protestas en Granada

La Plataforma antirrepresiva se ha presentado públicamente en Plaza Nueva, apoyada por 24 organizaciones sociales de la ciudad. Explican que su constitución surge de la necesidad de exigir la retirada de cargos de los cinco encausados por las protestas del 17 y el 20 de febrero en Granada y de denunciar  la desproporción en la represión por parte de las fuerzas de seguridad hacia estas movilizaciones, desproporción que según María Corral, portavoz de la Plataforma, “socava el derecho de protesta, sin el que no puede haber una democracia real, y criminaliza a la ciudadanía crítica y a los movimientos sociales”.

Esta situación, apuntan, constituye una infracción de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determina que los Estados deben evitar un efecto desaliento: es decir, las infracciones o delitos que no son lesivos para otras personas, cometidos durante el ejercicio de derechos fundamentales, deben ser castigados lo mínimo posible para evitar que estas personas dejen de ejercer sus derechos por miedo a la represión. “Es por esto que no podemos renunciar a nuestros derechos, a la libertad de expresión y las protestas en las calles aunque en el Estado Español parece regir el principio de tolerancia cero a la hora de evitar ese efecto desaliento”, declara María Corral.

Representantes de la plataforma antirrepresiva han puesto dos ejemplos de lo que consideran graves vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en el último mes: el caso de Linares, donde dos policías fuera de servicio propinaron una paliza a un padre y su hija, y el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Estos hechos, según la plataforma, han provocado una oleada de indignación y de protestas que han sido duramente represaliadas a través de abusos policiales, testimoniados por numerosas grabaciones, más de 150 personas detenidas en todo el Estado, y sentencias de prisión preventiva “completamente innecesarias”. La plataforma exige el archivo de las causas, insta a que la fiscalía inicie una investigación de los numerosos casos de brutalidad policial, y anuncia que seguirá trabajando para detener la criminalización de la protesta social, la escalada represiva; y por la derogación de la ley Mordaza.

Dos detenidos han pasado más de 15 días en prisión preventiva

En Granada, expone la plataforma, seis personas fueron detenidas durante las protestas del 17 y el 20 de febrero: una no llegó a pasar a disposición judicial, tres fueron puestas en libertad con cargos y dos fueron condenadas a prisión provisional sin fianza; el procedimiento judicial de estos casos se encuentra ahora mismo en la fase de instrucción, en la investigación de los hechos acaecidos con motivo de las manifestaciones.

La abogada de uno de los jóvenes condenados a prisión preventiva, María Gallego, ha dado detalles y explicación de sus casos, en los que se investigan posibles desórdenes públicos y atentado y daños a mobiliario público, y en los que a en ambos se decretó esta medida que califica de “totalmente injustificada y desproporcionada, habiéndose producido una lesión al derecho fundamental de la libertad respecto al derecho de la tutela judicial efectiva, ambos recogidos en la Constitución”.

La letrada ha declarado que la medida fue aplicada en primer lugar de una forma estereotipada porque no se analizaron las circunstancias concretas del caso, como es la inexistencia de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, en relación a una medida tan excepcional como es la de prisión provisional, a dos jóvenes sin antecedentes penales —medida que se aplica, según el ejemplo que ha dado María, en casos donde hay riesgo de reiteración delictiva como los de intento de homicidio en violencia de género—. Según ella, en el caso de Granada se argumentaron motivos genéricos para su aplicación que el propio Tribunal Constitucional no valora como justificativos, como es la “alarma social” o “la posible penalidad de los delitos investigados”. 

La prisión preventiva se ha adoptado con fines de castigo de una protesta social y no con los fines legalmente establecidos

En definitiva, la abogada insiste en que ninguna de las resoluciones que se han dictado justifican la medida en relación con los fines constitucionales que la legitiman, “es más, la improcedencia de la misma se ha demostrado poniendo en libertad a estas dos personas sin que se haya producido ningún cambio en las circunstancias, después de pasar en privación de libertad en la prisión de Albolote 15 días uno de los jóvenes y 19 días, el otro”.

Explica que en estos casos entiende que la prisión preventiva se ha adoptado con fines de castigo de una protesta social y no con los fines legalmente establecidos y que la prisión preventiva no puede ser un castigo ni una pena en sí misma, que las personas tienen que ser juzgadas y ya se les impone la pena en relación a los delitos que hayan o no cometido, pero no puede ser una ‘anticipación a la pena’. Las resoluciones han sido recurridas por los respectivos equipos jurídicos de los dos jóvenes en apelación sostenida en que se “ha producido una vulneración de derechos fundamentales que deberán ser declaradas por la Audiencia Provincial”.