Medio rural
Las leyes que ponen la zancadilla al rural

El pasado fin de semana se dieron cita en Soria la creme de la creme de los políticos en España. En un momento muy crispado de la actualidad legislativa sorprende ver que durante la IV Feria Nacional para la repoblación de la España rural (Presura) todos los allí presentes parecían tener un objetivo claro: detener la despoblación y aunar fuerzas en torno al impulso del medio rural. ¿Es posible que los diferentes partidos políticos se pongan de acuerdo en cuanto a un pacto de Estado rural cuando no pueden hacerlo en otros asuntos como la educación o la pandemia?

“Por fin es un tema de Estado”, comenta Marina Fernández, consultora en innovación empresarial que estuvo en calidad de experta en Presura. Fernández es una de las protagonistas del plato fuerte de la feria, más allá de ver a Sánchez, Casado, Belarra o Zapatero en un mismo espacio en estos momentos: la presentación del primer avance de conclusiones del G100 sobre el rural proofing. Traducido, se trata de las conclusiones que 50 expertas y 50 expertos han hecho de la legislación que se aplica en España que puede ser un lastre o una oportunidad para el rural. Una forma de ponerse las gafas no urbanitas de las leyes que se hacen desde los centros del poder y que nunca se había hecho hasta ahora de manera integral.

“Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos”, reclama el director de Presura.

Estas conclusiones se complementarán con los agentes sociales más amplios. Además, se presentará en la nueva edición de Presura en noviembre y se lanzará el reto al Gobierno. “Será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien tenga que poner en marcha estas recomendaciones para seguir los pasos que otros países en el norte de Europa ya llevan dados”, puntualiza Joaquín Alcalde, el director de la feria y del Hueco, un espacio de encuentro y coworking por el desarrollo rural en Soria. “Hay que legislar con las gafas de lo rural. Luego hay que legislar haciendo microcirugía, el café para todos no sirve. La realidad de las comarcas es muy diferente, un traje a la medida”, explica Alcalde en referencia al rural proofing o mecanismo rural de garantía, como se ha traducido. No es más ni menos que garantizar que las leyes se hagan para todos y todas, independientemente de donde se viva.

Escuela, vivienda, licitaciones, ejemplos de discriminación

“Uno de los ejemplos de legislación pensada solo para lo urbano y que más me impactó es la LOGSE”, comenta Fernández. La experta, que ha participado en la parte de empleabilidad y emprendimiento, destaca que mientras para una persona que vive en la ciudad no hay problema en que sus hijos de 12 años pasen del colegio al instituto, en el rural esto es un problema. O, mejor dicho, dos grandes problemas. “Por un lado, que los niños abandonen antes los colegios hace que en las escuelas rurales disminuya el número de alumnos y se puedan cerrar. Y por otro, está la preocupación de los padres. Mientras en la ciudad solo implica cambiar de edificio, en el rural significa que los niños y niñas que con 12 años son aún pequeños tengan que recorrer todos los días kilómetros para ir al instituto más cercano”.

“No puede ser que si una persona quiere poner un gallinero con 25 animales para vender a pequeña escala tenga que aplicarse la misma legislación que en una granja de 5.000 gallinas”, señala Joaquín Alcalde

“Con este trabajo que se hace te das cuenta de muchas cosas”, comenta Ana Gómez, otra de las coordinadoras del G100 y participante del Hueco también. “El sello ecológico, por ejemplo, no entiendo por qué tienen que pagarlo los productores sostenibles. Es mucho más fácil poner una industria contaminante que una sostenible y, encima, hay que pagar un sello”, comenta la socióloga, que explica que su labor en el rural llegó a girar el foco de su ONG de desarrollo para el Tercer Mundo a las zonas despobladas españolas.

“Con el crisis de 2008 decidimos que teníamos que poner en práctica aquí todo lo aprendido de emprendimiento social fuera”, explica, y avanza que se dieron cuenta que no estaban solos ni en la problemática ni en las ganas de solucionarlo. “Vimos que en áreas extensas de EE UU, Alemania o Finlandia, por poner solo algunos ejemplos, estaban con los mismos problemas”, cuenta. Problemas de despoblación, de falta de servicios, de malos transportes, mala conexión digital y falta de oportunidades.

