Residencias de mayores
Un segundo proceso judicial amplía los altos cargos de Ayuso imputados por las muertes en residencias

Los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de ancianos en los primeros dos meses de la pandemia están viendo cómo la estrategia de acusar por discriminación en la asistencia sanitaria está teniendo resultados. Si hace justo una semana celebraban la imputación de Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador técnico y sucesor de Mur, en este segundo procedimiento judicial se unen el director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostolaza, responsable de los posibles traslados a centros sanitarios que se negaron y, por primera vez, se incluyen geriatras de enlace. 

En concreto, el proceso del Juzgado 6 de Leganés llama a declarar a la responsable geriatra del hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina, clave en otros procesos donde se ha desestimado la falta de atención sanitaria al entender que los geriatras hacían esa labor de asistencia, aunque muchos de ellos no se trasladaron nunca a los centros residenciales de la Comunidad de Madrid y tuvieron una posición determinante en aplicar los protocolos excluyentes. “Las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace”, destacan desde Marea de Residencias. 

Estos dos nuevos imputados, además de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, declararán en el juzgado madrileño el 17 de junio. Antes, el día 3, están llamados a declarar en Leganés Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia, quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias. El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes. 

Antonio Burgueño, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo fueron los tres primeros altos cargos llamados a declarar a un juzgado de la capital este lunes, pero sus defensas pidieron la suspensión de sus declaraciones por falta de documentación. Burgueño, a su llegada a los juzgados, fue el único en entrar por la puerta principal, donde los familiares de los fallecidos y la prensa esperaban. Se trataba de la primera ocasión en la que estas personas responsables del gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso eran llamados como investigados, cinco años después de los hechos denunciados. 

Desde las agrupaciones de familiares explican que este segundo proceso no forma parte de la denuncia de la fiscalía que se abrió la semana pasada en Madrid, sino que es la denuncia de dos familias por los mismos posibles delitos: denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

“Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia consideramos especialmente relevantes estas declaraciones”, explican ya que aseguran que, en el caso del ex consejero Reyero, “podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos”. además, creen que Abarca Cidón podrá “aportar datos clave” para demostrar que la Consejería de Sanidad solo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado y que Burgueño “elaboró un Plan de lucha contra la covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica”.

“Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia consideramos especialmente relevantes estas declaraciones” a quienes piden que digan todo lo que sepan

Ya que estos últimos se presentarán como testigos y no como imputados —y, por lo tanto, no tienen la obligación de decir la verdad—, los familiares piden a Reyero, Abarca y Cidón que colaboren con la Justicia, que aporten todos los datos y documentos de los que dispongan y ayuden así “a que se conozca la verdad y se haga justicia” con los fallecidos sin la asistencia médica adecuada.