Salario mínimo
Subida del SMI: un acuerdo suficiente si estuviéramos en 2015, dicen algunos sindicatos

La subida de 50 euros mensuales en 14 pagas para el Salario Mínimo Interprofesional ha sido saludada con críticas por parte de diferentes sindicatos. Tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT, los sindicatos vascos ELA y LAB, la central gallega CIG y la CGT han lanzado comunicados en los que coinciden en sus críticas, por forma y contenido, al acuerdo.

El núcleo común de las críticas es que los 950 euros brutos mensuales de salario mínimo no alcanzan el objetivo del 60% del salario medio que recoge la Carta Social Europea. Ese objetivo, que según cómo se efectúe el cálculo situaría el SMI entre los 1.100 y los 1.200 euros mensuales, sí está en el acuerdo de investidura que ha llevado al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, si bien está planteado para ser implementado de manera gradual hasta el final de la legislatura, en 2023.

Con la subida acordada el miércoles entre Gobierno y agentes sociales, el SMI español habrá pasado en tan solo dos años a recoger una subida del 22,5%, desde los 735,9 de 2018 hasta los 950 actuales. Sin embargo, el hecho de que el acuerdo de 2019 entre PSOE y UP, "impuesto" fuera del diálogo social, recogiera una subida del 18%, y que el acuerdo dentro del diálogo social recoja una subida del 5%, 13 puntos menor, ha hecho desconfiar a estos sindicatos sobre el carácter de este nuevo diálogo social escenificado por el Gobierno con el pacto por el SMI. 

El núcleo común de las críticas es que los 950 euros de SMI no alcanzan el objetivo del 60% del salario medio que recoge la Carta Social Europea, que se situaría en unos 1.100 euros

“Se debe recordar que los 950 que han acordado son el 60% del salario medio existente en el año 2015, por lo que seguimos acumulando más años de retraso en igualdad salarial con la media que exige la Carta Social Europea”, señala el comunicado de CIG, que además ve en el acuerdo una señal preocupante con respecto a la derogación de la reforma laboral de 2012: “Da la medida de la escasa voluntad que existe de abordar la derogación íntegra e inmediata de la reforma laboral”. El propio acuerdo de investidura señala como objetivo de la legislatura una derogación parcial de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), tiene previsto dar más detalles en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministras del próximo martes. 

En el caso de las centrales vascas, la crítica se enmarca en los preparativos para la huelga general que han convocado, junto con diferentes asociaciones y movimientos sociales vascos, para el próximo 30 de enero. En ella exigen, junto con la tradicional demanda de un marco vasco de relaciones laborales —con su traslación en quién debe llevar la batuta de la interlocución social, dado que ELA y LAB reivindican su condición de sindicatos mayoritarios en en el País Vasco—, el establecimiento del SMI en territorio vasco en 1.200 euros mensuales, de acuerdo con su cálculo del 60% del salario medio en País Vasco y Navarra. 

Mikel Noval, responsable de política social de ELA, señaló que el acuerdo alcanzado por el Gobierno español, la patronal y CCOO y UGT sobre el Salario Mínimo Interprofesional “establece una subida muy escasa, quedando lejos de las expectativas generadas tras el incremento que tuvo en 2019 y de las promesas de llegar a 1.000 euros en 2020”. 

Desde ELA señalan que el acuerdo alcanzado “establece una subida muy escasa, quedando lejos de las expectativas y de las promesas de llegar a 1.000 euros en 2020”

Tanto ELA como LAB han destacado la que quizá sea la principal inconsistencia del acuerdo: que establece una subida 50 euros menor no ya a la que esperaba lograr Unidas Podemos —tal y como han destacado varios medios—, sino menor en esa misma cuantía al Salario Mínimo de Convenio (SMC) pactado por los denominados agentes sociales en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) todavía en vigor. El pacto, firmado en julio de 2018, preveía que los convenios tuvieran un salario mínimo para este año de 1.000 euros en 14 pagas. Según una proyección de CC OO, 2.227.000 se iban a beneficiar de ese mínimo de 1.000 euros pactado en los convenios. 

Como sugiere la CIG, para ELA el acuerdo puede ser un precedente de lo que está por venir. “La recuperación del diálogo social es una muy mala noticia para la clase trabajadora. Ese diálogo en el Estado español es un instrumento que se viene utilizando para recortar los derechos laborales y sociales (como en los acuerdos para recortar las pensiones) o, como en este caso, para frenar los necesarios avances laborales y sociales”, señala Noval.

De manera sintomática, sin participación de los llamados agentes sociales el acuerdo de 2018 entre PSOE y UP trajo una mayor subida porcentual del SMI que en ese caso superaba en incluso 50 euros a los 850 euros que habían pactado CC OO y UGT con las patronales para 2019. Sin entrar en esa comparación, LAB hace notar que en este caso todas las partes se han plegado a un “veto” de CEOE y CEPYME a una mayor subida, y todo ello “en una reunión de apenas una hora”.

En parecidos términos se ha expresado CGT. Para la central anarcosindicalista, “el SMI sigue siendo insuficiente y el Gobierno de Sánchez e Iglesias no se está cumpliendo con la Carta Social Europea”. CGT señala a las “políticas antisociales” de los diferentes Gobiernos, a “sindicatos del régimen” y a la patronal como “responsables directos de la pérdida de más de 64.000 millones de euros en rentas del trabajo”, y sitúa en los 1.113 euros mensuales la cantidad de SMI que cumpliría con los objetivos de la Carta Social Europea.

Por último, tanto CIG como ELA han criticado con dureza el hecho de que el acuerdo no mencione el IPREM, el indicador creado en 2004 para desvincular los subsidios por desempleo y otras rentas asistenciales y ayudas sociales de las subidas del SMI. Ambas centrales coinciden en que dicho índice debería ser suprimido y que dichas ayudas sociales deberían volver a quedar vinculadas al SMI.

Para Paulo Carril, secretario general de la CIG, “el IPREM fue creado en su momento con la única finalidad de mermar las prestaciones públicas y por lo tanto, dentro de la lógica de avanzar en bajos salarios y prestaciones. En este acuerdo, mantener el IPREM hace más injusto este leve aumento del SMI”, lamenta.

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