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Más ejemplos en la legislación que lastran el desarrollo rural. “Por ejemplo, en la producción agrícola o ganadera. No puede ser que si una persona quiere poner un gallinero con 25 animales para vender a pequeña escala tenga que aplicarse la misma legislación que en una granja de 5.000 gallinas”, comenta Alcalde. Y es que el tema de la escala es algo que ya se ha intentado cambiar a nivel autonómico —por ejemplo, en Euskadi— pero no siempre es posible. El caso contrario sería la alfombra roja tendida a las macrogranjas, denunciadas por contaminantes y por ser incluso más dañinas para los animales. “Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos”, reclama el director de Presura.

La vivienda y las actividades mixtas, la clave

Otro de los ejes que recorre las conclusiones del G100 en rural proofing es el tema de la vivienda. “El rural ha perdido la hegemonía cultural en favor del urbano”, comenta Serafín Pazos, coordinador en el grupo de expertos y buen conocedor de la legislación europea. Él ha propuesto en redes sociales conocer en qué lugar se ha tomado una foto de viviendas sacadas de Google Maps. En ellas es difícil distinguir una calle de Barcelona o Alcorcón de otras de Talavera de la Reina, Pontenova o Haro. Eso es, en su opinión, porque la legislación de promoción de la construcción favorece los bloques y deja a un lado la arquitectura tradicional. “En la campiña francesa no ves bloques de pisos igual que en París, sería hasta ilegal. Y en España pasa”, indica.

Para él, otro de los males de la Administración española es la ‘hiperlegislación’. Pone el ejemplo de la regulación propuesta por la Unión Europa en materia de los restos de la ganadería. Mientras la ley es igual en Francia, donde la han amoldado pensando en cómo hacer para no dejarlos en el medio ambiente pero tampoco perjudicar a los animales carroñeros que vivían de ellos, en España han sido “más papistas que el papa” y han sido más restrictivos que lo que la propia Europa exigía. “Muchas veces pasa eso, haciendo la vida imposible a la persona que tiene que ponerla en práctica”, señala.

Respecto a las oportunidades de trabajo que se pueden generar en el rural, Marina Fernández tiene claro que deben ser mixtas y que hay que olvidarse de la contraposición trabajos de ciudad contra trabajos de campo. “Existen la tendencia desde hace un par de años de buscar una alternativa vital al medio urbano y, con la pandemia y el teletrabajo se ha acelerado. Nosotros creemos que hay que aprovechar esa ola, pero seguimos insistiendo que hay que seguir fomentando otras oportunidades”, comenta la experta.

Miguel Martínez: “El ejemplo de las Tierras Altas escocesas es muy inspirador porque está lleno de lógicas. No es un milagro, es entender por qué unas cosas de una determinada manera provocan un determinado efecto”

Tanto ella como Joaquín Alcalde coinciden en que esas nuevas formas de empleabilidad y riqueza no pueden limitarse a la ganadería o la agricultura, que además solo suponen un 5% del PIB. “Para ser sostenible, la economía rural debe ir hacia un mix de sectores”, indica el director de Presura. “Dentro del campo tecnológico —continúa Fernández—, estaría la oportunidad de usar terreno extenso e infrautilizado para hacer tipos de pruebas. Un ejemplo muy concreto sería los drones, si se quiere desarrollar hay que probar en el rural y no es posible en lo urbano”. Marina Fernández va más allá: “Hemos heredamos una cultura que viene del desarrollismo de los 60, cuando se crean grandes entornos urbanos y se emigra a la ciudad. Se construye un relato sobre el que se dice que el que se quedó en el campo era ‘tonto’. Eso perdura en nuestro legado e incluso se sigue hablando de que si quieres triunfar tienes que ir a la ciudad”.

El caso escocés, décadas luchando contra la despoblación

Precisamente el empezar a valorar lo que cada región, clima o comarca tiene es lo que ha salvado del despoblamiento a otros países. También el dotar de diversidad las actividades, introduciendo la cultura o la tecnología en el campo. “El ejemplo de las Tierras Altas escocesas es muy inspirador porque está lleno de lógicas. No es un milagro, es entender por qué unas cosas de una determinada manera provocan un determinado efecto. No sirve para todo los mecanismos, pero la lógica sí”. El experto Miguel Martínez Tomey explica de esta manera la posibilidad que supone para España y otros países entender cómo se logró revertir la despoblación en las Highlands. En 1965 el Gobierno puso en marcha un programa para revertir una tendencia que venía de 1747, cuando empezó el éxodo rural. Partían de una situación complicada —ya que las tierras estaban en manos de muy pocos propietarios— pero establecieron lo que llamaron ‘territorios funcionales’. Aldeas, pequeños pueblos y otros núcleos de población se unieron en algo como comarcas que juntas tenían todos los servicios necesarios. “La comarca se considera como una ciudad rural, de manera adaptada”, indica.

