Medio rural
Neocolonialismo minero: ¿por qué las poblaciones locales no pueden decidir sobre los proyectos?

Después de décadas de resistencia y lucha por las poblaciones indígenas, las constituciones y legislaciones de casi todos los países del sur recogen que en cuestión de grandes proyectos mineros debe respetarse el principio de consulta y consentimiento a la población local, que debe ser libre, previo, informado y plenamente participativo. Este derecho de los pueblos se ha ido logrando tras cientos de años de colonialismo y explotación salvaje por parte de corporaciones multinacionales y gobiernos dictatoriales que, para extraer recursos minerales, han llegado incluso a forzar el desplazamiento contra la voluntad de miles de personas.

Este principio legal de respeto a la voluntad de las poblaciones locales, desgraciadamente, apenas se conoce en España, donde la legislación minera de la dictadura franquista sigue vigente y donde prácticas poco éticas e incluso prohibidas por el citado principio legal se emplean sin rubor por parte de algunas empresas, como la sociedad conseguidora Berkeley Minera España, habituada a corromper y dividir a las poblaciones locales en su desmedido afán de lucro, y quien desembarcó en la provincia de Salamanca en 2011 pretendiendo extraer y tratar uranio radiactivo, y con la chequera por delante comprando a diestro y siniestro a residentes locales, concejales y alcaldes, aunque se desconozca actividad previa productiva alguna por su parte.

El consejo de ministros de M. Rajoy, prohibió la celebración de una consulta popular, al entender que no les correspondía a las personas residentes de la zona ser preguntadas formalmente sobre la cuestión

Esta deficiencia legal es una de las razones de las dificultades que las poblaciones locales del oeste salmantino, y del resto del país, se encuentran para oponerse a los proyectos mineros, pues la decisión sobre la explotación de los recursos corresponde de forma exclusiva al Gobierno central y la valoración del impacto ambiental al Gobierno autonómico, quien en este caso consideró, intuyo que talonario mediante, que el impacto global de la minería radiactiva sería positivo, porque la densidad de la población en la zona era baja...

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Después de estafar por valor de 2.500 millones a la empresa pública francesa del uranio, los responsables del fraude se instalaron en Berkeley, responsable del Proyecto Salamanca. Tras su marcha, pervivió su estilo de hacer negocios.

La falta de respeto a este principio es también la razón por la que en el municipio afectado de Retortillo, el consejo de ministros de M. Rajoy, prohibió la celebración de una consulta popular, al entender que no les correspondía a las personas residentes de la zona ser preguntadas formalmente sobre la cuestión, aunque el resultado de las votaciones no tuviera ninguna consecuencia jurídica, según nuestra legislación.

Así, resulta que los municipios sólo tienen la competencia para otorgar licencias de obras, tras concederse por el gobierno regional la autorización de uso excepcional minero del suelo, con arreglo a sus competencias urbanísticas. Sin embargo, en realidad se trata de meros trámites administrativos reglados frente a los cuales los ayuntamientos ejercen meramente de tramitadores con escasa capacidad material de oposición, si las autorizaciones regionales y estatales se encuentran en regla.

Y también es esta la razón por la que la empresa promotora del proyecto minero de Salamanca recientemente haya “informado” a la Diputación provincial de la presunta falta de competencia legal de la misma para modificar las normas urbanísticas provinciales y establecer unas distancias mínimas a los núcleos urbanos desde las posibles explotaciones mineras, advirtiendo que “para la realización de cualquier explotación minera” sería entonces necesario “mover pueblos enteros (hecho que ya ocurre en países avanzados como, por ejemplo, Canadá)”, dejando a las claras su pretensión de anteponer los intereses mineros al bienestar de las poblaciones locales.

Los movimientos sociales y fuerzas políticas contrarias a la mina quizá deberían interesarse más intensamente por promover la reforma de la legislación básica en materia minera y ambiental

Cierto es que la minera Berkeley quizá podía haber citado también a la selva amazónica o la región centroafricana, donde miles de personas son desplazadas de forma salvaje e inhumana por mercenarios a sueldo de empresas y gobiernos para posibilitar la extracción de recursos minerales y sin ningún tipo de consideración.
Aunque tampoco sería ir necesario ir tan lejos, pues en España existen casos bien documentados. Hace ya casi 70 años, por ejemplo, la dictadura franquista pretendió la construcción del fallido embalse de Jánovas, en el Pirineo Aragonés, para lo cual obligó a los habitantes del pueblo a abandonarlo, llegando a utilizar dinamita para expulsar a las últimas familias que intentaron resistir heroicamente. El resultado es bien conocido, la muerte de un centenar de pueblos del valle del Ara y la Solana. Aquel embalse nunca llegó a construirse por la valentía de sus habitantes y la ayuda de la naturaleza (el Río Ara también hizo su trabajo).

Es por ello, que los movimientos sociales y fuerzas políticas contrarias a la mina quizá deberían interesarse más intensamente por promover, ante el nuevo Gobierno socialista que dícese demócrata y progresista, la reforma de la legislación básica en materia minera y ambiental, para adaptarla a la normativa internacional sobre consulta y consentimiento en relación a explotaciones mineras, pero también sobre otro tipo de empresas depredadoras de recursos, como las macrogranjas porcinas o lecheras, como la que se pretende instalar en la localidad soriana de Noviercas, concentrando 20.000 vacas. Y que también intentan implantar determinadas multinacionales extranjeras, buscando zonas despobladas, con altos niveles de desempleo y elevada corrupción política.

De este modo, los municipios y las poblaciones locales podrían no solamente ser escuchadas sobre proyectos de tal envergadura, si no también tener capacidad de co-decisión sobre los mismos. Sería un acto de Justicia, pero también de acatamiento insoslayable de la legalidad internacional y el citado principio internacional de consulta y consentimiento.