Un plan de movilidad adaptado al territorio como el transporte a demanda, un desarrollo holístico en el que se mira caso a caso y la implicación de las personas afectadas. “Cuando implicamos de verdad a toda la población, hombres y mujeres, la implicación es que se aprovechan todos los recursos, hay un plus de creatividad y se comprometen a atajar esos problemas identificados”, comenta a la vez que indica que muchas de las empresas de economía social que hoy triunfan en las Tierras Altas fueron en su inicio asociaciones y el 67% de estas está dirigido por mujeres.

Un ejemplo de por dónde deberían ir las cosas es la ley de Castilla-La Mancha de desarrollo urbano territorial y contra el despoblamiento. Se trata de una ley que intenta blindar los servicios públicos, ajustar la fiscalidad y que la norma sea en función del territorio

Además, la Administración contó con agencias repartidas por todo el territorio y lo que ellos llaman ‘catalizadores’. “Son personas en las que tienen confianza los demás. Si no existía ese detonante, no actuaban en las Highlands. Esos pueblos, al ver los cambios en los otros, eran ellos quienes lo pedían, sin provocarlo o forzarlo”, detalla. Estas agencias sobre el terreno, cuenta, también tenían un valor al adaptar cualquier indicación al terreno. Por ejemplo, las inversiones públicas. “Igual —ejemplifica Martínez— en la ciudad no tenía sentido, pero invertir dinero en poner una peluquería en una aldea de 200 habitantes es estratégico. No solo para generar empleo, mantener las escuelas, sino para que los ciudadanos se sientan mejor, valorados”.

De abajo arriba y con consensos sostenidos en el tiempo

Además del trabajo de análisis de la situación actual, el G100 ha puesto sobre la mesa recomendaciones concretas que ayudarían al mundo rural. “Una de las conclusiones de este rural proofing más importante es muy clara: hacer las política de abajo a arriba”, explica Ana Gómez. La socióloga y experta en desarrollo rural considera que hay herramientas suficientes para lograr la participación de la ciudadanía, pero otra cosa es que las personas sigan creyendo que al participarán se tendrá en cuenta su opinión.

Un ejemplo de por dónde deberían ir las cosas es la ley de Castilla-La Mancha de desarrollo urbano territorial y contra el despoblamiento. Se trata de una ley que intenta blindar los servicios públicos, ajustar la fiscalidad, que la norma sea en función del territorio y no la población o generar un pacto de las administraciones a todos los niveles. Una ley tachada de pionera, que además ha llevado un sistema de participación previo.

“Lo que hay que hacer es integrar todos estos análisis en un mecanismo de coordinación o una agencia, que implique a los diferentes ministerios, los consejos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, explica Pazos

“Lo que hay que hacer es integrar todos estos análisis en un mecanismo de coordinación o una agencia, que implique a los diferentes ministerios, los consejos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, explica Pazos, que además añade el elemento de la gestión profesionalizada y la unión de territorios en entidades como la FEMP.

Pazos, pensando en las Highlands también recuerda que la unión de los políticos de determinado territorio es crucial. También cuando la ideología es diferente. “En Escocia les llamaban ‘la mafia’ porque iban de camino al parlamento y, en el tren, llegaban a acuerdos. Luego, en sus asientos se peleaban, pero habían llegado a acuerdos para sus vecinos”, explica.

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El interior de Alicante es un reflejo de una realidad demográfica estatal que se lleva por delante alguna de las necesidades más básicas de la población, como el derecho a la salud. 

“Escocia lleva desde 1965 trabajando en esto y no han resuelto todos los problemas y otros nuevos”, advierte Martínez, que recuerda el efecto del ‘Brexit’ en los planes de repoblación con extranjeros. “Somos capaces de llegar a acuerdos —comenta el experto— y más cuando hablamos de la sociedad rural. Nadie se puede presentar ahora en el medio rural y decir que no merece invertir en esos lugares. Ahora debemos encontrar buenos anclajes, consensos de Estado”.